El armatoste indigenista enraizado en Brasil está en franca movilización internacional para apoyar la escalada de maniobras que promueve en el país.
Durante la Revisión Periódica Universal (RPU), conferencia realizada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH), en Ginebra, Suiza, el día 5 de este mes, los representantes de 29 países presionaron al gobierno brasileño y le expresaron su “preocupación” por la política nacional para los pueblos indígenas. De las quejas se desprende que las acciones del gobierno brasileño estarían “dificultando” el mejoramiento de la vida de los indígenas, y el resultado es, violencia contra los indios, morosidad en la garantía constitucional a la tierra (léase, no demarcación de nuevas reservas indígenas), y otras acusaciones. De la misma forma, se le reclamó a Brasil lo que fue calificado como el “desmoronamiento” de la Fundación Nacional del Indio (Funai).
Uno de los ataques más violentos provino del representante de Alemania en el Consejo, el cual afirmó que es deber del Estado brasileño “garantizar la consulta adecuada y la plena participación de los pueblos indígenas en todas las medidas legislativas y administrativas que los afecten, (…) Es necesario proteger sus derechos a la tierra, especialmente a través del fortalecimiento de los programas de protección, financiamiento y capacidad adecuados a la Funai” (IHU Unisinos, 10/05/2017).
En el mismo tono, el representante de Austria reclamó a Brasil la creación de un mecanismo vinculado al Consejo Nacional de Justicia, que acelere las demarcaciones de nuevas tierras indígenas (TI): “Establecer un mecanismo que permita decisiones judiciales rápidas y correctas bajo estricta observancia del derecho constitucional e internacional respecto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas.”
Otro ataque salió del portavoz de la delegación canadiense, que acusó a Brasil de operar el “desmantelamiento” de las organizaciones gubernamentales encargadas de la política indigenista: “Se deben garantizar los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, asegurando que la Fundación Nacional del Indio tenga los recursos necesarios para realizar su trabajo, en especial en lo que se refiere a la demarcación de tierras indígenas”,
Por su parte, el representante de los Países Bajos se dijo “preocupado” con las ineficientes medidas de consulta pública a los pueblos indígenas respecto a los proyectos de infraestructura: “Los proyectos de desarrollo violan los derechos de la poblaciones tradicionales, de los pueblos indígenas y de los trabajadores y causan daños al ambiente.”

Português
Msia Informa
