México: el imperativo de la soberanía en la elección presidencial

La más reciente agresión judicial norteamericana contra el Ejército mexicano, recurriendo a dispositivos extra jurisdiccionales para reprimir a eminentes oficiales, es el corolario natural de los acuerdos que en enero de 1994 se pusieron a andar con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pactado entre los presidentes Carlos Salinas de Gortari y George Bush padre. Con tal objetivo en la mira, se pasó por encima de la oposición que presentaron una gama de diversas fuerzas patrióticas en México. En la ocasión, cegados por los reflectores de un escenario político de utilería, pocos en México concibieron el tamaño de la capitulación y algunos hasta llegaron a creer de veras que el pacto significaría el ingreso del país al primer mundo; para ellos resultaba difícil entender que la nueva era geopolítica sería un Nuevo Orden unimundista neocolonial.

Después de 18 años de tales acuerdos, no sólo no alcanzamos el paraíso prometido, sino que los propios Estados Unidos de Norteamérica entraron en un franco proceso de acelerada decadencia económica y moral. En este periodo nuestra nación retrocedió y pese a ello, se aferró a permanecer ceñida a ellos a costa de naufragar. Los Estados Unidos, a partir de haber emprendido la Guerra del Golfo Pérsico en 1991, iniciaron una nueva ronda de dominación en el Medio Oriente que, pese a su debilitamiento, prosigue hasta nuestros días por medio de la invasión a Afganistán; pero ahora, la oligarquía angloamericana se repliega y retrocede relativamente con una tendencia a concentrarse hacia el Hemisferio Occidental, al que proyecta dominar políticamente con el propósito explícito de tomar el control de sus recursos naturales, especialmente los energéticos, a manera de conservar su tambaleante hegemonía.

El ataque contra las fuerzas armadas mexicanas tiende a desmoralizarlas y neutralizarlas con el objetivo de eliminar la resistencia creciente a las continuas y abusivas incursiones de las agencias de inteligencia y seguridad de los Estados Unidos, que lesionan la seguridad nacional, al punto de poner en entredicho la soberanía del país, para después tolerar que se califique a México de ser un “Estado fallido”. Como se vio en el caso de las ilegales operaciones Rápido y Furioso y Receptor Abierto, esas agencias extranjeras se han convertido en coadyuvantes del fomento a la inseguridad y a la violencia que azota el territorio nacional.

Lo que vivimos es nada menos que la ejecución de cláusulas tácitas o secretas embutidas en los lujosos ropajes del Acuerdo del Libre Comercio y formalizadas después en 2005 en el Acuerdo Para la Seguridad y Prosperidad en América del Norte primero y, luego, en la llamada Iniciativa Mérida. Su cruel cara surge más claramente en la medida en que el modelo fracasa. La brutalidad judicial aplicada en la detención arbitraria del general Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario de la Defensa Nacional, y de otros altos oficiales de las Fuerzas Armadas, comprueba que los acuerdos de libre comercio han sido escasamente la cáscara del huevo de la serpiente que viene subvirtiendo los fundamentos de la nación. La justicia, tan exaltada, duramente conquistada y plasmada en la Constitución mexicana, se ha estado sustituyendo por una doctrina exógena que admite secuestrar y someter a juicio con cargos inventados a todo personaje que represente, así sea potencialmente, un cuestionamiento de fondo a los intereses del TLCAN. Ésta fue de hecho la doctrina que se aplicó también en el fraude electoral de la elección presidencial de 2006, bajo la falsedad de que el resultado sin fraude amenazaría con ser el detonador de una crisis sistémica que, en realidad, ya estaba en marcha por las prácticas especulativas y usureras y que se expresó finalmente con la quiebra espectacular del banco Lehman Brothers en 2008.

Esta doctrina que lleva el nombre de “Doctrina Thornburgh” en honor del siniestro ex Procurador General de la Estados Unidos, es notable por la jurisprudencia que implantó en abierta violación del derecho internacional constituido para justificar las acciones del gobierno de George Bush padre que llevaron a invadir a Panamá y secuestrar al general Manuel Antonio Noriega en 1989, así como la Guerra contra Iraq en 1991. Esta doctrina también puso de manifiesto el designio de establecer una dictadura policiaca en el interior de los Estados Unidos que, 10 años después, se vio endurecida por la infame “ley patriota” establecida después de los atentados del 11 de septiembre de 2011.

Hoy, el actual Procurador General de los EU, Eric Holder, con la connivencia de la Procuraduría General de la República de México extiende hacia dentro de nuestra patria el alcance de la tal doctrina Thornburgh, al mantener las acciones de la DEA, la CIA o el FBI, en abierta asociación con redes del crimen organizado, sin ocuparse de respetar la soberanía nacional y el derecho internacional. Ésta es la consecuencia más evidente de la “guerra” al narcotráfico del presidente Felipe Calderón.

Esta doctrina jurídica, ya condenada por Platón en el personaje de Trasímaco en su célebre diálogo La República, expresa la decadencia de las elites angloamericanas. Para ellos el poder en sí mismo es la fuente de la justicia; para nosotros, una afrenta que clama a los cielos. En su brutalidad, fundada en su inevitable decadencia, están dispuestos a mostrar sus garras ensangrentadas para eliminar la resistencia a su perpetuación neocolonial. Como expresó recientemente el papa Benedicto XVI, “Donde el hombre se convierte en único amo del mundo y propietario de sí mismo, no puede existir la justicia. Allí sólo puede dominar el arbitrio del poder.”

Corresponde a los patriotas mexicanos aprovechar las elecciones del 1º de julio próximo para empezar a retomar nuestro destino de grandeza que “por el dedo de Dios se escribió”.

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