Crisis bancaria: preparación de una guerra entre contribuyentes y ahorristas

La decisión del gobierno de Chipre, empujado por una troika demasiado intrusiva, de imponer impuestos a todas las cuentas por encima de 100 mil euros en los bancos chipriotas amenazados de quiebra, es una prueba premeditada y un antecedente peligroso para toda la Unión Europea (UE).

El portavoz de Michel Barnier, el comisario europeo para el Mercado Interno, advirtió que no se podría excluir la posibilidad de que, en el futuro, los depósitos encima de aquel valor pudieran utilizarse en las operaciones de salvamento de los bancos en crisis en otros países.

Inclusive el mismo Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), de Washington, una institución privada bien conocida, afirmó que la “solución” de Chipre se podría convertir en un modelo para toda Europa. Vale la pena recordar, a propósito, que, desde diciembre de 2012, circula un documento conjunto de la Federal Deposit Insurance Corportation (FDIC) estadounidense y del Banco de Inglaterra, Resolving Globally Active Sistemicaly Important Financial Institutions (SIFI), que trata de emergencias referentes a la quiebra futura de instituciones financieras de importancia sistémica. El documento afirma que ya no se puede utilizar más el dinero público para rescatar a los bancos en crisis, como se ha hecho desde la quiebra del Lehman Brothers. El lema es: ¡del rescate externo (bail-out, en inglés) al rescate interno (bail-in)! Con este último, los daños los tendrán que pagar los accionistas y los “acreedores no asegurados.”

Parece muy racional: ¿Por qué tienen que pagar los contribuyentes los errores y los juegos de los banqueros con los derivados especulativos? Pero el diablo siempre mete la cola. ¿Quiénes son esos misteriosos “acreedores no asegurados?” Es claro que no son los accionistas ni los portadores de obligaciones u otros títulos de deuda asegurados. En lugar de ellos, lo que se salva es la reputación de la administración pública, de los bancos centrales, del BCE (Banco central europeo) y de los organismos internacionales, el FMI (Fondo Monetario Internacional). Luego de la crisis de 2008, para evitar el pánico y las corridas bancarias, los gobiernos europeos decidieron proteger los depósitos por hasta un máximo de 100 mil euros -lo que significa que, por lo menos en tesis, cualquier cifra encima de ese número podría formar parte de los “acreedores no asegurados” y, por consiguiente, confiscada para combatir las pérdidas o convertirse forzosamente en capital de riesgo (acciones) de los bancos. Esto, a todas luces, afectará directamente a los inversionistas, en lugar de los contribuyentes.

En Estados Unidos, la decisión de convocar a la FDIC en lugar de la Reserva Federal, es algo todavía más perverso. Dicha agencia fue creada por el presidente Franklin Roosevelt, durante la gran crisis bancaria de los años treinta, para garantizar los depósitos de los ahorristas y de las familias.

A su vez, es importante observar que la City de Londres contempla la aplicación de las directivas para evitar la inestabilidad financiera en el caso de crisis bancarias (Recovery and Resolution Directive), para proporcionar a las finanzas más poderes de intervención. Esto significa que el citado documento angloamericano está dictando el nuevo curso de toda Europa.

En la definición de estrategias de “de medidas correctivas” para emergencias financieras graves no se toma en cuenta el hecho más obvio: ¿Qué hacer si los mecanismos del sistema mismo son la causa de los fracasos? Por otro lado, el documento apunta a la posibilidad de separación de las actividades de depósitos y de inversiones de los bancos, como una medida de reorganización y estabilización -lo que sería el curso deseable. Entonces ¿por qué no regresar lisa y llanamente a la separación de los bancos comerciales de los de inversión, como determinaba la ley Glass-Steagall de 1933? Este sería el camino para asegurar una protección real a los inversionistas y, al mismo tiempo, poner fuera del juego la especulación.

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