Invasión judicial de los EU en México.

En una acción fulminante, el pasado 15 de mayo, fue detenido y presentado ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO),  el respetado general de División Diplomado de Estado Mayor en retiro, Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario de la Defensa Nacional de 2006 al 2008.  Como parte de una secuela de arbitrariedades, él sufre un arraigo judicial de 40 días prorrogables, mismos que podrán servir para fincar responsabilidades que no eran demostrables en el momento de su detención. De acuerdo con su abogado defensor el general fue incomunicado durante las cruciales primeras 72 horas y hasta el momento se le negó el derecho de nombrar a su defensor.  Ante la puesta en duda sobre la legalidad y legitimidad de la detención, la Procuraduría General de la República  (PGR) se ha limitado a decir que existen hasta doce testimonios que lo señalan como vinculado a los carteles de la droga.

La barbarie judicial que envuelve el caso se ubica en el marco del progresivo sometimiento de la seguridad de México al paraguas estratégico del Comando Norte (NORCOM). En realidad  a consecuencia de la pérdida de la soberanía que ocurrió al anexar al país al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ocurrieron cambios jurídicos que de plano convirtieron  a la PGR en un enclave del abominable NORCOM que tiene la capacidad de imponer acciones extra jurisdiccionales.

En medio de  la crisis estratégica y financiera internacional, el poder anglo-americano está sin embargo posicionado para ejercer su tambaleante hegemonía, manteniendo el control centralizado del Hemisferio Occidental y, evidentemente, el control efectivo de sus recursos naturales, en particular las fuentes de energía, lo que le permitiría un avance en la guerra de recursos que se libra.  La detención  del General Ángeles Dauahare indica sin duda el inicio de la segunda fase del Nuevo Orden Mundial inaugurado por George Bush Sr y Margaret Thatcher con la invasión a Panamá y la detención del Gral. Manuel Antonio Noriega en 1989. Entonces, como ahora, pese a su deliberado debilitamiento, las Fuerzas Armadas  -baluartes del nacionalismo-  continúan siendo un obstáculo para la realización de tales planes oligárquicos.

Lejos de lo que algunos piensan en el sentido de que esta detención junto con la de otros tres oficiales del ejército, pone en entredicho la defensa que ha hecho Felipe Calderón de su estrategia y su “legado” en materia de seguridad, la realidad es justo lo contrario. Esta perversa maniobra  apoya la estrategia conjunta que favorece el intervencionismo norteamericano y de ocupación del territorio nacional que encontraría un ejército dividido  y sin oficiales de las Fuerzas Armadas de México que les ofrezcan resistencia.  

La orden es descabezar

Ángeles Dauahare no sólo pertenece a una familia de destacados generales mexicanos, sino que en su amplia hoja de servicio se distinguió por ser un defensor de la soberanía nacional cuando ésta se puso en entredicho  en momentos cruciales. Por ejemplo, cabe destacar su crucial participación en detener exitosamente, siendo agregado militar en los Estados Unidos (1993-1994),  el intento de parte del Gobierno de George Bush Sr., de imponer una fuerza supranacional para  intervenir en países de  Iberoamérica supuestamente en “defensa” de la democracia. No es difícil suponer que por ésta y otras actitudes semejantes, el “establishment” y sus sectores de la inteligencia quisieran saldar cuentas con el general.  Oficiales como él son los que  llevaron a afirmar al ex embajador de EUA en México, Carlos Pascual, que “el ejército era lento y reacio a actuar”, desde luego, bajo la órdenes de un poder extranjero.

La confabulación  se da además en medio de un proceso electoral de mucha envergadura para el futuro de México en el que dicho General, podría tener un papel relevante en recuperar la dignidad de las Fuerzas Armadas mexicanas con cualquiera de los dos candidatos que se oponen al partido en el Gobierno.

En una situación donde imperan grandes dudas en la opinión pública sobre la transparencia de la guerra contra el narcotráfico, afectando lo que será la sucesión presidencial, se rumoreaba insistentemente que el gobierno planeaba un golpe espectacular que ayudara a recuperar la credibilidad de la eficiencia de su estrategia en el combate a los carteles de la droga, implementada en conjunto con el Comando Norte de los Estados Unidos y basada en el uso  y abuso de la fuerza.

También es ampliamente conocido  que el general  Ángeles es un opositor a la estrategia del gobierno y en particular del Secretario de Seguridad Pública, Ing. Genaro García Luna.  Su detención ahonda la división existente en las fuerzas Armadas de México no sólo en torno a la forma en que se ha implementado el combate contra el crimen organizado, sino sobre todo a la supeditación y servilismo hacia los servicios de inteligencia del vecino del Norte. Por lo pronto, en abono de esa estrategia capitulacionista se ha obligado el respaldo de la cúpula de las fuerzas armadas a la detención del general y otros oficiales, incluida la decisión de permitir por primera vez que sean juzgados por autoridades civiles y no por la justicia militar.

En el marco de la campaña electoral e invitado a participar el pasado 9 de mayo en el foro “Seguridad y Justicia”, organizado por la Fundación Luis Donaldo Colosio perteneciente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el general Tomás Ángeles Dauahare, habló breve y serenamente para desnudar la estrategia  fundada en el uso y abuso de la fuerza.

Dauahare sostuvo: “Estamos combatiendo al enemigo (crimen organizado) en su fuerza y al enemigo no se le combate en su fuerza, se le combate en su centro de gravedad, un ejemplo es la Guerra de Vietnam, Estados Unidos perdió la Guerra en las calles de sus ciudades, no en los arrozales de Vietnam, allá estaba la fuerza…. nosotros lo que estamos haciendo en México es combatir al enemigo en su fuerza, nos estamos desgastando…”, manifestó.

Enfatizó que “el primer gran paso es establecer objetivos de seguridad para tener rumbo, a continuación, ahora sí, establecer las estrategias, las políticas y las líneas de acción seguras que nos llevarán a la consecución de esos objetivos, no estar dando brochazos por diferentes circunstancias a través de líneas de acción que nos llevan a veces a la nada”. Concluyó proponiendo que quien debe salvaguardar la seguridad es una Guardia Nacional o Policía Nacional, con una doctrina policiaca que le de unidad de criterio a todos las Policías del país, en técnicas tácticas-operativas: “Involucrar a toda la sociedad en la solución de este problema, hacer un uso coherente y racional de los medios de comunicación masivos estableciendo una política de comunicación institucional, controlar a las agencias de seguridad privadas, con estructura orgánica y funcional, controlar a las armas, que hay muchas en el país”.

Sicarios de la DEA

Hasta el momento no existen evidencias claras, por lo menos públicas, de cargos que justifiquen el encarcelamiento del general Ángeles. Es una trama de la DEA. Ésta colaboró en las investigaciones de inteligencia para detener en su casa al ex subsecretario de la Defensa Nacional, dejando en claro el interés particular en este caso como parte de la aviesa y creciente injerencia que los Estados Unidos tienen en asuntos de seguridad nacional del país con el beneplácito del gobierno de Felipe Calderón.

De acuerdo con fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR)  desde algunos años atrás, quien fuera el segundo hombre de mayor importancia en la Secretaria de la Defensa Nacional  “ha sido investigado” por la DEA por “presuntos nexos” con el cartel que comandan los hermanos Beltrán Leyva. Los escuálidos datos  de que disponen se limitan a la declaración de un par de “testigos protegidos” por la PGR y la DEA, uno de los cuales dice “saber de oídas” sobre supuestos vínculos con esa organización delictiva.

Los testigos protegidos  de este tipo se han convertido en un arma letal al servicio de una política bien definida. El conocido periodista Francisco Garfías en su columna del periódico Excelsior del 17 de mayo,  afirmó que: “Las fuentes aseguran que el asunto viene del procurador de EU, Eric Holder, el mismo de Rápido y Furioso.”

Como se recordará la escandalosa operación Rápido y Furioso ejecutada por la DEA con la anuencia de Holder, efectuada en territorio mexicano tuvo como resultado el apertrecho de armas de alto poder a las mafias de drogas. Tal maniobra tiene su DNA en las acciones clandestinas e ilegales de intercambio de drogas por armas llevadas a cabo por los servicios de inteligencia norteamericanos en América Central, en la década de los 1980s, conocida como  el “Irán contras”. Convirtiéndose más tarde en rutinera, esta mal disfrazada protección, contribuyó, en parte, al  florecimiento de los carteles de la droga.

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