En Brasil nueva ofensiva por derechos humanos y aborto

En Brasil, no es la primera vez que se ejercen los mecanismos intervencionistas que la ONU practica; lo que sí parece novedad es que la presión se ejerza simultáneamente en dos campos, aparentemente contradictorios: derechos humanos, entendidos de una manera ad hoc, y la legalización del aborto.

En una conferencia de prensa con periodistas de todo el mundo el 16 de marzo, el portavoz de la ONU para derechos humanos, Rupert Colville, insistió en tratar el intento del Ministerio Público de abrir un juicio contra el coronel (retirado) Sebastião Curió Rodrigues, por el crimen de tortura.”Vemos ese caso como el primero y crucial caso contra la impunidad que impregna el período del gobierno militar en Brasil”, afirmó.

En las últimas semanas, hubo un conato de crisis militar, después que las ministras de las secretarias de Derechos Humanos, María del Rosario, y de las Políticas para la Mujer, Eleonora Menicucci, manifestaron públicamente que favorecían la apertura de juicios contra los militares que participaron de la represión a la insurgencia armada contra el gobierno militar, en las décadas de los 1970s.

Las declaraciones de las ministras, no fueron refutadas, o aclaradas por el Palacio Presidencial, por lo cual se convirtieron en la luz verde para que el cabildo internacional que supuestamente defiende los derechos humanos, comenzara a presentar casos ejemplares, empezando por el juicio contra Curió. Aunque la tentativa de juicio fue rechazada por la Justicia Federal, en base a la Ley de Amnistía de 1979, la ofensiva continuará. En realidad, las baterías de los “derechos humanos” están dirigidas a forzar que la Comisión de la Verdad creada por el Gobierno Federal, adquiera un carácter revanchista para castigar a las Fuerzas Armadas, y no para dilucidar en torno de un momento de la historia de Brasil.

Las evidencias de la manipulación externa se muestran en las acciones de Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), asociadas a un montón de ONG, en la que sobresale el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la famosa Human Rigths Watch/Americas, quienes se han empeñado en crear pretextos legaloides para desconocer la Ley de Amnistía, aun después de que la Corte Suprema de la Nación la ratificó en 2010. O sea que de lo que se trata, es de imponerle a Brasil un régimen jurídico supranacional.

Dos semanas antes de la entrevista de Colville, representantes de la ONU, dieron al gobierno un auténtico ultimátum para que el país legalice el aborto cuanto antes, que hasta hoy cuenta con un rechazo mayoritario entre la población. A finales de febrero el Comité de las Naciones Unidas contra la Descriminalización de la Mujer, cuestionó acremente a una delegación brasileña, exigiendo urgencia “al gobierno para acelerar la revisión de su legislación que criminaliza el aborto”. De acuerdo al periódico O Estado de S. Paulo, en un documento se apela para que “el gobierno acelere la revisión de su legislación criminalizando o aborto”. La ONU, “lanza un ataque especial al Estatuto del Nasciturno, que se tramita en el Congreso y pide al gobierno que discuta y analice el impacto del proyecto”.

El tono altanero, no incomodó al gobierno, todo lo contrario: la vehemente exigencia externa acompaña las iniciativas de dos ministras María del Rosario y Menicucci. La respuesta de esta última a las presiones de la ONU ha sido la de remover los obstáculos para que las mujeres que deciden abortar en los casos que la ley permite sean rápidamente atendidas. Su empeño ha sido de tal grado que se atrevió a criticar a los médicos, que haciendo uso de su derecho, frecuentemente se han negado a practicar el crimen de aborto alegando motivos de conciencia. Como lo afirmó el vicepresidente del Consejo Federal de Medicina, Carlos Vital: “La objeción de conciencia es un derecho previsto en el código de ética médica, Ningún profesional tiene la obligación de prestar un servicio que discorde de sus convicciones”.

El lado irónico del caso es que las discusiones y deliberaciones que se llevan a cabo en el seno de sus organismos y de las redes internacionales que gravitan en torno a los derechos humanos y del aborto, parecen guiadas por una óptica surrealista. En una república bien ordenada donde el ejercicio del poder sea el fomento constante del bienestar general de la población, esto es salud física, mental y espiritual, el derecho humano primordial, es el derecho a la vida desde la concepción, y no acabar con ella por cualquier pretexto.

El problema en el caso de las ministras María del Rosario y Menicucci, es una tentativa de imponer a toda costa la ideología de la “generación de 1968”, que preconizaba el fin de la autoridad (recuérdense que el slogan era “prohibido prohibir”), la revolución sexual y la contracultura del rock y las drogas. Actualmente la combinación de los ingredientes dio origen a un explosivo coctel denominado “género”, cuyas consecuencias desembocan en el deseo de forjar una nueva antropología, sin sexos definidos como una realidad biológica. Así se justifica el amplio derecho del aborto y, en última instancia se avala el insidioso control del crecimiento demográfico que por décadas han demandado las potencias del Hemisferio Norte.

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