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Msia Informa
Ahora es transparente que en las negociaciones del controvertido acuerdo de paz pactado entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), en su condición de narcocartel, los insurgentes se llevaron una buena tajada, al incentivar a sus bases campesinas a ampliar los cultivos de coca, con la promesa de que en la etapa del post acuerdo, ganarían indemnizaciones del propio gobierno.
El resultado es que en los dos años de duración de las gestiones, con la ayuda de la narcoguerrilla, el área plantada de coca aumentó nada menos que 68%, alcanzando las 188 mil hectáreas , convirtiendo al país en el mayor productor mundial. ¡Blanca y refinada negociación!
Entrando ahora en la fase de ejecución del pacto –repudiado por la población exactamente por el tratamiento blando que se daría a la vinculación de las FARC-narcotráfico- es palpable que la desarticulación de los poderosos narcotentáculos de las FARC no está garantizado, lo que convierte a la narcoguerrila en un asunto que trasciende las fronteras nacionales y en un motivo de seguridad nacional para los países vecinos. A grandes rasgos se denota que la intención del comando central de la narco-guerrilla, es dividirse o ramificarse en por lo menos tres partes: una que se incorporará a la vida política partidaria; otra que mantiene las actividades del narco-negocio en algunas de las zonas que controlaban las FARC; y otra que engrosa las filas de las bandas del crimen organizado de América del Sur, dándoles apoyo logístico, entrenamiento y combatientes bien preparados.
El desplazamiento de dichas bandas bien entrenados y fuertemente armadas, ya ha causado las primeras intranquilidades en Brasil, debido a la presencia de elementos de las FARC en los conflictos del inicio del año desatados por los carteles brasileños en las cárceles de la región amazónica quienes disputan rutas y mercados de las drogas ilícitas. Lo anterior ocasionó la advertencia del comandante del Ejército brasileño, general Eduardo Villas Bôas. En una entrevista con el diario Valor Econômico, publicada en la edición del 17 de febrero de 2017 afirmó, “La Policía Federal estima que cerca del 80% de la criminalidad este directa o indirectamente vinculada a las drogas. Otro aspecto: la droga es el origen de casi todos los problemas. La Amazonia ya se convirtió en un gran corredor de paso de las drogas”, afirmó y agregó:
“(…) Sabemos que algunos frentes (de las FARC) no se van a sumar (al Acuerdo de Paz). Existe la posibilidad de que miembros de las FARC se unan a otras estructuras de la guerrilla, como el Frente de Liberación Nacional o guerrillas urbanas. Tenemos una incertidumbre: desde que se iniciaron las conversaciones de paz hubo un aumento de las áreas de plantíos en Colombia. Es importante destacar que tenemos 17 mil kilómetros de fronteras”.
El propio Departamento de Estado en su último informe de Estrategia Internacional sobre Control de Narcóticos 2017, presentó una radiografía de la participación de las FARC-EP en el aumento de los plantíos de coca.
Diplomacia en pro de la legalización de las drogas
Pese a esta realidad, el gobierno de Santos maniobra públicamente para mantener la ilusión de que las FARC cumplirán el acuerdo en los temas del narcotráfico, como si este fuera un fenómeno lineal, al mismo tiempo que acelera la ofensiva diplomática encaminada a la legalización del consumo de drogas.
En 2015, el presidente Santos dio señales hacia dentro del país, dirigidas a las FARC, y externamente, dirigidas al poder mundial, de que la política de combate al narcotráfico sufriría un cambio, o por lo menos una cierta distensión. Para demostrarlo, lanzó una nueva estrategia de control de drogas que entre otros aspectos redujo el foco en la erradicación forzada de coca y amplio el esfuerzo en otras actividades, unas nada objetables, otra sí, por ejemplo la suspensión de la erradicación aérea en zonas que pudieran inflamar las fricciones con las FARC.
A partir de entonces, en paralelo con lo anterior, se presentó en los foros internacionales apropiados para pugnar por una flexibilización en el consumo de las drogas. Por ejemplo en marzo de 2016 ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Nueva York, la delegación colombiana encabezada por el Mandatario defendió aquella postura y procuró ganar el apoyo de México y de otros países.
El aplauso internacional al Acuerdo de Paz, que incluye el regalo del Premio Nobel de la Paz al presidente Juan Manuel Santos, tiene una explicación plausible: sectores del establishment anglo-americano, representado entre otros instituciones por el Diálogo Interamericano (DI), o personajes del calibre del mega especulador George Soros, han estado insistiendo en la legalización del consumo de las drogas, con argumentos tramposos para demostrar que la lucha contra las drogas es una utopía y ha fracasado porque la prohibición aumenta la atracción al consumo.
En sintonía con esa visión del establishment narco-legalizador, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, en las deliberaciones del 60º Período de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, en Viena, celebrada a principios de marzo último, pronunció un discurso para demostrar que el mundo ha fracasado en el combate a las drogas. “Las cifras son contundentes. Estamos lejos de resolver los múltiples problemas asociados a las drogas ilícitas”, expresó.
Remitiéndose al centenario de la Convención del Opio, ocurrido en 2012, Holguín afirmó que:
“Ha pasado más de un siglo y seguimos en la misma batalla”, y recordó que Colombia ha promovido la discusión internacional “seria, informada, discusión franca e incluyente, que analice y reenfoque las políticas de drogas, dados los frustrantes resultados globales y las fluctuaciones en los resultados nacionales (…) haciendo un balance sincero, la comunidad internacional debe aceptar que está lejos, muy lejos, de eliminar o reducir las adicciones, la producción, el tráfico de sustancias ilícitas y el lavado de activos, como lo demuestran las cifras globales de Naciones Unidas” (…): Aportando cifras del consumo, agregó, en el año 2008, había 210 millones de consumidores. En el año 2014 este número ascendió a 247 millones.
En su discurso también tuvo que aceptar la responsabilidad de su gobierno por el incremento de los cultivos de coca:
“Luego de varios años de reducción sostenida, los cultivos de planta de coca aumentaron, desafortunadamente en el 2014 y 2015, en porcentajes relevantes que rondan el 40% en cada uno de estos años” afirmó. Y enlistó tres razones del aumento; el tercero se refiere a que el Capítulo de Drogas del Acuerdo de Paz, ante los beneficios previstos por la sustitución voluntaria de cultivos en la etapa del posconflicto, los campesinos colombianos están aumentando sus siembras con el fin de acceder a los recursos que el Estado ofrece.
Pero, concluyo alegremente con que todo está bajo control.
“La solución al problema de las drogas ilícitas, hace parte del Acuerdo, incluye de manera expresa el compromiso de los ex miembros de la guerrilla de romper todo nexo con el cultivo, la producción y el tráfico de sustancias ilícitas” aseguró.
Esa ilusión también se manifestó en la reciente visita que realizó a finales de marzo a Washington, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, para hablar sobre los avances del Acuerdo de Paz. El 20 de marzo, en un evento celebrado en el Diálogo Interamericano – frecuentemente visitado por él- titulado Implementación de los Acuerdos de Paz, indicó que, en los “próximos meses se procederá a pagar a los campesinos para erradicar el cultivo ilegal” y “el gobierno se mantiene optimista ya que el Acuerdo de Paz garantizará que las FARC no influenciarán a los campesinos para mantener los cultivos ilegales”.
No obstante, no ocultó que todavía falta por resolver otro problema: la ocupación “por organizaciones criminales de los territorios de las FARC, entre ellas el Cartel del Golfo (mexicano), para controlar el narcotráfico y la minería ilegal”.
Regresando a la Convención de 1912 mencionada por la ministra, fue el primer tratado internacional sobre drogas, en el que un grupo significativos de países afectados por el consumo de drogas, entre otros Estados Unidos, China y algunos de Europa, se comprometía a reprimir la producción comercialización y consumo del opio, morfina y de cocaína, hasta ese momento legal en varios países europeos. Una práctica, que en gran medida, fue el legado de las Guerras del Opio trabadas contra China por el Imperio Británico, en el siglo XIX.
Tal Convención fue el embrión de la legislación internacional contra las drogas, que se incorporó más tarde al orden mundial en la fundación de la Liga de las Naciones. Aunque Inglaterra la haya firmado formalmente, nunca estuve en jaque el aspecto más relevante gestado en las Guerras del Opio: la creación colonial de enclaves financieros de ultramar ubicados en las colonias de Hong Kong, Shangai, y otros paraísos fiscales que surgieron más tarde al amparo del comercio de las drogas. Luego, estos nichos financieros se convirtieron en las guaridas del lavado de dinero del narcotráfico, tráfico de armas y evasiones fiscales, entrando a funcionar en el engranaje del sistema financiero internacional hasta nuestros días. Es en estos escondrijos a la vista de todos, es donde se oculta el estado mayor que comanda el tráfico internacional. Es el lavado de dinero el alfa y el omega de toda la estructura del narcotráfico.
Efectivamente es una utopía destinado al fracaso combatir el narcotráfico sin atacar los mecanismos centrales que lo controlan: los intereses poderosos, bancos bien conocidos de Wall Street y de City de Londres como el Hong Kong Shangai Bank, los paraísos fiscales, y otros enclaves del lavado de dinero, intocables porque aportan la liquidez a un sistema financiera mundial insolvente caminando al borde del precipicio.
Es desde esos mismos centros de poder mundial que se propagan deliberadamente valores contraculturales: el pesimismo cultural, el relativismo, el hedonismo, provocando una ruptura existencial en grandes partes de la población, especialmente jóvenes, que sin perspectiva o un horizonte moral y trascendente, acuden a un creciente consumo de drogas; sin dejar de mencionar el aumento del consumo de drogas en los contingentes de veteranos de las guerras sin propósito que libra el poder anglo-americano en el mundo. Es esta condición moral perversa la que explica que grupos dentro de las elites gobernantes promuevan la legalización y el consumo “controlado” de drogas alucinógenas para sus propias poblaciones.
