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Msia Informa
La Federación Rusa acaba de dar un paso importante para protegerse de las embestidas de las organizaciones no gubernamentales al servicio de los planes de los intereses ajenos al país. Tres años después de aprobar una legislación que impone más transparencia a las cuentas de dichos organismos que operan en el país con recursos externos y las obliga a registrarse como “agentes extranjeros,” el presidente Vladimir Putin acaba de promulgar una nueva ley que permite la prohibición de actividades de organizaciones no gubernamentales extranjeras consideradas “indeseables.”
Según el texto de la ley, la actividad de una organización no gubernamental extranjera o internacional “que represente una amenaza para los fundamentos constitucionales, para la capacidad de defensa del país o para la seguridad del gobierno” se puede calificar de indeseable.
Un comunicado del Kremlin informa que el nuevo instrumento legal es una “medida preventiva” necesaria luego de las sanciones occidentales contra la economía rusa, en represalia por la supuesta participación del país en la crisis ucraniana, a favor de los insurgentes del Este de Ucrania.
El Kremlin afirma que es necesario detener “las organizaciones destructivas” que actúan en Rusia y que pueden fomentar “revoluciones de colores,” en referencia a los movimientos pro occidentales que estallaron en las ex repúblicas soviéticas en lo últimos años. Con la nueva ley, el Estado ruso podrá prohibir el funcionamiento de organizaciones extranjeras y procesar a sus funcionarios, con penas que pueden llegar hasta los seis meses de prisión, en caso de ser condenados. Será posible, además, congelar las cuentas bancarias de dichas entidades.
Luego del anuncio, Amnistía Internacional y Human RightsWatch se apresuraron a condenar la nueva legislación, a la que acusaron de ser una “represión draconiana en curso, que está llevando la vida fuera de la sociedad civil.”
Una vez más, Moscú ofrece una lección de soberanía y determinación en la defensa de sus intereses nacionales. Queda de ejemplo para todos los gobiernos que quieran protegerse de las nefastas intervenciones para obstaculizar el progreso y el desarrollo civilizatorio, por medio de la desinformación de la opinión pública y de actos de sabotaje de todo tipo, como ha sido la tónica del movimiento ambientalista internacional, en particular en ciertos grandes países iberoamericanos.
