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Msia Informa
Aumentan las sospechas de que el violento incendio que destruyó el conjunto Grenfell Tower, en Londres, con docenas de muertos y desparecidos, habría sido iniciado por el estallido de un refrigerador. Es evidente que otros factores que se están investigando provocaron el rápido y mortal avivamiento de las llamas, lo que impidió que muchos moradores pudiesen dejar el lugar a tiempo. Pero la más probable de las causas apunta a un trágico retroceso técnico que volvió a permitir explosiones en esos aparatos electrodomésticos de enorme utilidad, como ocurría con sus primitivos antecesores, en las primeras décadas del siglo pasado. La cuenta se puede pasar a los mentores del ambientalismo como instrumento político, responsables de la satanización y de la prohibición de los clorofluorocarbonos (CFC), los eficientes y versátiles gases que hicieron posible la popularización de la refrigeración doméstica a partir de 1930.
Con la prohibición de los CFC, en los términos del aclamado Protocolo de Montreal de 1989, se creó una nueva familia de gases refrigerantes por los mismos fabricantes de aquellos, para sustituirlos con los hidrofluorocarbonos (HFC). El pretexto para esa radical medida sería el supuesto efecto destructivo de los CFC sobre la capa de ozono estratosférico (aunque jamás nadie haya demostrado cómo moléculas cuatro veces más pesadas que el aire podían ascender a decenas de kilómetros de altitud, en especial si se considera que casi la totalidad de sus fugas ocurría en ambientes cerrados). Sucede que ahora, a más de dos décadas de su creación, pasaron a ocupar el lugar de los “gases de efecto invernadero” súper eficientes, diez mil veces más que el vilipendiado bióxido de carbono (CO2), lo que ha provocado una actualización del Protocolo de Montreal con el objetivo de congelar su uso en la siguiente década, para prohibirlos de forma definitiva en 2046. En lugar de amenazar la capa de ozono estratosférico, según los alarmistas, los HFC contribuyeron al temido calentamiento global.
Para anticiparse a las nuevas restricciones, algunos fabricantes de refrigeradores domésticos e industriales volvieron a antiguas soluciones técnicas, por ejemplo usar como refrigerantes gases, el propano y el isobutano, y algunos compuestos de amoniaco. El único problema es que, al contrario de los CFC y de los HFC, esos gases son inflamables.
En el Reino Unido y en otros países ya ocurrieron numerosos accidentes provocados por explosiones debido a fugas de refrigeradores domésticos y refrigeradores industriales, que causaron, pérdidas humanas y materiales. Es decir, lo que hace ocho décadas no pasaba de meros inconvenientes para los usuarios, que no necesitaban más que la reparación de sus equipos y la sustitución de los gases que se habían fugado, es ahora un riesgo para la vida.
En junio de 2014, en Rochester, Australia, una fuga de amoniaco causó el estallido de un sistema de refrigeración que estaba siendo reparado por dos técnicos, que murieron. En noviembre de 2015, en Cwmbran, País de Gales, un incendio por la explosión de un refrigerador mató a Samantha Thomas. En abril de 2016, un colegio de Londonderry, Irlanda del Norte, tuvo que ser evacuado parcialmente luego del estallido de un refrigerador en la cafetería, lo que provocó heridas a una funcionaria. Estos son tan sólo algunos ejemplos de una lista que sigue creciendo.
Retorno en el tiempo
La disponibilidad de gases refrigerantes que no fuesen ni tóxicos ni inflamables fue uno de los factores que dificultaron en gran medida la expansión de la refrigeración doméstica en las primeras décadas del siglo XX. Los principales gases que se empleaban eran el bióxido de azufre, cloruro de metilo y amoniaco anhidra. Todos tenían problemas, como la corrosión de las partes metálicas o la toxicidad. Más de cien personas murieron en 1929 en un hospital de Cleveland, Estados Unidos, a causa de una fuga de un sistema de refrigeración. Las víctimas domésticas llegaron a los centenares por todo el país, lo que hizo que el New York Times y otros periódicos promovieran campañas contra los peligros de la refrigeración.
En esa época, un equipo de científicos de la Frigidaire, subsidiaria de General Motors, encabezado por el ingeniero y químico Thomas Midgley Jr., trabajaba en la búsqueda de una molécula opcional a las existentes. En 1930, luego de más de dos años de investigaciones y de pruebas, Midgley presentó al mundo los CFC, que impresionaron por su cualidades, por no ser tóxicos ni inflamables o reactivos a otras sustancias, además de ser fáciles de sintetizar. En una conferencia realizada en la Sociedad Química Americana, Midgley demostró espectacularmente las cualidades de los nuevos gases, al inhalar y apagar una vela con un soplo de CFC.
La refrigeración inició su escalada de éxito con los CFC. En 1959, 96 por ciento de los hogares estadounidenses ya disponían de refrigeradores eficientes. Aunque en los demás países la expansión haya sido más lenta, la reducción de los costos y de los riesgos de utilización abrió el camino para la popularización de la refrigeración, tanto doméstica como industrial, principalmente en los países de clima más caliente. Por ello, pocas sustancias producidas por el hombre pueden igualarse a los CFC en términos de utilidad y beneficios para toda la humanidad.
Esto fue hasta que no entraron en escena los ambientalistas, que a partir de la década de 1980, con el surgimiento de las primeras hipótesis alarmistas sobre el supuesto efecto de los CFC sobre el ozono estratosférico, se vislumbró una gran oportunidad para poner en marcha una legislación internacional obligatoria sobre ellos, que podría catalizar la ambición mayor de reglamentar las emisiones de bióxido de carbono. Sintomáticamente, la campaña contra los CFC involucró a algunos “científicos-activistas” que, en la década anterior, se habían comprometido activamente en la virulenta campaña que terminó en la prohibición de uno de los pesticidas más eficientes jamás inventados, el DDT, por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos. Uno de ellos fue el biólogo George Woodwell, fundador de varias organizaciones no gubernamentales, Environmental Defense Fund (EDF) y el Woods Hole Research Center.
En 1985, con el patrocinio del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNEUMA), de la Fundación Rockefeller y de organizaciones no gubernamentales ambientalistas como el Environment Defense Funda (EDF) y otras más, se realizó la Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono. Ese mismo año, también en Austria, en Villach, tuvo lugar la Conferencia Internacional sobre la Evaluación del Papel de Bióxido de Carbono y de Otros Gases de Efecto Invernadero en la Variaciones Climáticas y Efectos Asociados, de la que resultó la creación del Grupo Asesor sobre Gases de Efecto Invernadero (AGGG, por sus siglas en inglés), antecesor del notorio Panel Intergubernamental sobre Cambios Climáticos (IPCC), que vendría a consolidarse como el órgano internacional de referencia sobre la doctrina climática fundada en la inventada influencia humana en la dinámica climática mundial.
La campaña se reforzó al año siguiente con el anuncio de la existencia de un “agujero” en la capa de ozono de la Antártida. Aunque las rarefacciones cíclicas de las concentraciones de ozono en la estratósfera fuesen conocidas desde los años veintes, antes de la invención de los CFC, el fenómeno se apoderó de los titulares de primera página en todo el mundo y fue señalado como una prueba de que el hombre estaría atacando el ozono estratosférico. El alarmismo prevaleciente allanó el camino para la aprobación del Protocolo de Montreal, en 1987, en el que se estableció un calendario para la prohibición de aquellos productos. Las repercusiones de la campaña contra los CFC se sumaron a la embestida contra el CO2 para elevar el alarmismo climático a niveles inusitados.
El aparato ambientalista, que venía ganando músculo desde la década anterior, no perdió tiempo para aprovechar tales oportunidades. A partir de 1986, decenas de millones de dólares provenientes de las grandes fundaciones del “establishment” angloamericano llenaron las cuentas bancarias de las principales organizaciones no gubernamentales para iniciar la promoción de historias aterradoras sobre la degradación de la capa de ozono y el calentamiento global. El World Resources Institute (WRI), por ejemplo, recibió 25 millones de dólares de la Fundación MacArthur para “informar” al público sobre los peligros de la degradación del ozono y del calentamiento global. El WRI, posteriormente, comenzó a proponer un impuesto sobre combustibles fósiles con el fin de reducir las emisiones de CO2.
Como puede verse, tales campañas ya tienen su tiempo.
Sin pruebas de problemas en la atmósfera –pero con gran potencial político
La aprobación del Protocolo de Montreal estableció un precedente fundamental para la politización del alarmismo climático. Aunque sería pregonado comúnmente como “el más exitoso tratado internacional de todos los tiempos,” la adhesión al Protocolo, principalmente por parte de los países en desarrollo, fue a causa, en gran medida, de presiones políticas. El artículo 4 del tratado, titulado “Control del comercio con la no partes” establecía pesadas sanciones para los países que se negasen a adherirse, en especial embargos comerciales y la prohibición de exportaciones de las “sustancias controladas” para los no signatarios. Brasil, entre otros países en desarrollo, sufrió fuertes presiones para adherirse al acuerdo, bajo amenazas de problemas con las renegociaciones de su deuda externa.
El alcance del tratado se puede evaluar en las cándidas declaraciones de su principal negociador estadounidense, el diplomático Richard Benedick, en el libro que publicó en 1991, Ozone Diplomacy (Diplomacia del ozono):
El Protocolo de Montreal (…) determinó significativas reducciones en el uso de varios productos químicos extremadamente útiles. (…) Por su actuación, los países signatarios firmaron la sentencia de muerte para una importante parte de la industria química internacional, con consecuencias de miles de millones de dólares en inversiones y centenas de miles de empleos en los sectores relacionados. El protocolo, sencillamente, no prescribió límites para esos productos de acuerdo a la “mejor técnica disponible,” que habría sido la manera tradicional de reconciliar objetivos ambientales con los intereses económicos. En lugar de esto, los negociadores establecieron fechas límite para la sustitución de productos que se habían convertido en sinónimos de patrones de las vida moderna, aunque la técnica que se necesitaba todavía no existía. (…) En la época de las negociaciones y de la firma no existía ninguna prueba de problemas mensurables. Así, al contrario de los acuerdos ambientales del pasado, el tratado no fue una respuesta a acontecimientos o eventos perjudiciales, sino un acto preventivo a escala mundial (subrayado nuestro).
Ahí está la admisión abierta de que no existía ninguna prueba científica que justificase medidas tan radicales. Para terminar, Benedick tampoco oculta la relevancia del Protocolo para las futuras negociaciones sobre el calentamiento global:
Los mecanismos que concebimos ahora para el Protocolo servirán, muy probablemente, de modelo para las instituciones creadas para controlar el efecto invernadero y la adaptación a los cambios climáticos.
Es significativo que antes de ser destacado a las negociaciones del Protocolo de Montreal, Benedick encabezaba el Gabinete de Población del Departamento de Estado, donde defendía la aplicación de medidas draconianas de control demográfico en los países pobres.
En una repetición de lo que había ocurrido con el DDT, los principales fabricantes de CFC de Estados Unidos, Europa y Japón (cuyas patentes estaban por terminar), sin embargo, habían ofrecido resistencia a la campaña ambientalista, terminaron sin sufrir mucho por las restricciones impuestas a sus productos, pues, casi de inmediato, presentaron los HFC como una nueva familia de sustitutos. El problema, por lo menos para los usuarios, es que tales productos no solo costaban 20 ó 30 veces más que los CFC, sino que obligaron a la sustitución total de los equipos existentes, pues eran incompatibles con los compresores de los refrigeradores en uso.
La prohibición de los CFC en los países industrializados, por otro lado, causó el surgimiento de un activo comercial ilegal oriundo de los fabricantes establecidos en los países en desarrollo, que recibieron un plazo mayor para la adaptación de sus industrias (además de recursos de un fondo de compensación establecido por el protocolo). En Estados Unidos, donde la producción y la comercialización de los CFC fueron cerradas en 1996, la estructura policial creada para reprimir ese contrabando fue apenas inferior a la establecida para el combate del tráfico de estupefacientes, lo que denota las consecuencias del irracionalismo ambientalista, que consiguió la hazaña de transformar una de las sustancias más útiles y más versátiles nunca inventadas en objeto de represión policiaca.
