No solo la carne es débil

El rimbombante informe mediante el cual un grupo de delegados de la Policía Federal (PF) anunció los resultados de la denominada Operación Carne Débil, el 17 de marzo,  en la que anunciaron atropelladamente, irregularidades en las condiciones sanitarias de la carne brasileña, y que recibió grandes titulares en la prensa internacional, es indicativa de que algo va más allá.  La manera alarmista como fue anunciada, se pasó por alto los previsibles efectos negativos para el sector, en el que Brasil es líder mundial en producción y exportación, lo que deja en el aire algunas interrogantes.

En cualquier estructura gubernamental sólida, los funcionarios de los escalafones intermedios, como los delegados de la PF, de ninguna forma tomarían tal iniciativa ni serían autorizados a hablar en público de una operación de semejantes consecuencias económicas potenciales, sin el conocimiento previo de la cúpula jerárquica.  En este particular, el hecho de no hayan recibido ninguna sanción demuestra la entropía que caracteriza al actual gobierno.

Cualesquiera que hayan sido sus motivos, y sin perjuicio para las investigaciones y procedimiento legales necesarios, el hecho es que las desastrosas consecuencias del acto favorece a los intereses comerciales de Estados Unidos y de los países europeos incómodos por el progreso brasileño en el sector.

En este contexto, la intervención de la PF se asemeja a las de los sectores del Poder Judicial y del Ministerio Público, que en las últimas décadas han demostrado un cuestionable inclinación a actuar como fuerzas auxiliares de los planes de las estructuras de “gobierno mundial” que han manipulado las cuestiones ambiental e indígena contra los intereses mayores de la sociedad brasileña.

Una forma de actuar característica es el patrocinio de cursos y seminarios sobre los temas más destacados de esos planes, tanto en Brasil como en el exterior, a los cuales son encaminados los candidatos más promisorios y receptivos a la temática propuesta.

Por otro lado, son incalculables los daños, en términos de proyectos de infraestructura innecesariamente retardados y encarecidos o, simplemente, cancelados, oportunidades económicas no realizadas, encarecimiento de la producción y de la logística, criminalización artificial de las actividades productivas y otros efectos dilatorios.

Los gobiernos y fundaciones privadas de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Holanda, Noruega y otros países, han aportado de forma paralela numerosos recursos a fondo perdido a proyectos gubernamentales y privados vinculados a la política ambiental e indígena, siempre muy bien recibidos.  Un ejemplo característico es el conocido Programa Piloto para la Protección de los Bosques Tropicales (PPG-7), por el cual, entre 1992 y 2009, Brasil recibió 463 millones de dólares para programas de conservación forestal.

Tal proceso está llegando a su paroxismo, con la devastadora secuencia de terremotos desencadenados contra sectores estratégicos de la economía nacional –ingeniería, industria del petróleo y del gas, construcción naval, industria de defensa y, ahora, la pecuaria -, sin reacción palpable por parte de la cúpula del Estado, permitiéndose que se dilapiden las capacidades que tardaron décadas en construirse, varias de ellas blanco de escándalos indiscriminados de corrupción.

Regresando a la Operación Carne Débil.  En una nota divulgada el 20 de marzo, el presidente del Club de Ingeniería, Pedro Celestino, luego de observar que las exportaciones agrícolas están en manos de los grandes carteles multinacionales, se manifestó así:

“En el caso de las proteínas animales, toda la cadena productiva, y también la formación de precios, está comandada por brasileños, que están al frente de grandes plantas frigoríficas aquí y en Estados Unidos, Australia y Argentina.  Esto da a los grupos brasileños una envidiable posición en el comercio internacional, con marcas reconocidas nacional e internacionalmente, relaciones comerciales de décadas y prácticas, adecuadas a los diversos mercados”.

“Por todo esto, la operación desencadenada por la Policía Federal el viernes pasado, cuyas debilidades en la búsqueda de datos comenzaron a salir a la luz el fin de semana, no se puede calificar tan sólo de temeraria y falta de sentido de responsabilidad.   Está claro que el ataque a grupos como JBS y BRF, nuestros principales exportadores de carnes, no es accidental.

“Se inserta en la lógica del desmantelamiento de Petrobras y del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), y del debilitamiento de las empresas de ingeniería brasileñas, proceso que, de no corregirse, nos llevará de vuelta a los tiempos de la colonia.  Peor que eso, contribuyen a aumentar el contingente de casi 20 millones de desempleados del país”.

La reacción del aparato ambientalista-indigenista, manifestada por intermedio del Greenpeace Brasil, fue bastante emblemática.  El 22 de marzo, divulgó una nota en la que acusa al sector de producción de carne industrial nacional de estar “involucrado rutinariamente en trabajo similar al esclavo, deforestación, uso intenso de agrotóxicos, contaminación del suelo y del agua, además de violentos conflictos con comunidades locales –convertido en una amenaza para la salud tanto de las personas como del planeta.”

La diatriba afirma, además: “La actividad agropecuaria, muchas veces, acaba por expandir sus fronteras a zonas de bosques y del Cerrado todavía preservadas.  La producción de ganado a escala industrial genera también una enorme cantidad de residuos y de emisiones de gases de efecto invernadero que agravan el calentamiento global.”