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Msia Informa
Luego de que el presidente Nicolás Maduro despreció los varios esfuerzos diplomáticas emprendidos por el Vaticano para alcanzar una solución razonable a la crisis que se arrastra por varios meses en el país, la Iglesia de Venezuela, lanzó un llamado para que los varios sectores representativos de la nación se unan para poner fin a la que califican de dictadura del gobierno, responsable de la violencia y de las condiciones ruinosas que azota a la ciudadanía.
Desde hace poco más de un mes, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), solicitó al Papa Francisco una reunión de emergencia para discutir el recrudecimiento de la violencia gubernamental. El 8 de junio altos representantes de la jerarquía venezolana fueron recibidos en una audiencia por el Papa, para ponerlo al tanto del deterioro de los acontecimientos, del país, la negativa gubernamental constante de no respetar los acuerdos políticos con la oposición, aumento de la represión contra la población y la carestía de los alimentos, lo que marcó definitivamente el rompimiento de la Iglesia con el régimen.
Así los obispos de Venezuela al concluir su Asamblea plenaria ordinaria que se celebró en Caracas del 7 al 12 de julio, dieron a conocer un “Mensaje urgente a los católicos y personas de buena voluntad en Venezuela”.
“En nuestro país se percibe de manera muy clara cómo la violencia ha adquirido un carácter estructural” indican. Añaden que además “existe un menosprecio de la dignidad humana que se expresa en la violación y negación continua de los derechos humanos por parte de las autoridades”, afirma el documento.
Sobre “la iniciativa del Gobierno de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, cuestionada y rechazada por la mayoría del pueblo venezolano”, consideran que “todo deja entrever que lo que se busca es instaurar un Estado socialista, marxista y militar con la desaparición de la autonomía de los poderes, especialmente el legislativo”.
El mensaje hace un llamado al gobierno, a la dirigencia política, dirigencia educativa y cultural, y a las Fuerzas Armadas para asumir las responsabilidades que el crítico momento demanda. La mención a las Fuerzas Armadas para que se pongan del lado de la población es muy significativa en el contexto de que las Fuerzas Armadas pueden asumir un papel moderador determinante, frente a la intransigencia gubernamental.
“A LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA: que, según lo señala la Constitución Nacional, cumpla su deber de estar al servicio de todo el pueblo en el respeto y garantía del orden constitucional y no simplemente de un régimen, partido o gobernante. Las personas que prestan su servicio en las fuerzas armadas, tienen el deber específico de defender el bien, la verdad y la justicia…Los militares son plenamente responsables de los actos que realizan, cuando violan los derechos de las personas y de los pueblos” (COMPENDIO DE DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA, 502 y 503).. Apelamos a la conciencia de todos sus miembros: no olviden que también forman parte del pueblo y que deberán rendir cuenta de sus actos ante la Justicia humana y divina”, indica el llamado.
Es evidente que la crisis del país repercute en el estamento militar y en sus familias, y que en la alta oficialidad y mandos medios existe ebullición y descontento que ya se asoma.
El pasado 19 de junio a tiempo en que el presidente Nicolás Maduro desesperado realizaba cambios en la cúpula militar, también anunciaba que su gobierno se resguardará con el uso de la fuerza. En cadena nacional, Maduro informó que: “Se incorporarán 40.000 jóvenes para la seguridad ciudadana, cuadrantes de paz, la protección del pueblo, alineados con las necesidades del país”, agregó. La mitad para la Policía Nacional Bolivariana y la otra para la Guardia Nacional Bolivariana. Esta última responsabilizada de la brutal represión desatada contra la población.
El domingo 16 de julio, ocurrió otro hecho grave que marca un nuevo giro del conflicto, que sepulta definitivamente la visión de un embate entre una fuerza opositora limitada y el gobierno, para otra etapa en que es la población por un lado y el gobierno usufructuando el uso de la fuerza, por el otro.
De acuerdo a un despacho de la agencia Zenit del 17 de julio, el domingo indicado, la máxima autoridad de la Iglesia en Caracas, el cardenal Jorge Urosa Savino, arzobispo de Caracas, fue de hecho secuestrado junto con un grupo de feligreses dentro de una iglesia de Caracas por los “colectivos de Maduro” que asesinaron a una mujer, “cuando terminó la misa, vinieron unos colectivos y dispararon ocasionando varios heridos, en las personas que ahora se encuentran dentro de la iglesia, las cuales eran sometidas bajo asedio”, añadió el purpurado venezolano. Diversos medios dieron a conocer la noticia, entre los cuales Radio Vaticano, que señala lo ocurrido, cuando en Roma el Papa dirigía “un saludo especial a la comunidad venezolana en Italia, renovando la oración por vuestro amado país”.
Al momento de semejante atrocidad, se estaba realizando en el país un plebiscito informal contra la gestión del presidente Nicolás Maduro, en el que se calcula que participaron más de siete millones de personas (poco más de la mitad de los electores registrados por la Justicia electoral) en un claro rechazo al intento del gobierno de Maduro de convocar una constituyente para modificar la Carta Magna del país y eternizarse en el poder.
