EUA a la FIFA: penalty en la regadera.

Aun las personas no muy versadas en el futbol sospecha que la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) no es una entidad celosa por la transparencia de sus negocios multimillonarios; la desconfianza de corrupción se lanzó contra ella, por lo menos desde la década de 1990.  No obstante, el mundo se sorprendió por el espectacular encarcelamiento de siete de sus dirigentes, junto con otros cuatro altos ejecutivos de empresas de mercadotecnia deportiva, en Zurich, Suiza, el 27 de mayo pasado, en la víspera de la elección a la presidencia de la entidad dirigente del futbol mundial. Entre los detenidos, se encontraban los brasileños José Maria Marin, ex-presidente de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF), y José Hawilla, dueño del Grupo Traffic, la mayor empresa de mercadotecnia deportiva de América Latina.

La sorpresa aumentó en la medida que las órdenes de encarcelamiento fueron anunciadas con gran estilo por un selecto grupo de autoridades judiciales de los EUA, entre ellas la procuradora general Loretta Lynch, el director general del FBI, James Comey, y el director general del Servicios Interno de Ingresos (IRS), John Koskinen. En conferencia de prensa, la Sra. Lynch afirmó, con grandes fanfarrias. “Las acusaciones son de corrupción rampante, sistémica y con profundas raíces, tanto en el exterior como aquí en los Estados Unidos. Abarca por lo menos dos generaciones de directivos del futbol, que, como se afirma, abusaron de sus puestos de confianza para adquirir millones de dólares en sobornos y propinas. Y esto ha perjudicado profundamente a una multitud de víctimas, desde las ligas juveniles y países en desarrollo que deberían haberse beneficiado de las ganancias por los derechos comerciales que esas organizaciones detentan, hasta los fans locales y de todo el mundo, cuyo apoyo al deporte vuelve valiosos esos derechos. La acción de hoy deja claro que este Departamento de Justicia pretende acabar con  estas corruptas prácticas, erradicar las irregularidades y llevar a los infractores a la justicia –y, en este esfuerzo, estamos procurando continuar trabajando con otros países”.

El boletín de prensa del Departamento de Justicia informaba, también, que la investigación se inició hace tres años e involucra valores del orden de 150 millones de dólares en sobornos y propinas, en prácticas que se remontaban a 1991. Y, además, que “los acusados y sus co-conspiradores se valían, generalmente, del sistema financiero de los EUA en conexión con sus actividades”, lo que, supuestamente justificaría la iniciativa de la investigación y la acción criminal. Entre los bancos utilizados están el Citibank, JP Morgan y Wells Fargo.

A pesar de que muchos han aplaudido el hecho de que, por primera vez, estos capos del deporte hayan sido enmarcados en una investigación de verdad, y sin que se pretenda justificar de modo alguno, sus prácticas corruptas que son del dominio público, algunos aspectos de la operación causaron extrañeza y dejaron en el aire una serie de dudas sobre las motivaciones reales de la justicia estadounidense.

De inicio, llamó la atención la desproporción de los valores involucrados y la espectacularidad que trajo el anuncio de los encarcelamientos y de la investigación, con tantas autoridades de alto escalafón. Al final, 150 millones de dólares a lo largo de 24 años no parece ser una cantidad que justificara semejante aparato, si se compara, por ejemplo, con el lado de miles de millones de dólares de dinero ilícito de carteles de las dogas y terroristas, como ha ocurrido, entre otros, con los megabancos HSBC y Citibank, que, en 2012, pagaron multas equivalentes a ínfimas fracciones de dinero lavado y, después, continuaron con los “negocios como siempre”.

O los fraudes del mismo orden de magnitud cometidos por el cartel de megabancos involucrados en la manipulación de la tasa Libor, perdonados  a cambio de “multas” igualmente irrisorias. En tales oportunidades, el Departamento de Justicia justificó la  necesidad de tomar en cuenta “las consecuencia colaterales” de los procesos. Como lo justificó, humildemente, un portavoz del órgano: “Si usted procesa uno de los mayores bancos del mundo, corre el riesgo de que hacer con las personas que pierdan sus empleos,  que otras instituciones y otras partes dejen al banco y algún otro tipo de evento en la economía mundial”, (Washington Post, 11 de diciembre de 2012).

Pronto surgieron cuestionamientos en torno al concepto de “extrajurisdiccionalidad” de la justicia estadounidense a ciudadanos extranjeros que cometieron actos ilícitos en otros países. El gobierno ruso fue el primero en señalar su extrañeza. El presidente Vladimir Putin fue directo. “Podemos suponer que algunos de ellos hayan, realmente, violado algunas normas o leyes, yo no lo sé, pero ciertamente los EUA no tiene nada que ver con esto. Estos funcionarios no son ciudadanos estadounidenses. Y si alguna cosa ocurrió, no fue en territorio de los EUA…Es otra la evidente intención de extender su jurisdicción a otros países”.

De misma forma, Putin insinuó que la operación estaba relacionada a las presiones contra Rusia, que será la sede de la Copa del Mundo en 2018: “Como sabemos, está prevista para el viernes 29 de mayo la realización  de las elecciones en la FIFA y (Josef) Blatter tiene todas las posibilidades de ser reelegido. Somos conscientes de la presión que se ejerció sobre él para prohibir la Copa del Mundo de la FIFA del 2018 en Rusia (RT, 28 de mayo de 2015).

La sospecha se reforzó por las intempestivas declaraciones del portavoz de la Football Association, la Federación Inglesa de futbol, quien se apresuró a afirmar que si Rusia perdiera el derecho a ser sede de la Copa en 2018 por el desenlace de las investigaciones sobre la corrupción de la FIFA, su país no tendría problemas en ofrecerse como alternativa (en la disputa de la sede de la copa con Rusia, Inglaterra recibió solamente dos votos). “Absolutamente podríamos”, dijo Roy Hodgson.

“No sé si será por causa de la situación que se desarrolla ahora, pero sé que tendremos nuevamente una Copa del mundo, en algún momento, y si que será una experiencia fantástica”, destacó.

El sueco Lennart Johansson, ex-presidente de la federación europea UEFA fue todavía más directo, al afirmar que la Copa 2018 debería ser transferida a Inglaterra (AFP, 29 de mayo de 2015).

De inmediato, el premier británico David Cameron se unió al coro, pidiendo la renuncia inmediata de Blatter.

Las presiones funcionaron, pues Blatter renunció al cargo el 2 de junio, cargo que ocuparía por cuarta vez. La salida del veterano dirigente (para muchos il capo di tutti capi) deja en el aire la posibilidad de que su sucesor muestre más “sensibilidad” a las presiones para una eventual suspensión de Moscú como sede de la próxima Copa del Mundo.

En la blogsfera, varios comentaristas manifestaron sospechas semejantes.  En un artículo publicado en el sitio ruso Strategic Culture Foundation, el bien informado irlandés Finnian Cunningham escribió:

“Pero el objetivo real del ataque frontal hacia la FIFA…parece tener más que ver con el propósito político estadounidense de perjudicar los planes de Rusia para la Copa del Mundo. Este objetivo tiene que ser visto en el contexto del objetivo de Washington de aislar y desestabilizar Moscú, en una batalla geopolítica en curso, actualmente centrada en Ucrania. (…)

“Hasta el Washington Post, entre otros vehículos periodísticos occidentales, destacó los ‘coloridos detalles’ revelados por los funcionarios estadounidenses, al presentar las docenas de acusaciones contra  figurones de la FIFA, desde soborno, evasión fiscal, lavado de dinero y fraudes. La operación, realizada en colaboración con la policía suiza, fue conducida al estilo de una operación de trampa (sting operation, en el original –n.e), del tipo más comúnmente lanzado contra sindicatos del crimen organizado. El melodrama tiene el aire de una campaña mediática politicamente planeada para máxima publicidad”.

Otro gobierno que sospechó de las intenciones estadounidenses fue China. El sábado 30 de mayo, la agencia noticiosa Xinhua divulgó un artículo editorial significativamente titulado “El futbol necesita de anticorrupción, pero no de movidas geopolíticas”. Textos de este tipo divulgados por la agencia suelen representar la opinión de la cúpula gubernamental de Pekín. Dice, en parte:

“A primera vista, parece ser una acción oportuna y correcta contra lo oscuro de los poderes superiores del mundo del futbol, y los EUA actúan como un héroe del futbol. Pero antes de hacer un juicio apresurado, se puede ver que no es tan simple. Parece más bien un plan bien elaborado para lograr algunos objetivos geopolíticos.

“Con una codicia creciente, la falta de transparencia financiera y de equilibrio de poder y supervisión en la FIFA, no admira que algunos tipos de corrupción existan dentro de la organización, en las ligas profesionales y eventos internacionales. Así, es positivo evitar que el futbol se corrompa, con algunos métodos efectivos, y tomar medidas fuertes para combatir otras prácticas sombrías, como combinación de resultados, apuestas, violencia y racismo.

“Sin embargo, en cuanto a la acción encabezada por los EUA contra la FIFA, no debemos soslayar el telón político de fondo, la ‘coincidencia’, la oportunidad y la lógica básica. A final de cuentas, las relaciones ruso-estadounidenses cayeron al nivel más bajo de la pos-Guerra Fría, después de los conflictos en Crimea y en Ucrania Oriental y, considerando que los EUA también tienen posibles intereses si las sedes de las Copas de 2018 y 2022 fueran cambiadas  debido al escándalo de la FIFA, no se puede descartar que los EUA pudieran capitalizar la acción anticorrupción en la FIFA como un plan para ‘matar dos pájaros de una pedrada».

“Igualmente, la detención de funcionarios deportivos extranjeros fuera del territorio de los EUA, con ayuda de países aliados, debe generar conflictos de jurisdicción. Un mero alegato de que estos hombres se involucraron en actividades ilegales en suelo estadounidense no es suficiente, y puede volverse un buen justificante para extender la jurisdicción territorial de la nación. Agréguese a esto el hecho de que todavía hay grandes divergencias sobre jurisdicción, tanto en términos teóricos como en la realidad. Es un mal ejemplo de extrapolación de poder unilateral”.

De hecho, en el período pos-Guerra Fría, los EUA tiene varios precedentes de extensión jurisdiccional de sus leyes. Uno de ellos fue la invasión de Panamá por el gobierno de George Bush padre, en 1989, justificada por la captura del líder panameño Manuel noriega, acusado de tráfico internacional de drogas. En la ocasión, el procurador Richard Thornburgh estableció la increíble doctrina de que tanto las autoridades jurídicas y policiales estadounidenses podrían extender su jurisdicción a otros países, siempre que fuese necesario para una “aplicación extraterritorial de la ley”.