Treinta países se rebelan contra el mandato abortista de la ONU

MSIa Informa, 29 de octubre de 2020.-“No existe un derecho internacional al aborto, ni recae sobre los Estados una obligación internacional de financiar o facilitar los abortos, en consonancia con el consenso internacional de larga data de que cada nación tiene el derecho soberano de implementar programas y actividades coherentes con sus leyes y políticas”.

Sostiene una de las partes medulares de la Declaración del Consenso de Ginebra, firmada por 31 países, una voltereta a las estipulaciones maltusianas de los programas  específicos de Naciones Unidas (ONU) que convirtieron el aborto en un derecho humano de la mujer y su ejecución, una obligación para los gobiernos. De acuerdo al boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, la Declaración emitida el pasado 22 de octubre, fue copatrocinada por Brasil, EEUU, Egipto, Hungría, Indonesia y Uganda, y hasta el momento cuenta con más de 25 países adheridos.

La ocasión fue una reunión virtual de los representantes de los países convocantes para tratar temas que se debatirían en la Asamblea Mundial de la Salud del 2020 en Ginebra (Suiza), frustrada por la pandemia mundial del COVID-19.

Varios aspectos de la Declaración sintetizan un rompimiento con el sello maltusiano impreso en la ONU en las últimas décadas: el desprecio por la familia y la maternidad, aborto, control demográfico y la agenda identitaria. Entre ellos anotamos (puede consultarse el texto en español en el sitio del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EUA):

“Habiendo previsto reunirnos al margen de la Asamblea Mundial de la Salud de 2020 en Ginebra (Suiza) para examinar los avances logrados y los retos que plantea la defensa del derecho de las mujeres a los más altos niveles posibles de salud; para promover el aporte esencial de las mujeres a la salud, y la fortaleza de la familia y de una sociedad eficaz y floreciente; y para expresar la prioridad fundamental de proteger el derecho a la vida,

“1. Reafirmamos que “todos son iguales ante la ley” y que los derechos humanos de las mujeres y las niñas son “parte inalienable, integral e indivisible de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”.

Ponemos de relieve que los hombres y las mujeres tienen “igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos”, así como los derechos económicos, sociales y culturales; y que “la igualdad de derechos, de oportunidades y de acceso a los recursos, la distribución equitativa entre hombres y mujeres de las responsabilidades respecto de la familia y una asociación armoniosa entre ellos es indispensable para su bienestar y el de su familia”; y que “las mujeres y las niñas deben tener igual acceso a una educación de calidad, a los recursos económicos y a la participación política, así como las mismas oportunidades que los hombres y los niños en el empleo, el liderazgo y la adopción de decisiones a todos los niveles”;

“Ponemos de relieve que “en ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación de la familia” y que “cualesquiera medidas o cambios relacionados con el aborto que se introduzcan en el sistema de salud se pueden determinar únicamente a nivel nacional o local de conformidad con el proceso legislativo nacional”.

“Reafirmamos que “el niño (…) necesita protección y cuidados especiales (…) tanto antes como después del nacimiento” y que “se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños”, basándose en el principio del interés superior del niño;

“Reafirmamos que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”, que “la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales” y que “las mujeres desempeñan una función decisiva en la familia”, así como reafirmamos la contribución de las mujeres “al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad”.

“Mejorar y garantizar el acceso de las mujeres a los avances en materia de salud y desarrollo, en particular de salud sexual y reproductiva, que siempre deben promover una salud óptima, el grado máximo de salud que se pueda lograr, sin incluir el aborto.

Reafirmamos, en tanto inherentes, “la dignidad y el valor de la persona humana”; que “el derecho a la vida es inherente a la persona humana”; y el compromiso que permite “los embarazos y los partos sin riesgos” y da a las parejas “las máximas posibilidades de tener hijos sanos”.

En gran medida, el rompimiento con los preceptos de la ONU, y la necesidad de regresar a varios de ellos plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue expresada por el Secretario de Servicios Humanos y de Salud (HHS) de los Estados Unidos, Alex Azar, durante la ceremonia de presentación de la Declaración.

“Hoy dejamos un marcador claro; las agencias de la ONU ya no pueden reinterpretar y malinterpretar el lenguaje acordado sin rendir cuentas. Sin disculpas, afirmamos que los gobiernos tienen el derecho soberano de hacer sus propias leyes para proteger la vida de inocentes y redactar sus regulaciones sobre el aborto”.

Azar agregó,

“La Declaración de Consenso de Ginebra es un documento histórico, que establece claramente nuestra posición como naciones sobre la salud de las mujeres, la familia, el honor a la vida y la defensa de la soberanía nacional”.

“Es una herramienta crítica y útil para defender estos principios en todos los organismos de las Naciones Unidas y en todos los entornos multilaterales, utilizando un lenguaje previamente acordado por los estados miembros de esos organismos”, explicó.

La declaración fue escrita parcialmente en respuesta a una “tendencia inquietante” en las Naciones Unidas, dijo.

“Cada vez con mayor frecuencia, algunas naciones ricas y agencias de la ONU en deuda con ellas afirman erróneamente que el aborto es un derecho humano universal”, agregó.

Azar dijo que estas políticas tienen el efecto de obligar a los países a implementar leyes de aborto “progresivas” o enfrentar la pérdida de financiamiento o prestigio internacional. Acusó a algunas naciones de tener un “enfoque miope en una agenda radical que es ofensiva para muchas culturas y hace descarrilar el acuerdo sobre las prioridades de salud de la mujer”.

Los derechos humanos y geopolítica maltusiana

Un comentario muy acertado sobre la concepción torcida de la ONU sobre los derechos humanos fue publicado el 27 octubre en el blog del abogado español, Jaime Urcelay, titulado, “La Declaración del Consenso de Ginebra, ¿un punto de inflexión en los derechos humanos?” afirma:

“Tales abusos se proyectan en diferentes ámbitos, siendo uno de los más relevantes el de la definición internacional de los derechos humanos. El caso paradigmático es el de la protección de la vida humana y su violación a través del aborto, amparado en el famoso “acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva”. Una estrategia cuyo origen se remonta al año 1994 y la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo -reconducida gracias a ese titán de la defensa de la vida que fue Juan Pablo II-, presentándose ahora entre las Metas para el 2030 de los omnipresentes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, en concreto del 3 y el 5.

“La realidad es que, más allá de la buena fe -o la inocencia- con la que la mayoría ha acogido los ODS, dicha Meta se está utilizando, por ejemplo, para imponer el aborto en los países en desarrollo, muchas veces a través de esa forma de sucio neocolonialismo que supone la concesión de ayudas internacionales a cambio de imposiciones ideológicas en las políticas nacionales”.

Y es que en los últimos tiempos lo que hemos visto promover por la ONU y por las grandes asociaciones de ONG y opulentas fundaciones de la oligarquía internacional, es una verdadera geopolítica del aborto, de igual dimensión que otras realidades incorporadas al sistema de poder maltusiano, el más evidente, indudablemente es el ambientalismo-indigenismo, inflado con la finalidad de controlar recursos  naturales, e impedir el pleno desarrollo económico de los países que representan tres cuartas partes de la población mundial.

El Consenso de Ginebra, intercepta, un momento crítico post pandemia en que es evidente que las naciones, especialmente las menos desarrolladas, se sienten impelidas a buscar su progreso, y romper las dos vertientes entrelazadas del neocolonialismo ambientalismo y aborto, será fundamental.

 

Después de la caída del Muro de Berlín dando fin a la Guerra Fría, un nuevo colonialismo, que empezó a emerger durante la década de 1960s, se presentó camuflado en disfraces humanistas – derechos humanos, ambientalismo, indigenismo, derechos identitarios – pero cuyo propósito era minar las estructuras de los estados nacionales para incapacitarlos en la defensa de sus recursos naturales y humanos. Esto que dio en llamar Un Nuevo Orden Mundial, creó en los últimos 40 años desgracias quizás mayores que el colonialismo clásico de siglos pasados, inclusive dentro de las propias naciones industrializadas forzadas a recibir millones de refugiados económicos.

En el contexto del presente quebrantamiento del orden mundial, se hace necesario, forjar entre las naciones afectadas  alianzas políticas retomando  el espíritu de la reunión de Bandung, realizada en Indonesia en 1955 cuando 27 países del llamado Tercer Mundo se reunieron proponiendo un tribunal para la descolonización y elevando los principios de la autodeterminación de las naciones, muchas de las cuales recién liberadas del dominio colonial europeo. Esa fue la semilla que años más tarde vio nacer al Movimiento de los Países No Alineados que trataba de escapar de la obligación y alineamiento con uno u otro de los dos bloques  de la Guerra Fría, para concentrarse en la tarea de establecer  un nuevo orden mundial más justo.

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