Transparencia y “cuentas abiertas” para las ONG

MSIa Informa, 20 de noviembre de 2020.-El periódico brasileño, O Estado de São Paulo del 9 de noviembre informó que el Consejo Nacional de la Amazonía Legal, presidido por el vicepresidente Hamilton Mourão, pretende elaborar un marco reglamentario para controlar las actividades de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que actúan en la cuenca del Amazonas.

Uno de los objetivos del plan, según un documento obtenido por el periódico, es “garantizar el predominio de los intereses nacionales sobre los individuales y los políticos”, con el fin de “obtener el control de 100 por ciento de las organizaciones no gubernamentales presentes en la Región Amazónica en 2022, para autorizar tan sólo a las que atiendan los intereses nacionales”.

El reportaje informa que la propuesta no era conocida por todos los miembros del Consejo y que algunos de ellos recelan que los trabajos de la entidad pudiesen ser perjudicados por las repercusiones negativas de la idea (el mismo hecho de que el documento haya sido filtrado denota el tipo de reacciones que la tramitación podría enfrentar).

Según los abogados Aline Gonçalves de Souza y Eduardo Pannunzio, del Grupo de Investigación de organizaciones de la sociedad civil de la Fundación Getulio Vargas, la propuesta del Consejo es inconstitucional y sólo la rama judicial puede suspender o disolver una ONG. Además, afirman, el Ejecutivo no podría delimitar el concepto de interés nacional.

“Para la Constitución, la protección del ambiente es un interés nacional. Atribución no sólo del gobierno, sino de la sociedad. Las organizaciones tal vez tengan un historial mejor que la del gobierno en la defensa del ese interés nacional”, dijo Pannunzio. “Presentar otra visión sobre el desarrollo económico de la cuenca del Amazonas no es una prohibición (para crear una asociación o fundación). Tener una opinión contraria a la del gobierno no es ilícito”, sostuvo su colega.

Representantes del aparato ambientalista-indigenista también se manifestaron. La portavoz de Políticas Públicas de la omnipresente, Greenpeace, Luiza Lima, afirmó que el gobierno expresa desde hace tiempo el deseo de limitar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales: “Por desgracia, estamos ante los inicios de lo que el gobierno de Bolsonaro no puede tolerar los preceptos elementales de la

Ese mismo día, para mostrar su enorme capacidad de movilización, el aparato intervencionista divulgó un manifiesto firmado por 100 ONG, en el que rechazan la propuesta con un fuerte ataque al Consejo, acusándolo de ser un “colegiado inepto”:

“(…) Es gravísima y repugnante la información de que, en reuniones oficiales y que involucran a un gran número de ministerios, integrantes del actual gobierno presenten de forma expresa la propuesta. La Constitución brasileña veda cualquier tipo de interferencia del Estado en la creación, en el funcionamiento o en las posiciones de las organizaciones de la sociedad civil brasileñas. Es clausula pétrea la autonomía de la sociedad civil así como la libertad de prensa y la libertad económica. Las propuestas citadas en el reportaje, y constantes en documentos de circulación interna del gobierno únicamente encuentran parámetros en otros regímenes autoritarios del mundo, en los cuales las libertades de prensa, de libre expresión y de asociación fueron suspendidas para abrir espacio a las autocracias dictatoriales (…).

“El Consejo Nacional de la Amazonia Legal, colegiado inepto, sin participación social y de resultado casi nulo en la defensa de los bosques tropicales, debería presentar al país algún plan para la disminución de la deforestación. En lugar de eso, lo que vemos es la confección de un plan para silenciar a los críticos del gobierno y para sofocar la democracia”. Observatorio del Clima, 9 de noviembre de 2020″.

El mejor horizonte para Brasil sería aprobar una legislación semejante a la aprobada por Rusia, que obliga a las ONG extranjeras y nacionales que reciben recursos externos a registrarse como “agentes extranjeros”, o a la ley de “organizaciones indeseables”, que impone duras restricciones a las actividades de dichas entidades y que ya expulsó a varias de ellas de su territorio, entre las que destacan el Open Society Institute del mega especulador George Soros, el National Endowment for Democracy (NED) estadounidense y las fundaciones MacArthur y C.S.Mott, ambas financiadoras de ONG que operan en prácticamente todos los países de Iberoamérica.

Sin embargo, sin llegar al extremo de prohibir las actividades de ellas, es posible -y muy deseable- establecer criterios legales que exijan la plena transparencia de los recursos financieros, en especial de los recibidos del exterior. Algunas ONG ya hacen eso en parte; divulgan anualmente sus balances financieros, y sus donantes. Pero la necesidad de detallar los recursos y su destino dejaría perfectamente claro su carácter de “agentes extranjeros”, sin precisar de una legislación específica. Otras, sin embargo, mantienen un silencio ensordecedor sobre su financiamiento, y entre ellas destaca la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), también de Brasil.

El gobierno puede determinar lisa y llanamente la suspensión de todas las aportaciones de empresas del Estado, como Petrobras y otras, a las ONG que, abiertamente actúan en campañas contra obras de desarrollo y de infraestructura. Esto sin necesidad de mayores formalidades jurídicas.

Cualquier acto legal contra tales entidades debe incluir la prohibición del secreto bancario y fiscal contra ese tipo de organismos.

El talón de Aquiles financiero de las ONG ha sido señalado por el periodista Lorenzo Carrasco, en su comparecencias ante la Comisión Parlamentar de Investigación (CPI) de las organizaciones no gubernamentales del Senado, en 2001, y nuevamente en otra CPI en 2016. En ambas ocasiones argumentó que, por la naturaleza y por su influencia, tales entidades no se podían considerar como meras entidades de derecho privado y, por lo tanto, deberían someterse a un régimen jurídico específico, con una transparencia absoluta de sus ingresos y el destino de sus recursos.

En otras palabras: las ONG deben tener sus cuentas abiertas, así como se les exige a los órganos públicos, excepto para gastos de seguridad nacional.

Un ejemplo de lo que un gobierno puede hacer con tal información sobre el origen y el destino de los recursos de las ONG fue ofrecido recientemente por el presidente mexicano, Andrés López Obrador, quien denunció públicamente a la quinta columna local del aparato intervencionista, movilizada contra el proyecto del Tren maya, la mayor iniciativa de infraestructura del país en décadas.

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