Los temores en Estados Unidos sobre la nueva ley de seguridad de México

MSIA Informa, 23 de diciembre de 2020.-La aprobación por el Congreso Nacional de México de la nueva ley de Seguridad Nacional, la cual reglamenta las actividades de agentes extranjeros presentes en territorio nacional, provocó una respuesta airada de algunos sectores del grupo de poder estadounidense. La aprobación de la ley en régimen de urgencia el pasado 15 de diciembre, fue la respuesta institucional a la prisión arbitraria del General Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa, arrestado en octubre en el aeropuerto de los Ángeles, por la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA), acusado sin prueba alguna de actividades de narcotráfico.

La nueva legislación busca frenar las actividades de esa y otras agencias de seguridad que han venido actuando indiscriminadamente al margen de las autoridades de seguridad nacional, en el combate al narcotráfico, real o figurado. La nueva ley sencillamente exige compartir informaciones con las autoridades federales, que deberán supervisar continuamente sus actividades, además de eliminar la inmunidad diplomática.

Para decirlo em pocas palabras, lo que se le ha impuesto a México es una real limitación de soberanía.  Esto se inició a partir de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), en enero de 1994 que subordinó al país al Nuevo Orden Mundial. Con tal acuerdo, México se convirtió en un virtual apéndice norteamericano, no solo en el área económica sino también, paulatinamente, en los aspectos de seguridad para mantenerlo bajo el paraguas estratégico de los Estados Unidos, permitiendo el paso libre de sus agencias federales la DEA y el FBI en territorio nacional, en claro menoscabo de la soberanía y de las instituciones nacionales.

Este paso tendiente a recuperar la soberanía territorial en los asuntos de defensa y de seguridad causó una ola de protestas de representantes del “establishment” oligárquico de los Estados Unidos, encabezada por los periódicos The New York Times y Wall Street Jornal (WSJ). Este último, vocero predilecto de los intereses financieros de Wall Street, publicó en su edición del 16 de diciembre, un día después de la aprobación de la ley, un artículo firmado por su editor de América Latina, Santiago Pérez y por su corresponsal para América Latina, José Córdoba, en el que se asienta que “el partido gobernante del presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó una nueva ley que frena el papel de los agentes extranjeros en México, una medida que Estados Unidos cree que paralizará los esfuerzo bilaterales para acabar con los poderosos carteles de la droga”.

En otro trecho tratan de explicar que la causa de la ley se debió a “la impactante detención del general Salvador Cienfuegos” que “llevó a López Obrador a cuestionar el papel de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos describiéndola como una agencia deshonesta que pisotea la soberanía nacional”. El artículo del WSJ directamente culpa a las Fuerzas Armadas de lo que juzgan una ley severa contraria a los designios de Washington, “el arresto del general Cienfuegos despertó pasiones nacionalistas antiamericanas en las Fuerzas Armadas”, afirma.

En la misma línea el diario The New York Times se manifestó, según el sitio electrónico Infobae del 16 de diciembre, “Bajo la condición de anonimato, un alto oficial estadounidense aseguró al rotativo que la legislación paralizará las investigaciones que estaban en curso, al tiempo que destacó que ‘la violencia y el flujo de drogas hacia el norte de Estados Unidos podrían aumentar’”.

El principio de la supranacionalidad

Pero, definitivamente, más significativa fue la reacción del Procurador General de los Estados Unidos, William P. Barr, (pocos días antes de dejar el cargo), quien en un inusitado comunicado de prensa emitido por su oficina el 11 de diciembre, cuando el proyecto de ley aún estaba en discusión, afirmó: “Nos preocupa que la legislación que se está tramitando en el Congreso Nacional, hace que la cooperación entre nuestros países sea más difícil”. Y con énfasis, agregó, “La aprobación de esta legislación solo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales trasnacionales, y otros criminales contra los que estamos luchando conjuntamente”.

Sin duda, Barr tiene una larga historia en las operaciones secretas del aparato de seguridad estadounidense desde por lo menos 1989, cuando ocupo por primera vez un puesto en la Procuraduría General, en la presidencia de George W. Bush (1989-1993). En la época, él era el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y adjunto del Procurador General, Richard Thornburgh, autor intelectual de un principio intervencionista que justificaba la detención de dirigentes extranjeros sin autorización de los respectivos estados, en violación abierta de todos los principios de soberanía y no intervención que rigen el Derecho internacional, el cual quedó conocido como la “Doctrina Thornburg”. En realidad, el arresto del general Cienfuegos, en octubre pasado, aconteció bajo ese principio de supranacionalidad que se estableció en el nacimiento del Nuevo Orden Mundial proclamado por el presidente George Bush a partir de la invasión de Panamá en diciembre de 1989 y la Guerra del Golfo contra Irak entre agosto de 1990 y febrero de 1991.

Con ese principio intervencionista, el gobierno de Bush padre justificó la orden de arresto contra el presidente de Panamá Manuel Antonio Noriega.

De 1991 a 1993, Barr, fue Procurador General con el presidente Bush padre, periodo en el cual asesoró al presidente para conceder el indulto de algunos funcionarios involucrados en las operaciones secretas del denominado, Irán-Contras; esta fue una compleja maniobra clandestina, auspiciada por la CIA y la DEA que facilitaba el intercambio de drogas ilícitas por armas, realizada por carteles del narcotráfico en México entre 1985 y 1986 durante el gobierno del presidente Ronald Reagan. Entre los 6 funcionarios perdonados estaban el ex secretario de Defensa, Garpar Weinberg, el ex Asesor de Asuntos Estratégicos, Robert C. McFarland y el neoconservador Elliot Abrams, ex Sub Secretario de Estado para Asuntos Interamericanos. (https://pt.wikipedia.org/wiki/William_Barr)

La investigación de la operación Irán-contras mostró una manera muy peculiar del financiamiento de las actividades de un gobierno paralelo con capacidad para burlar cualquier supervisión del Capitolio. En síntesis, era un intercambio de drogas por armas para favorecer a un país como Irán (sometido a un embargo desde 1979), y a cambio financiar el movimiento insurgente de los Contras que buscaba derrocar el régimen Sandinista en Nicaragua. Toda esa intrincada estructura comenzó a ser construida durante el gobierno de Ronald Reagan teniendo en el mando al vicepresidente George Bush, quien había fungido como director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). El propio William Barr, fue reclutado a la CIA desde sus tiempos estudiantiles entre 1971 y 1977. (https://es.wikipedia.org/wiki/Implicaci%C3%B3n_de_la_CIA_en_el_tr%C3%A1fico_de_drogas)

En su ensayo, La Invasión estadounidense de Panamá, una evaluación desde el punto de vista del derecho internacional, el afamado jurista alemán, Friedrich August von der Heydte, autor entre otras obras de, El nacimiento del Estado Nacional soberano, y de la Guerra Irregular Moderna, denuncia que, en la invasión, y la prisión del presidente Manuel Noriega además de “violar todo concepto de derecho internacional”, el gobierno del presidente Bush actuó por razones políticas. “Parece obvio, además, que el general Noriega tenía amplios conocimientos de las actividades de los servicios de inteligencia y también de actividades simplemente ilegales – tales como el asunto de los Irán y los Contras – de varios presidentes estadounidenses. A todas luces la intención era substituir un accesorio inconveniente – especialmente con relación a las anteriores actividades del presidente Bush – con gente menos conocedora, más dócil, a la cabeza del gobierno panameño”. (Revista Benengeli – Primer trimestre 1991).

Verdades inconvenientes del combate al narcotráfico

El servicio de información Infobae en un boletín del 5 de marzo pasado publicó un reportaje sobre uno de los episodios más dramáticos de la zona de sombras entre la lucha contra el narcotráfico y las actividades clandestinas y las agencias estadounidenses: el asesinato en México del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.

De acuerdo con la nota. “Después de 35 años del asesinato del agente de la DEA, Enrique ‘Kiki’ Camarena, el diario estadounidense USA Today aseguró en un artículo escrito por Brad Heath, que las autoridades norteamericanas están investigando nuevas pruebas que señalan que el agente fue traicionado por un oficial de la DEA y un agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) coludidos con el narco.”  De acuerdo con las palabras de Brad, “fue entonces que las autoridades federales volvieron a investigar a los testigos quienes señalaron que funcionarios estadounidenses recurrieron a algunos integrantes del Cártel de Guadalajara para ayudar a armar y equipar ilegalmente a rebeldes que luchaban contra el gobierno sandinista en Nicaragua, caso que se conoció como el ‘Irán-contra’”.

El reportaje prosigue, “El resultado fue una mezcla turbia de tráfico de drogas, corrupción y lucha contra el crimen en Guadalajara, Jalisco.”

(https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/05/a-35-anos-del-asesinato-de-kiki-camarena-nuevas-sospechas-reviven-un-caso-que-marco-el-rumbo-del-narco-en-mexico/)

Este tipo de operaciones secretas promiscuas con los carteles del narcotráfico se convirtió en una tónica; por ejemplo, entre las más conocidas está la denominada, Rápido y Furioso,  una pieza central en el conjunto de acciones realizadas entre 2006 y 2011 por la DEA, y la ATF (Agencia de control de alcohol, tabaco armas de fuego y explosivos), que, aparentemente, sin el conocimiento del gobierno mexicano, permitió la entrada ilegal de armas para abastecer a los carteles mexicanos de las drogas. La participación de la DEA la admitió quien fuera su director en la época, Michele Leonhart, ante una comisión especial del Congreso norteamericano.

Por eso la nueva Ley de Seguridad de México es una medida necesaria para reestablecer, la soberanía del país en los acuerdos que impliquen la participación de agentes de seguridad extranjeros.

Además, también podrá ayudar a combatir los acuerdos espurios de aquellos  con los narcotraficantes, ya que los carteles tienen libre el camino para mantener los enormes movimientos de lavado de dinero en las instituciones financieras de los Estados Unidos, resguardas en Wall Street, y los paraísos fiscales alrededor del mundo;  al mismo tiempo pueden recibir libremente armas de guerra que le otorgan poder de fuego para enfrentar a las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, sometidas a la cruenta tarea  de tratar de enjuagar el  hielo.

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