Le mueven el tapete al cabildo de los derechos humanos

MSIa Informa, 4 de septiembre de 2020.-En una acción inusitada  en la historia de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro  actual secretario general, vetó al brasileño Paulo Abrão para asumir un nuevo mandato al frente de la secretaria general de la intocable, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por conducta impropia y sin que el referido órgano haya realizado la investigación pertinente de las irregularidades denunciadas, lo que pone en evidencia un curioso criterio doble de parte de los paladines en la defensa de los supuestos derechos humanos.

El abogado Paulo Abrão  fue nombrado en esa posición en 2016 con el pleno respaldo de la aquilatada mafia internacional de los derechos humanos. Antes de asumir tal cargo,  sus funciones en Brasil fueron destacadas amparado por el gobierno del Partido dos Trabalhadores (PT), y de grupos influyentes que militan en la esfera del Consejo Mundial de Iglesias, dedicados a preservar los derechos humanos ad hoc. Fue presidente de la denominada Comisión de Amnistía de Brasil, organizada por el cardenal Evaristo Arns,  Secretario Nacional de Justicia,  y más tarde  Secretario Ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur.

En el mes de agosto tendría su mandato renovador en la CIDH para el periodo que va hasta 2024.  Pero el secretario general de la OEA, el 15 de agosto pasado,  día que expiraba el contrato vigente de Abrão, informó a la CIDH su decisión de “no avanzar en el proceso de nominación del secretario ejecutivo”

La decisión desató un torrente de críticas no únicamente de entidades activistas de los derechos humanos, sino de autoridades encumbradas . El Alto Comisionado de los derechos humanos de Naciones Unidas, dirigido por Michelle Bachelet, el 27 de agosto, declaró que la disputa puede socavar la “independencia” de la CIDH, y alertó que “causa daños a la reputación de la OEA”.  En el mismo sentido se manifestó el director de Americas Right Watch (HRW), José Miguel Vivanco, “el uso de una investigación administrativa como pretexto para minar la autonomía de la CIDH amenaza la credibilidad de una institución vital”, afirmó.

No obstante, el golpe dado al “prestigio” de la CIDH fue rápidamente  sentido. El 30 de agosto 10 ex cancilleres de América Latina, cada uno de ellos muy comprometido con la diplomacia ad hoc de los derechos humanos, emitieron un documento de protesta .

” Rechazamos cualquier interferencia en el proceso de nominación del Secretario Ejecutivo. Esas atribuciones son esenciales para que la CIDH pueda cumplir su mandato con independencia y autonomía”, dice la nota de los ex cancilleres.

El documentos fue firmado por: Jorge Taiana (Argentina); David Choquehuanca (Bolivia); Celso Amorim (Brasil); Guillaume Long (Ecuador); Ricardo Patiño (Ecuador); Hugo Martínez (El Salvador); Fernando Carrera (Guatemala); Patricia Rodas (Honduras); Jorge Lara Castro (Paraguay) y Rodolfo Nin Novoa (Uruguay).

Por su parte, el avispero de las ONG también se manifestó . Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional declaró que “, “Nos unimos al llamado de 390 organizaciones de derechos humanos para que se respete su autonomía e independencia. Consideramos urgente se respeten las normas del debido proceso, tanto para la renovación del mandato del Secretario Ejecutivo de la CIDH, como para atender debidamente los señalamientos sobre irregularidades internas,”

Ate la presión para que Abrão fuese ratificado, el secretario general de la OEA, Luis Almagro emitió el 28 de agosto una fuerte declaración informando de los vergonzantes motivos que impedían  a Abrão continuar al frente de la secretaria general de la CIDH.:

“Reitero, asimismo, que de ninguna manera incorporaré o reincorporaré a ninguna persona sobre la cual penden 61 denuncias. Más allá de la presunción de inocencia es desconocer la gravedad que tienen estos hechos y que la CIDH tuvo más de un año para materializar esa presunta inocencia trasladando lo informado por la Ombudsperson a las instancias de la OEA correspondientes.

Agregando, “Por el contrario, los Comisionados luego de ser informados al respecto, incluso por mi persona, en lugar de buscar el más pronto esclarecimiento de los hechos denunciados (a saber: conflicto de interés, tratos diferenciales, retrocesos graves en la transparencia de los procesos, retaliaciones y violaciones al código de ética, impunidad para denuncias de acoso sexual, por mencionar algunas) procedieron en forma prácticamente inmediata a expresar su voluntad de renovar por un nuevo período al entonces Secretario Ejecutivo.”.

La farsa de los “derechos humanos”

La protesta generalizada  por la determinación del secretario general de la OEA, no es para menos,  ya que en realidad lo que se resquebraja, es una era en que la diplomacia del poder anglo-americana hacia el hemisferio, desvirtúo  el contenido de un tema tan vital para la dignidad de la persona humano, los derechos humanos, convirtiéndolo  en un atributo circunstancial  para ser usado como un arma de intervención  contra instituciones fundamentales del Estado nacional soberano.

La maniobra iniciada en la geopolítica  de la Comisión Trilateral en el  gobierno de Jimmy Carter (1977-1981), con la finalidad de desestabilizar a las naciones del continente que juzgaba contrarios a las ambiciones de Washington, fue ampliamente incorporada en el programa del Nuevo Orden,  proclamado por George Bush (1989-1993),  hoy en declive.  Dicho programa, fue promovido, hasta hoy día, por las grandes y opulentas fundaciones privadas y cuasi oficiales del  “Establishment”, a ejemplo de la Fundación Ford y la colección de institutos de la “Sociedad Abierta”  del mega especulador George Soros,  y por una variedad de ONG, entre ellas, las ya citadas, Human Rigths Watch y Amnistía Internacional la de mayor abolengo.

En este contexto, la CIDH dejó atrás el su origen y fue controlada por la agenda establecida por esos intereses, razón por la cual en el momento correspondiente puso como principal blanco de ataque a las Fuerzas Armadas. Al pasar del tiempo  se fueron sumando otras demandas previamente establecidas por los grupos de poder portadores de un programa neocolonial supranacional: derechos para la mujer, aborto, causas indigenistas y ambientalistas, y otras que puedan ser inventadas  en la denominación genérica de la agenda identitaria.

Desde hace tiempo los gobiernos del continente , sintiendo el peso de esa política, se han manifestado  contrala intromisión cada vez más audaz de la CIDH y de otras entidades internacionales, en asuntos de la soberanía exclusiva de los Estados nacionales, entre ellos Brasil, Colombia, Uruguay,  que en la crisis actual también se expresaron.

Por otro lado, Inclusive, el 28 de agosto pasado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador al denunciar a un grupo de entidades ecologistas internacionales interesadas en frenar programas de infra estructura  en el país, afirmó  “Se disfrazan por dinero, de ambientalistas, se disfrazan también por dinero de defensores de derechos humanos, y al final es un asunto de lucha de poder en los económico, en lo político”, afirmó. (ver nota anterior).

Sería el momento en que ante el quebranto económico- institucional, producido por la pandemia  del covide 19, el  repudio  se transformara en una acción diplomática continental para reestructurar el orden hemisférico en beneficio de los intereses históricos  de la región.

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