Ensayos del orden supranacional en Guatemala y México

Sesenta años después del golpe de Estado que derrumbó al presidente Jacobo Árbenz Guzmán, acontecimiento que estrenó la Guerra Fría en el Hemisferio Occidental, Guatemala vuelve a ser la víctima de otro modus operandi colonial, esta vez el golpe tiene el mote de “democrático”, y culminó a principios de septiembre pasado, con la destitución y encarcelamiento del presidente de Guatemala Otto Pérez Molina, acusado de corrupción, quien certeramente calificó la maniobra de un “golpe suave”.

El golpe asestado a Otto Pérez Molina electo en 2012, fue encabezado por el gobierno de Barack Obama, una comisión especial de la ONU, por sus siglas Cicig, que proporcionó las pruebas para el juicio, y un conjunto de ONG. Curiosa alianza que compone los elementos básicos de ejecución del así denominado soft power (poder suave), que en paralelo con el hard power (poder duro) entraron al repertorio de los geopolíticos norteamericanos en las últimas décadas, una combinación balanceada aplicada de acuerdo a las condiciones especificas.

Lo que le preocupa al poder en Washington no es la corrupción que de antaño su diplomacia incentivó en Centro América y si el conato de soberanía que intento protagonizar el general retirado Pérez Molina. Todo indica que no él no fue el tipo de, “es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta” como el presidente norteamericano Dwigth Einsenhower en su cinismo se refería al dictador Rafael Trujillo de la República Dominicana.

En una entrevista con la cadena CNN transmitida el 9 de marzo, desde la cárcel, el ahora expresidente acusó: “La Cicig ha sido un instrumento que ha servido a otras personas, hoy lo estoy viendo como una injerencia de Estados Unidos» Y explicó: «Están como calcados los pasos que se dan: hay que levantar la indignación de la gente, buscar motivos como los temas de corrupción, sacan una lista de temas y al ver las fases, es casi calcado lo que pasó en Guatemala».

Aunque los Estados Unidos siempre ha maltratado a esa región del continente tratándola a la manera de la peor parte de su patio trasero, con los últimos acontecimientos muestra nuevamente que está presente la opción de atrincherarse en el Hemisferio Occidental, ante el retroceso estratégico global que viene sufriendo.

Así, al conseguir el derrocamiento de un Presidente, en este caso el de Guatemala, sin el costo político internacional, la oligarquía anglo-americana, sienta un precedente para hacer valer la soberanía limitada, y de hecho incorpora en su política externa hacia la región la modalidad de la lucha contra la corrupción y la impunidad, que aunque tengan causas reales de descomposición política, son un buen pretexto intervencionista.

La prosperidad puede esperar las reglas de “nuestra” democracia no

 

Que la comisión especial de la ONU, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) persiguió la cabeza del presidente Otto Pérez ni duda cabe. Consumado el objetivo el jurista español Carlos Castresana, quien por encargo de la ONU dirigió la Cicig hasta 2010, en una entrevista con la periodista Carmen Aristégui en la cadena CNN afirmó que fue precisamente esta comisión la que junto con el Ministerio Público acusó al ex-presidente Otto Pérez Molina de ser la cabeza de una red de fraude aduanal que operaba en la Administración Tributara.

La Cicig fue creada en 2007 a pedido del gobierno guatemalteco para ayudar en la lucha contra la corrupción, y la impunidad que cundía y tocaba asuntos de seguridad. En 2014 el nuevo presidente del país, Pérez Molina manifestó que no extendería los trabajos de la comisión para un próximo periodo, por no haber cumplido uno de sus propósitos que era capacitar a los órganos nacionales respectivos.

En el contexto de una reunión que el vicepresidente de los EU Joseph Biden tendría en Guatemala para evaluar la ayuda de la Alianza para la Prosperidad, el presidente guatemalteco manifestó que repudiaba que se condicionara la ayuda a la prolongación de los trabajos de la Cicig. En declaraciones al diario Prensa Libre del 4 de marzo instó a formar un frente común para rechazar los chantajes de Wsahington:

“Nosotros continuamos con el proceso -de evaluación- que hemos establecido cuando se habla de programas como el de la Alianza para la Prosperidad, nosotros asumimos responsabilidades también, pero una cosa es asumir responsabilidades que son compartidas y diferenciadas, y otra cosa son imposiciones, imposiciones, estoy seguro, ninguno de los tres países va a aceptarlas, aquí la Cicig no fue una imposición fue una solicitud que se hizo en el tiempo de Alfonso Portillo”.

Basto externar una prerrogativa de soberanía para recibir a cambio un intensó tiroteo disparado por Washington y por el cabildo internacional de guardianes de la democracia, las consabidas ONG.

De acuerdo a relatos de la prensa y del propio Pérez Molina en la entrevista con la cadena CNN ya mencionada, fue el mismo Biden quien, ya iniciada la reunión de los presidentes que integran el Plan de la Alianza para la Prosperidad, condicionó abiertamente los planes de ayuda a la vida de la comisión por dos años más.

Según Prensa Libre del 5 de marzo, “Consultado el vicepresidente norteamericano por la prensa sobre si los aportes al país eran condicionados a la renovación de la Cicig, contestó: “Absolutamente. La Cicig debe ser prorrogada; claro es una decisión soberana, pero debe ser prorrogada si alguien espera que el Congreso de EEUU se sume a la iniciativa (el plan) haciendo compromisos de miles de millones de dólares». Ante esto, finalmente Pérez Molina se rindió a la presión y aceptó la permanencia de la Comisión que luego de hecho lo destituyó”.

Desde hace tiempo Washington y los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras negocian la ejecución de una tal Alianza para la Prosperidad del Triangulo Norte, con la finalidad de establecer programas dirigidos a frenar la vejaminosa emigración hacia los Estados Unidos. Se esperaría que fuesen acuerdos amplios de cooperación económica, vitales para acabar con la pobreza en esa región del continente. Pero tanto el Congreso de EU, como el propio Ejecutivo, le han dado largas al asunto, la creación de prosperidad se escamotea.

Ciertamente la batalla para acabar con los efectos desastrosos de la emigración debería contemplar la construcción de grandes obras de infraestructura, como la emprendida por Nicaragua con el Gran Canal, financiado por China. Cooperación que no existe en la esfera de influencia de los acuerdos de libre comercio exigidos por los Estados Unidos a sus aliados. De manera que lo que se ve es la firmeza de la histórica relación colonial.

Cierran el cerco

Para no dejar dudas de cuál era la voluntad asignada por Washington, el secretario de Estado, John Kerry y su equipo, comenzó su labor después de la capitulación del presidente guatemalteco. “Los Estados Unidos dan la bienvenida a la decisión del presidente guatemalteco Otto Pérez Molina para renovar el mandato de la Comisión por dos años más. Aplaudimos el liderato directo de Otto Pérez en la lucha contra el crimen organizado”. Así difundió el sitio prensalibre.com del 25 de abril un comunicado del Secretario de Estado, John Kerry.

Agregando, “El papel de continuación de la Cicig será promover los objetivos de Guatemala y los EU como se establece en el Plan de la Alianza Para la Prosperidad en el Triángulo del Norte”. Además, Kerry se jactó que el gobierno de EU ha contribuido con más de 25 millones de dólares en apoyo a los trabajos del Cicig.

Luego del triunfo, continuaron las bravatas, esta vez también dirigidas a los otros dos países miembros de la Alianza. En abril, Roberta Jacobson sub secretaria de Estado para Asuntos Hemisféricos, y el consejero Thomas Shanon, en una gira por El Salvador y Honduras, disparaban directo: “Sería inteligente para El Salvador y Honduras buscar un aporte o una ayuda de la comunidad internacional. Cada país tiene que determinar cuál será la estructura pero la Cicig funcionó bien”, sentenció Shanon.

Con el golpe consumado, el 9 de septiembre pasado, la subsecretaria de Estado para Asuntos de Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, en un panel de la conferencia anual organizada desde hace 19 años por la Corporación Andina de Fomento (CAF) junto con el Diálogo Interamericano (DI) y la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en Washington D.C. entre el 9 y 10 del presente, al referirse al momento de las relaciones EU-América Latina, aseguró que la caída del presidente guatemalteco, al igual que las manifestaciones en Ecuador, Argentina y Brasil, no son mal vistas en Washington.

Dijo que las protestas son “pacíficas y legítimas”. “¿Vamos a responder ante la oportunidad que nos dan los ciudadanos? ¿O acaso vamos a volver a hacer las cosas como siempre las hemos hecho?”.

Precisamente el Dialogo Interamericano fue creado en la década de los 1980 por intereses oligarcas a ejemplo de los de la familia Rockefeller, para restablecer las relaciones con el continente fracturadas en la Guerra de las Malvinas, convirtiéndose en la entidad pionera en darle vuelo a la novedad de la “soberanía limitada”, el libre mercado, el supuesto orden democrático, y otras demandas similares, para reemplazar paulatinamente la soberanía de los estados nacionales.

En el panel, que fue coordinado por el presidente del DI, Michael Shifter, la subsecretaria fue agresiva y franca:

“….Se tiene que hablar de la corrupción abiertamente y se tiene que institucionalizar la responsabilidad. Los gobiernos que no lo hagan perderán credibilidad, y serán sustituidos. El presidente Obama ha dicho justamente que la corrupción no es un delito que no tenga víctimas, vamos a trabajar con los gobiernos que coincidan con esto. Vamos a hacer que nuestra idea de ‘Asociación de gobierno abierto’ que se estableció hace cuatro años signifique algo”.

Antes de ocupar su cargo actual, Jacobson fue Directora de Planificación y Coordinación de Políticas en la Dirección de Asuntos del Hemisferio Occidental desde donde atendía las relaciones entre civiles y militares y los derechos humanos. Posteriormente fue sub-secretaria adjunta para asuntos relacionados con Canadá y México y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En la actualidad está nominada para ocupar la embajada en México, pero hasta ahora el Senado norteamericano no le ha dado su aprobación.

Por último debemos mencionar las actividades del tercer componente que intervino en el “golpe suave” de Guatemala. Citamos a manera de ejemplo, la participación de una ONG, denominada Plataforma Holandesa contra la Impunidad en Guatemala, que agrupa a diversas entidades semejantes de los países bajos. Destaca Hivos Impunity Watch, creada en 2008, co fundada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda.

Además tenemos al National Endowment for Democracy (NED), (Fundación Nacional para la Democracia) patrocinada y financiado por el Congreso Norteamericano, una especie de tropas de choque para resguardar la democracia. En el reporte anual de 2014 de entidades que financia en Guatemala, constan: la Acción Ciudadana, Asociación Civil Foro de Justicia Ambiental de Petén, Movimiento Cívico Nacional, Movimiento Nacional por la Integridad, Universidad Rafael Landívar. Algunos de estas abiertas participantes de las revueltas en apoyo a la permanencia de la Cicig. Por ejemplo, el Movimiento Cívico Nacional, encabezado por la diputada Gloria Álvarez, la nueva pop–star libertaria, neo liberal.

México en la mira

Hasta ahora no se conoce públicamente el por qué el nombre de Roberto Jacobson no ha prosperado para ser la embajadora en México. Pero que en México se asoman piezas del rompecabezas centroamericano no hay duda. Derechos humanos, la violencia de los carteles de la droga y la impunidad son las banderas que se agitan, también todas innegables. Y se les da el mismo peso de tiene el de la bandera contra la corrupción. ¿Y a dónde si dirigen y quién las empuña?

Resulta que el pasado mes de septiembre, después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) – organismo surgido del acuerdo formalizado entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes de las víctimas de Ayotzinapa y el Estado mexicano en noviembre de 2014-, publicara sus investigaciones en torno al caso, se desató una nueva ola de presiones nacionales e internacionales. El informe de la GIEI cuestiona la veracidad de las conclusiones de la Procuraduría General de la República (PGR) que asientan que los 43 estudiantes fueron incinerados en el tiradero municipal de la localidad de Cocula, cerca de Iguala, Gro.

Asesorados por un puñado de ONG, los padres de los 43 desaparecidos hicieron un pliego petitorio de ocho puntos, que de plano excede el esclarecimiento de los hechos –siempre necesario- y en el último punto plantea, una intervención supranacional de la ONU, exigiendo al Ejecutivo Federal que “requiera formalmente a la ONU la creación de una comisión internacional contra la impunidad, la corrupción, la violación de los derechos humanos y los conflictos de interés”.

Según los señalamos al inició, el jurista español Carlos Castresana, dirigente de la Comisión de la ONU para Guatemala, en la misma entrevista con la CNN, de paso también la enfilo sobre el caso de Iguala, México, enfatizando que el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no ha sido plenamente aceptado en México y justificó que por esta razón los padres de los normalistas han pedido la intervención de la ONU.

Sin bien es cierto que los últimos gobiernos mexicanos han sido impotentes –a veces cómplices- de resolver la problemática planteada, en el caso del brutal asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y de otras atrocidades, lo que se denota, es que se utiliza a manera de pretexto idóneo por connotados representantes del poderoso gobierno mundial con la finalidad de darle el tiro de gracia a la soberanía del país. En particular las baterías se han enfilado contra las Fuerzas Armadas, que al mismo tiempo son la presa de caza que desea devorar el Comando Norte del ejército norteamericano.

Mencionamos algunos de los tentáculos al servicio de lo que la oligarquía cataloga de “soberanía limitada”. Resulta que entre la delegación de expertos del GIEI, destaca la presencia del abogado chileno Francisco Cox quien alguna vez hubiera colaborado con en el Consejo de Justicia Internacional de la organización Human Rigths Watch (HRW), ONG ampliamente financiada por el megaespeculador George Soros.

Al referirse al informe del CIDH, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de HRW y ex-empleado asimismo de la CIDH dijo al respecto: “Las instituciones de justicia en el país necesitan escrutinio externo para evitar que se repita ese comportamiento vergonzoso”.

Poco antes de que el GIEI sacara su informe, la Open Society Justice International –organismo con sede en New York- dio a conocer el informe “Justicia Fallida en el Estado de Guerrero” a través de James Goldston su director ejecutivo y coordinador de la investigación

Aquí se plantea que el sistema de justicia de la entidad citada no es muy diferente a lo que ocurre en el resto del país.

Entrevistado por la revista Proceso, Goldston, quien también fuera directivo de la Corte Penal Internacional (CPI), dijo “la vinculación de las autoridades oficiales que deben implementar la justicia y el crimen organizado es un problema en extremo en Guerrero, pero también es un problema que existe en el resto del país”. Para elaborar este documento se contó con la participación de los Centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y el de la Montaña Tlachinollan.

Goldston afirmó que con este informe su organización pretende incidir en el sistema de justicia de Guerrero y es parte de un proyecto que iniciaron en el año 2012 y que incluye a otras entidades como Coahuila, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro y Guerrero.

La vinculación de la organización de Goldston con la Open Society Foundation es más que nítida, pues su página oficial en la internet, tiene un vínculo hacia esta Fundación cuyo fundador y “chairman” es precisamente George Soros. Dice en su página oficial que “The Open Society Justice Iniciative utiliza la ley para proteger y empoderar a la gente alrededor del mundo apoyando los valores y el trabajo de la Open Society Foundation”. Por cierto en la página de esta, se da el dato que la organización ha gastado más de 10 mil millones de dólares en los últimos 30 años en diferentes proyectos. ¿Será que estas entidades son los nuevos paladines de la defensa de nuestra soberanía?