El gran “reinicio” antimilitar de Soros & cia.

MSIa Informa, 25 de septiembre de 2020.– Al inaugurar  la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el pasado 14 de septiembre en Ginebra, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet,  se valió de la tribuna del  foro internacional, para convertirse en vocera oficiosa del temor que sobresalta a los poderes oligárquicos ante la creciente participación de las Fuerzas Armadas en funciones de gobierno de varias naciones de Iberoamérica. Como se sabe el desmantelamiento o la neutralización de la institución militar fue, desde el inicio, una de las exigencias del Nuevo Orden Mundial, proclamado por el entonces Presidente estadounidense George  H. W. Bush en 1991.

“En Brasil, así como en México, en el Salvador y en otros lugares estamos viendo un aumento de la participación militar en asuntos públicos y en la ejecución de la ley. Por más que se reconozca el contexto desafiador de seguridad, cualquier uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública debe ser estrictamente excepcional, con fiscalización efectiva”, afirmó Bachelet, en una clara  injerencia en asuntos soberanos de cada una de las naciones citadas.

Este tipo de intervención tolerada en el sistema de poder mundial actual, se sustenta en el sofisma de que los derechos humanos son menos respetados en la medida que crece la influencia de las Fuerzas Armadas. Cabe destacar que la ex-presidente de Chile, Michelle Bachelet, debe mucho de su carrera política al apoyo  recibido del mega especulador George Soros quien, mediante las actividades del Instituto de la Sociedad Abierta (Open Society Institute), ha sido un paladín de la política contra aquella  institución del Estado nacional.

El Instituto de Soros es un fuerte eslabón de la cadena de opulentas fundaciones y entidades gubernamentales de las potencias del Hemisferio Norte, que financian activamente  una innumerable cantidad de ONG para diseminar el apoyo popular a los programas de supranacionalidad del Nuevo Orden Mundial, muchos de los cuales cobijados dentro de de organismos específicos de la ONU, como el que representa Bachelet. En Iberoamérica, estos programas se diseñaron en instituciones como el Dialogo Interamericano (DI), y la Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy NED) vinculada al Congreso y al Departamento de Estado de los EUA.

El programa de desmantelamiento de las instituciones nacionales lanzado a partir de 1991, incluía entre otros:

La privatización de las grandes empresas estratégicas en las áreas de recursos energéticos: la imposición de un apartheid tecnológico en los  campos del desarrollo nuclear, espacial y de defensa, el ordenamiento territorial a través de la exacerbación de divisiones étnicas-raciales y del ambientalismo radical, cuya ambición es  imponer un régimen de “soberanía limitada” en las enormes áreas de riquezas naturales como la Amazonia y la Patagonia, la imposición de la agenda de derechos identitarios, ideología de género, derechos reproductivos como un eufemismo en defensa del aborto, racismo. En suma, el desmoronamiento de los valores culturales, espirituales y religiosos, singulares a la Iberoamérica mestiza.

Toda este programa que en gran parte se ha logrado cumplir, desviando los objetivos nacionales hacia las demandas identitarias de minorías creadas por una perversa ingeniería social, tiene prácticamente como única fuerzas institucional opositora a las Fuerzas Armadas que por su naturaleza están organizadas para la defensa de la causas nacionales.

Este guión inicialmente denominado  Proyecto Democracia fue paulatinamente impuesto a través de un bombardeo mediático en las tres últimas décadas, coludido con los grandes medios de comunicación de masas y los  gobiernos nacionales corruptos, susceptibles  a acomodarse a las exigencias de los poderes oligárquicos mundiales y al modelo neoliberal prevaleciente.

El surgimiento de la pandemia del COVID 19 evidenció la injusticia social y la pobreza aguda que trajo la globalización y su correspondiente modelo económico neoliberal. La hecatombe también descubrió  que ninguna restructuración económica, social y política será posible sin que el Estado nacional recupere plenamente las funciones soberanas que de si propio le corresponden. Es el momento en que el imperativo del Estado sea ponerse al frente de una movilización económica nacional sin precedentes, una auténtica movilización de guerra general para superar el colosal desafío.

Lo que exaspera al poder mundial es que las instituciones militares del continente debido a su origen, permanecen asociadas al ideal del Estado soberano, y por eso pueden ser el catalizador de los grandes cambios que el momento demanda. En paralelo, ante la ausencia  de proyectos nacionales  que ha caracterizado todo este periodo, las demás instituciones del Estado perdieron el rumbo, incluyendo a la burocracia estatal que se fue corroyendo presa en la corrupción. De manera que el choque real que tenemos es entre las Fuerzas Armadas y el orden político económico liberal.

La batalla comenzó

Una de los primeros golpes que sufrió la mafia de los derechos humanos a la que pertenece Bachelet fue la defenestración del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el brasileño Paulo Abrão – notable por ser uno de los cruzados contra las Fuerzas Armadas en Brasil y en América del Sur, por una decisión inédita del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en agosto pasado.

Las manifestaciones anti Fuerzas Armadas de la alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, fueron simultáneas a las realizadas por fieles escuderos de la agenda antimilitar del Nuevo Orden.

Así los ex presidentes de Brasil y Chile, Fernando Henrique Cardoso y Ricardo Lagos y sus respectivas asociaciones, la Fundación FHC y la Fundación Democracia y Desarrollo y el Instituto Internacional para la Democracia, con sede en Estocolmo, lanzaron un manifiesto, publicado el 14 de septiembre, titulado, “Cuidemos de la democracia para que ella no sea víctima de la pandemia”. Firmado por decenas de intelectuales y  políticos latinoamericanos, apenas esconde nerviosamente la preocupación por el regreso al continente de los proyectos nacionales soberanos, que ellos tildan de “populistas y autoritarios”.

Los tres ex presidentes tutores de la democracia y los supuestos derechos humanos, guardan relaciones estrechas con George Soros, y han sido patrocinados  con recursos de sus fundaciones. Tal vez melancólicos,  perciben que su labor de zapa para socavar las instituciones y la historia nacional de sus países está en jaque.

Como parte de este bulto contra las Fuerzas Armadas, el director de la Open Society para América Latina y el Caribe, el  brasileño Pedro Abramovay concedió una entrevista al periódico brasileño, O Globo el día 9 de septiembre pasado, para anunciar  un aumento de recursos de la entidad para su actividad en la región.  Abravamov, que ocupa esa posición en la organización de George Soros desde 2013, fue Secretario de Justicia del gobierno del presidente Lula da Silva, cuando participó de la elaboración del Estatuto de Desarme civil, abogó para legalizar del consumo de marihuana, e impulsó la agenda del genero.  Al dejar el Ministerio fue director de campañas de AVAAZ, la ONG electrónica más grande del mundo, dedicada a movilizar a la opinión pública en favor de las banderas ambientalistas, indigenistas e identitarias.

“La capacidad de construir el futuro en América Latina está mucho más en las manos de la sociedad civil”, sentenció, contraponiéndola al creciente protagonismo militar, especialmente México, Brasil, El Salvador y en menor medida Chile.

La “militarización” en México y Brasil

En un reportaje del informativo Infobae del 10 de agosto, titulado “El progresista AMLO, llevado por la necesidad, militariza México” afirma que nunca desde el final de los 1940s, “los uniformados” habían tenido tanta participación como en el gobierno actual.

“Contrariando todos los pronósticos, el presidente mexicano está implementando un profundo proceso de militarización de la sociedad, incorporando a las FFAA en funciones de gobierno que son propias de los civiles.” Agrega: “Sin duda el lector se habrá percatado al llegar a este punto de las similitudes entre AMLO y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro; aquel considerado un fiel custodio del progresismo, éste calificado como exponente de la derecha neoliberal”. Ambos “comparten también la decisión de otorgarle numerosas responsabilidades a los militares, que exceden ampliamente su rol tradicional. Bolsonaro le asigna a los militares brasileños en la salud, la seguridad interior, la política exterior, etcétera” afirma.

“Los militares mexicanos llevan ya casi dos décadas de pelea cuerpo a cuerpo con los poderosos carteles de las drogas que operan en el país (….) Entre las nuevas responsabilidades que el primer mandatario mexicano les asignó a los militares figura la participación en la construcción de dos tramos del Tren Maya, de 1.500 kilómetros, una de las principales obras de infraestructura de interconexión del país. Eso no es todo; la lista de responsabilidades cedidas es extensa. (Existen) numerosas obras y misiones en los que están empeñados los 62 mil miembros de las FFAA: el aeropuerto de Santa Lucía, el Banco del Bienestar, la remodelación de hospitales abandonados, la atención en la pandemia, el combate al huachicoleo (contrabando de gasolina), la vigilancia de las fronteras y el apoyo a la Guardia Nacional, la distribución de recursos de los programas sociales, (…) el reparto de fertilizantes y los puertos y aduanas, entre las principales”.

“El control de los puertos y las aduanas por parte de los militares mexicanos es la más reciente de las decisiones de AMLO y para muchos la más impactante por su magnitud e implicancias económicas y políticas. La motivación que expuso el Presidente fue poner fin a la corrupción y a los altos niveles de complicidad con actividades criminales ligadas al narcotráfico y al contrabando”.  Y agrega, “de hecho, lo único que le falta es el control de las telecomunicaciones”.

Haciendo segunda, el periodista Fernando Escalante Gonzalbo publicó en el diario Milenio del 20 de julio un artículo titulado, “Un soldado en cada hijo te dio”, en el que explica que “el recuento de las tareas que han asumido las fuerzas armadas es sorprendente. ​Es una novedad en México, pero tiene precedentes, es el modelo egipcio, el modelo pakistaní: en ese espejo tenemos que mirarnos para entender el futuro”.

Además en los primeros días de septiembre un General de División  fue nombrado director de administración y finanzas del prominente Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

De manera que sí la tendencia para consolidar las instituciones del Estado nacional continúa a través de la participación creciente de las Fuerzas Armadas en México y en Brasil y otros países de Iberoamérica no será tarea fácil mantener el poder de la globalización como pretende el Fórum Económico Mundial de Davos con su The Great Reset Initiative (El  gran reinicio), ni para los tentáculos de Soros y su gran “reset” antimilitar.

Su propuesta de “un nuevo pacto social” mundial, haciendo algunas concesiones a las atribuciones de los estados nacionales, en respuesta a los sombríos impactos económicos y sociales provocados por la pandemia del COVID-19, tendrá poco efecto en las decisiones que ya están en curso para mantener la integridad de las naciones.

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