El G-30 y la insolvencia de las empresas

MSIa Informa, 11 de febrero de 2021.-En lugar del 2020, el 2021 podría ser el verdadero “annus horribilis”. Es casi cierto, que lo será para centenas de miles, quizá millones de empresas a nivel mundial, particularmente, en los llamados países en desarrollo. En Italia, todos temen el día final de marzo, cuando muchas empresas de pequeño y mediano tamaño (PMEs) tendrán que tratar con sus deudas y terminará el plazo de congelamiento de los despidos, hasta ahora, bloqueados por una red de protección para millones de trabajadores. Pero, aunque el auxilio estatal se prolongara, y ahora todos esperan por esto, el problema resurgirá con más fuerza algunos meses después.

La brutal realidad de los hechos es que enfrentamos el peligro de despidos en masa y quiebra de negocios, en números nunca vistos después de la Segunda Guerra Mundial.

La pandemia generó una crisis de insolvencia por falta de mercados e ingresos y una montaña de deudas impagables, los llamados préstamos morosos (non performing loans, en el argot financiero).

“Esta crisis de solvencia difiere marcadamente de la crisis financiera global (2007-08), que se concentró en el sistema financiero y en los problemas de liquidez”. Esta afirmación es del estudio “Reviviendo y reestructurando el sector corporativo pos-Covid (Reviving and Restructuring the corporate sector post-Covid), recientemente divulgado por una organización bastante influyente, pero todavía poco conocida, el Grupo de los Treinta (G-30), organización privada internacional integrada por 30 de los financieros y economistas más influyentes del mundo. Se formó hacia finales de la década de 1970 por la Fundación Rockefeller y tiene el objetivo analizar las cuestiones económico-financieras más relevantes, a saber, las relativas a los mercados de capital y de cambios.

Entre sus actuales integrantes, además de varios ex-presidentes de bancos centrales, está el ex-presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, quien supervisó la elaboración del citado informe.

El estudioso destaca una tendencia muy peligrosa del aumento de la llamada deuda corporativa o deuda de las empresas, que ya venía desde mucho antes de la crisis de la pandemia de Covid-19, que, evidentemente, la agravó más. En todo el mundo, el endeudamiento del sector corporativo no-financiero pasó del 73% del PIB mundial, en 2007, hasta el 91% a inicios de 2020. Esto indica que, incluso antes de la pandemia, muchas economías ya se encontraban bastante vulnerables al stress financiero. Y, en el inicio de la pandemia, la deuda pública global era mucho mayor que en el 2007.

Comparando los períodos de 2007-07 y 2027-19, observamos que, globalmente, el crecimiento de los volúmenes de private equity (activos privados) y deuda privada superó el crecimiento del PIB en 51%, pasando de 58 billones de dólares hasta 88 billones.

El informe del G-30 destaca que las PMEs corren el mayor riesgo de incumplimiento. Ellas sufren mayores presiones financieras de las grandes empresas y, al mismo tiempo, tienen menos opciones de financiamiento, dependiendo en gran medida del sector bancario, al cual ya dieron garantías personales considerables para cubrir los préstamos obtenidos.

Mientras tanto, ellas representan la espina dorsal de la oferta de trabajo en el mundo. En Estados Unidos, en 2016, las empresas con menos de 500 empleados representaban el 47% de la fuerza de trabajo del sector privado.

En Europa y, principalmente. En Italia, este porcentaje es mucho mayor.

¿Qué hacer, entonces? El G-30 observa que la cantidad del estímulo fiscal global de los gobiernos llegó a 12 billones de dólares, en octubre de 2020.

Japón, por ejemplo, aprobó un paquete de impuestos igual al 21% de su PIB.

Consecuentemente, hay un cierto papel por parte del Estado, cuya intervención, sin embargo, afirma el documento, “no debe ser excesiva”. Por el contrario, indica no “simplemente ganar tiempo, concentrándose en la liquidez” para alimentar el sistema, sino “usar las competencias del sector privado para evaluar la viabilidad de las empresas”.

En suma, el G-30 teme que una política pública de ayuda excesivamente acomodaticia pueda favorecer el crecimiento de las llamadas “empresas zombis”, es decir, aquellas empresas fallidas que no logran cubrir ni siquiera los intereses de la deuda con los ingresos corrientes. Estas empresas, mantenidas vivas por subsidios y nuevos créditos distribuidos a mitad de la tempestad, sin un control más rígido, representarían una amenaza a los sectores de la economía que demostraran un buen funcionamiento.

En lugar de esto, el grupo afirma que la situación “puede exigir una cierta dosis de “destrucción creativa”, proponiendo la formación de instituciones ad hoc ad hoc como bad banks, para cobrar deudas corporativas malas. Tal vez, sea precisamente aquí que los especialistas del G-30 verían con placer la contribución del Estado –lo que suscita más que una cierta perplejidad.

Una fuerte contradicción salta en el documento. El recelo de que la crisis de insolvencia pueda afectar también al sector financiero y resaltando varias veces, repitiendo con vehemencia que “el gobierno pueda tener que intervenir para proteger o reforzar la capacidad del sector financiero de apoyar la recuperación económica”. El riesgo, o, mejor dicho, la certeza, de un desempleo en masa, con evidentes y peligrosas implicaciones sociales, es, al contrario, mencionado apresuradamente con referencias genéricas hacia la reconversión y hacia la transferencia de trabajadores. Esto dice mucho sobre la perspectiva en la cual el G-30 se mueve.

En conclusión, demuestra como la perspectiva nunca cambió, tanto después de la Gran Crisis de 2008, como en medio hacia la generada por la pandemia. Este, en realidad, es el verdadero problema que hemos enfrentado por mucho tiempo, profundizado por la pandemia.

En nuestra opinión, la salida verdadera y efectiva es una reforma financiera y una nueva arquitectura global más justa y multipolar. ¿Si no es ahora, cuándo será?

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