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Msia Informa
Luego de casi dos semanas de negociaciones, la 21ª Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre Cambios Climáticos (COP-21), en París, desbarró más de una vez en la cuestión primordial de definir qué países pagarían los programas de “combate” de los cambios climáticos supuestamente causados por las actividades humanas. Con representantes de más 180 países, se pretendía aprobar un acuerdo global de carácter obligatorio para imponer metas de reducción de emisiones de carbono para sustituir la actual extensión del Protocolo de Kyoto, que expirará en 2020.
En las horas finales de la conferencia, los delegados trabajaron sobre un esbozo de 48 páginas reelaborado por los anfitriones franceses. Sin embargo, a pesar de las declaraciones triunfalistas de los delegados, un hecho mostró las divisiones entre los países reunidos en la capital francesa: la nota divulgada por el G-77, bloque que representa actualmente a 130 naciones en desarrollo, con duras críticas a los países ricos y a la posición que adoptaron respecto al financiamiento “climático.” La portavoz del grupo, la embajadora sudafricana, Nozipho Mxakato-Diseko, distribuyó el comunicado con 17 párrafos de acusaciones contra los países ricos, acusándolos de violar los principios centrales de la Convención del Clima, por tratar de obligar a los países pobres a comprometerse al pago de los programas de adaptación a los cambios climáticos.
Según la diplomática, las naciones ricas han hecho repetidos intentos de introducir en el texto del acuerdo en discusión en París ciertas “condicionantes económicas” para comprometerse con el financiamiento de la adaptación y mitigación de los efectos climáticos. “Cualquier intento de sustituir la obligación central de los países industrializados de proveer apoyo financiero a los países no industrializados con diversas condicionantes económicas identificadas arbitrariamente es una violación del proceso multilateral y amenaza un resultado aquí, en París,” dice la nota (Adital, 8/12/2015).
Para el G-77, el financiamiento climático es una obligación legal e histórica de los países ricos, en términos de la Convención Cuadro de Naciones Unidas sobre Cambios Climáticos, pues sus emisiones históricas han creado la mayor parte del calentamiento global supuestamente observado en la actualidad. Por ello, para Mxakato-Diseko, no “es ‘ayuda’, o ‘caridad’, ni siquiera asistencia para el desarrollo.” Cabe destacar que la nota fue recibida con espanto por la prensa y por los delegados, ya que fue divulgada públicamente, y enviada por correo electrónico a más 3000 periodistas, como una forma de mostrar el profundo descontento del G-77 con el rumbo de las negociaciones (Observatorio del Clima, 3/12/2015).
Las naciones ricas siguen presionando en busca de ampliar el número de naciones que deberán financiar los proyectos de “combate” del calentamiento global en los países más pobres. Según las naciones centrales, el mundo cambió mucho desde 1992, de modo que algunos países con mayor renta per cápita del planeta son naciones en desarrollo –como China, Emiratos árabes y Catar –y, por lo tanto, estarían “en posición de contribuir.” Para la portavoz de la Unión Europea, Elina Bardram, la visión de que los compromisos de financiamiento deben reflejar el mundo como era en 1992 es una “retórica anticuada.”
A su vez, el G-77 calificó tal argumento de “narrativa simplista.” “Esa narrativa sirve a intereses nacionales estrechos y dice poco sobre la realidad,” afirma el comunicado del bloque, que cuenta con el apoyo de Brasil. Las naciones en desarrollo acusan a los países ricos de estar muy distantes de cumplir el compromiso de poner a disposición 100 mil millones de dólares anuales de 2009 a 2020 para financiar proyectos contra el calentamiento global en los países pobres, hecho en la COP-19 de Copenhague. Tal posición fue confirmada por el jefe de la División de Medio Ambiente del ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, quien aseguró que, hasta ahora, el Fondo Verde del Clima sólo cuenta con la décima parte de los recursos prometidos.
Sin embargo, el jefe de los negociadores de Estados Unidos, Todd Stern, cuestionó la crítica de los países no industrializados y afirmó que las naciones ricas estarían “muy lejos de no cumplir sus promesas.” Mencionó el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según el cual ya se habrían puesto a disposición por los países ricos 62 mil millones de dólares para tales fines. El G-77, sin embargo, afirma que ese número incluye préstamos y fondos antiguos emitidos como dinero para el clima, y que si la contabilidad se restringe a créditos nuevos y a fondo perdido, el monto cae brutalmente.
Hay que resaltar que dichas críticas se refieren exclusivamente a los fondos prometidos por los países ricos para entregarse de 2009 a 2020, puesto que en París no se anunció ningún acuerdo financiero para después de 2020. El G-77 alertó contra la estrategia de las naciones ricas de postergar al máximo el compromiso con el financiamiento del nuevo esquema mundial de corte de emisiones, con la intención de dividir la cuenta con los países emergentes.
Las declaraciones de Stern parecen confirmar los temores de los países no industrializados: “Nosotros apoyamos (el financiamiento continuo de 2020 a 2030) en el marco de los mismos criterios que en 2009, con varias fuentes de financiamiento y una base de donadores expandida, en la que los países en posición de hacerlo sean invitados a contribuir.
Independientemente del tenor del documento final de la reunión, el embrollo creado por la histeria climática sigue siendo el mismo: quién paga la cuenta de la mezcla de irracionalidad, de oportunismo y de intereses políticos, que comanda la pantomima de los cambios climáticos.
