Português
Msia Informa
Aún sin haber alcanzado un consenso nacional por no haber cumplido el compromiso del gobierno de incorporar las demandas exigidas por la oposición al acuerdo de paz original, reprobado por la población en el plebiscito del 2 de octubre, el presidente Juan Manuel Santos y la dirigencia de las FARC-EP, firmaron un nuevo acuerdo el 24 de noviembre en Bogotá. El nuevo acuerdo fue refrendado días después por el Congreso Nacional, donde la bancada gobiernista detenta la mayoría.
El presidente de Colombia corrió contra el tiempo para tener en manos un acuerdo antes del 10 de diciembre cuando recibirá en Oslo el Premio Nobel de la Paz, una franca concesión del gobierno de Noruega a pocos días del rechazo popular al acuerdo original. Además del ímpetu personal para salvar su biografía frente a los altos índices de rechazo popular que se manifestaron en el propio plebiscito, es manifiesta la propensión presidencial a alinearse a los designios del “establishment” angloamericano.
Quizá las esferas del poder mundial, le han prometido una proyección internacional post presidencia, siguiendo el ejemplo del buen trato brindado al ex-presidente Cesar Gaviria Trujillo, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) (1994-2004) un guardián de los intereses angloamericanos en el auge del llamado Nuevo Orden Mundial y, claro, un entusiasta del acuerdo Santos-FARC-EP.
Durante su segundo gobierno, iniciado en 2010 Santos se ha esmerado en ostentar su afinidad con la agenda oligarca de gobierno mundial, en detrimento de la soberanía de su país y de los de la región. Primero, abrazó el programa de preservación ambiental para crear un corredor geográfico denominado Triple A (Andes-Amazonas-Atlántico), una área de más de un millón y medio de kilómetros cuadrados que rodea partes de los territorios de Colombia, Venezuela y principalmente Brasil; verdadera celada para entregar los recursos ahí localizados a una administración supranacional. La descabellada propuesta fue cocinada por la entidad Gaia Amazonas, una ONG de la poderosa cadena ambiental-indigenista propiedad de la casa real de Windsor.
Otra prueba, es la misma premiación de Santos, a pesar del rechazo al acuerdo de paz original y de que la nueva versión ignoró demandas muy razonables de los opositores. Curiosamente el galardón, salvo pocas excepciones, es concedido mañosamente por el gobierno de Noruega. En el caso del presidente colombiano es de anotar que el gobierno noruego fue también miembro del grupo negociador del acuerdo de paz original.
Además, por otro lado, se hacen pomposos preparativos para una gran reunión internacional que reunirá diversos ganadores del Premio Nobel, a celebrarse en febrero de 2017, y en la cual la capital del país, Bogotá será declarada Ciudad de la Paz. El evento es organizado periódicamente por la Secretaría Permanente de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz. A las diversas ediciones de la cumbre –esta será la número 16- asisten conocidos líderes sociales, empresariales y de la vida política. En las personalidades confirmadas se incluyen ganadoras del Premio Nobel de Paz, entre ellas los ex-presidentes Jimmy Carter, de Estados Unidos; Mijaíl Gorbachov, de la ex-Unión Soviética; Óscar Arias, de Costa Rica; Lech Walesa, de Polonia, y Frederik de Klerk, de Sudáfrica.
Recorrido por el circuito Londres-Washington
Luego del inesperado revés en las urnas, el presidente Santos salió en peregrinaje por los núcleos del poder angloamericano, en un momento en que los negociadores del acuerdo de paz, iniciaban una ronda de negociaciones en la Habana para estudiar los puntos que la oposición demandaba modificar o aclarar.
El primero de noviembre, llegó a su primera escala, Inglaterra, convirtiéndose en el primer mandatario colombiano que realiza una visita de Estado. Programada para discutir asuntos políticos, comerciales y económicos, tuvo como asunto álgido, encaminar tratos para que la compañía petrolera British Petroleum (BP) explote petróleo y gas en el mar del país, frontera significativa que permitirá recuperar las reservas, que en el caso de crudo están en el nivel más bajo desde el 2010. Claro, que tratándose de una visita de Estado no podría faltar una visita a la Reina Isabel, a quien ciertamente le debe complacer la proclividad del presidente Santos a las ideas del gobierno mundial
Dado que Santos llevaba en su portafolio el galardón del Nobel, pero no la aceptación popular del acuerdo, no pudo lucirlo, así que se tuvo que limitar a hablar de las dificultades que se presentaron para su aprobación, afirmando que la ciudadanía fue sorprendida por una campaña mentirosa, acusación que causó indignación entre las esferas políticas colombianos.
Dos semanas más tarde, el Presidente Santos visitó los EUA para someterse a un chequeo médico no previsto, pero fue aprovechado para realizar compromisos políticos, todos girando en torno del futuro del acuerdo de paz, lo que permitió que la dinastía del poder angloamericano se manifestara en bloque a favor del nuevo acuerdo que todavía se gestionaba en la Habana.
En Washington, el presidente colombiano, condecoró con la Cruz de Boyacá al vicepresidente Joe Biden, y mantuvo reuniones con varios senadores y diputados. Pero lo más significativo fue el Premio al Liderazgo para las Américas que le otorgó el Dialogo Interamericano (DI), el 17 de noviembre, entidad de la cual Santos fue en algún momento vicepresidente de la junta directiva. Como se conoce el DI se creó por iniciativa de la familia Rockefeller y de otros próceres del “establishment” anglo-americano, funciona a la manera de una mini Comisión Trilateral para el Hemisferio Occidental, y desde su fundación en 1982, ha formulado políticas públicas para los países del continente, siempre apegadas a las directrices que emanan de la cúpula del poder mundial.
Los participantes de la ceremonia en el auditorio del DI el 17 de noviembre, tuvieron la primicia de enterarse por boca del Presidente colombiano que finalmente se había llegado a la definición de un nuevo acuerdo de paz. Así firmó:
“Permítame explicarles que ha sucedido en el pasado reciente como bien saben el dos de octubre yo sometí el acuerdo firmado con las FARC, luego de seis años de negociación. A un voto, yo no estaba obligado a hacerlo, el Presidente de Colombia tiene la facultad de firmar tratados de paz tal como está previsto en la Constitución y presentárselo al Congreso pero a mí me pareció que era lo correcto someterlo a un plebiscito pero aprendí la lección, porque uno nunca sabe cuál va a ser el resultado del plebiscito”.
Y agregó:
“Logramos avanzar y cerrar un nuevo acuerdo el sábado pasado, un acuerdo mucho mejor, le introdujimos cambio sustanciales y creemos que es un acuerdo que incorpora un altísimo porcentaje de lo que nos dijeron los representantes del no y que eran las cosas que les preocupaban o a las que se oponían. “Francamente creo que en este momento tenemos un acuerdo mucho más amplio que goza de un apoyo mucho más amplio”.
Entre análisis y premiación, Santos Calderón también estuvo en la sede de la OEA. Aquí consiguió que el organismo aprobara por unanimidad una declaración en apoyo a la versión del nuevo acuerdo de paz. En tal ocasión se dio a conocer que para el próximo 1 y 2 de diciembre se realizará en Cartagena una reunión para respaldar el nuevo acuerdo de paz. Al evento asistirá el vicepresidente de los EU Joe Biden y varios líderes de América Latina.
Se le agua la fiesta
Santos puede organizar otro espectáculo en Cartagena, pero no tiene ninguna garantía interna para ser finalmente coronado, precisamente porque las principales fuerzas política colombianas – aunque el mandatario diga lo contrario a sus colegas del DI – ya se manifestaron contra los aspectos de supranacionalidad implicados en los acuerdos, especialmente en lo concerniente a la formación de la corte que juzgará los crímenes cometidos por las FARC, muchos de los cuales son de lesa humanidad. Debido a esa presión el nuevo acuerdo eliminó la presencia de fiscales extranjeros en los organismos de justicia que juzgaran los crímenes cometidos durante el conflicto armado.
No obstante, otros aspectos sensibles para la soberanía que son cruciales para el mantenimiento de la estabilidad política del país, quedaron fuera del nuevo acuerdo.
Uno de ellos fue el que concierne al carácter narco terrorista de las FARC. Por los términos del acuerdo, la conexión del narcotráfico con los delitos políticos, sólo será aceptada como crimen conexo a la rebelión, “en caso de que no haya derivado en enriquecimiento personal”. Otro ítem es la participación política de los guerrilleros que se mantuvo sin cambios y constituye la principal objeción de los opositores, quienes rechazan que insurgentes culpables de crímenes atroces puedan presentarse a cargos de elección popular antes de pagar sus penas.
Otro de los puntos polémicos del acuerdo, -también parte del programa del gobierno mundial- es la ideología del género, escasamente modificado. La agencia de noticias Zenit en un despacho del 25 de noviembre, informó que por eso en el país se ha lanzado “una campaña para eliminar esta temática de los acuerdos de paz que ha recogido en menos de 24 horas más de 21 mil firmas. Piden a las autoridades del país que los acuerdos de paz no modifiquen la Constitución en aspectos relacionados con género, la familia y los derechos de sus integrantes, derecho a la vida del no nacido, autonomía educativa de los padres en la educación de sus hijos, derechos de minorías o de grupos históricamente discriminados, libertad religiosa libertad de cultos y libertad de conciencia”.
