El telón de fondo que levantó el NO en Colombia

El pasado 2 de octubre el acuerdo de paz gestionado por cerca de cuatro años entre el presidente Juan Manuel Santos y la dirigencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fue sometido al escrutinio de la población, que, aunque por un margen pequeño, lo reprobó.

El resultado que sorprendió al mundo no quiere decir que la población colombiana rechaza la perspectiva de pacificación, después de sufrir 52 años de acciones de la guerrilla convertida en una milicia narcoterrorista. Lo que la opción por el NO y la abstención de 60% del electorado, denota es una falta de confianza generalizada de que los términos del acuerdo puedan crear las condiciones para una paz con justicia plena, que posibilite una autentica reconciliación nacional. No fue esa la actitud del gobierno y de las FARC, adelantándose al plebiscito, conmemorando lo que suponían sería la aprobación, con el espectáculo mundialista de Cartagena del 26 de septiembre, ante la presencia de varios jefes de Estado y del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

Sin la justicia que alienta la esperanza, de poco vale el peso de un mamotreto de 297 páginas para garantizar la concordia. El texto del Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial, era bien más corto, y tampoco logró establecer una paz duradera al finalizar el sangriento conflicto armado, porque ocultaba maniobras destinadas a crear estructuras de un embrionario gobierno mundial impuestas a  los estados acusados de causantes de la guerra.

Este paralelo con Versalles abre una ranura de luz para iluminar las entrañas de lo que significa la denominada “justicia transicional ad hoc”, un dispositivo legalizado de injerencia supranacional, mejor dicho, un conjunto de mecanismos de gobierno mundial contra el Estado nacional soberano. El propio acuerdo de paz fue depositado el pasado 27 de agosto por Colombia ante el gobierno de Suiza, para ampararlo bajo los convenios de Ginebra, que se refieren al fin de conflictos armados. Esto significa llanamente que el acuerdo no está amparado en las leyes supremas colombianas, sino en una corte internacional.

Efectivamente con esto se les confirió a las FARC, el estatus de fuerza beligerante legítima, algo que no consiguió en décadas, en lugar de fuerza originalmente insurreccional, posteriormente asociada al narcotráfico, después de destronar a los carteles de Cali y Medellín  como el principal abastecedor de drogas del país.

De manera que el tema más polémico es la instalación de la Jurisdicción Especial, integrada por magistrados colombianos y extranjeros, que juzgará a la dirigencia, militancia de las FARC, y otras fuerzas involucrada, ateniéndose a un marco que ablanda crímenes cometidos y por ende las penas.  De antemano, tal instancia abre el camino para la intervención de la poderosa mafia de los derechos humanos con sus activas ONG, especialistas en desestabilizar gobiernos nacionales a ejemplo de las denominadas comisiones de la verdad que terminan siempre juzgando a las propias fuerzas armadas nacionales, colocadas, en el mejor de los casos, en el mismo plano de los grupos insurreccionales.

Con el afán de aumentar su presencia internacional apelando a personalidades de alta respetabilidad moral, el presidente Juan Manuel Santos invitó al Papa Francisco, a participar en la conformación del comité de elección que se encargará de seleccionar a los magistrados del Tribunal Especial de la Paz. El Papa declinó participar, a pesar de que en su labor misionaria en pro de la paz mundial, fue un entusiasta animador de la instalación de la mesa de negociaciones en la Habana.

Para que no quede duda del cuño mundialista en los acuerdos de paz, el 3 de octubre, el día siguiente del resultado del plebiscito, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, jefe máximo de las FARC afirmó, en un comunicado de prensa, que los acuerdos siguen vigentes y que el efecto de la consulta plebiscitaria del domingo donde se impuso el ‘No’ son de carácter político y no jurídico, contrariando la decisión de la Suprema Corte colombiana del carácter vinculante del plebiscito.

Según la interpretación de Timochenko, el Acuerdo Final firmado entre el Gobierno y las FARC tiene un carácter especial que al ser depositado ante el Consejo de la Confederación Suiza, en Berna, “le confiera innegable e irrevocable efecto jurídico”. Sintiéndose investido por la jurisdicción internacional, el líder de las FARC se pronunció “llamamos al movimiento social y político a respaldar resueltamente mediante la movilización y otras formas de expresión pacífica el Acuerdo Final para la construcción de una paz estable y duradera”.

El papel de Noruega en los acuerdos de la Habana

Posiblemente  algunos se hallan sorprendido de la presteza del Comité Noruego del Premio Nobel de la Paz concediendo al presidente Juan Manuel Santos  la insípida presea, algunos días después de la victoria del NO, lo que fue una evidente jugada para apoyar al mandatario que goza de una muy baja popularidad entre sus conciudadanos.

Tanto el gobierno de Noruega como la Unión Europea (UE) ya habían demostrado  su júbilo por la firma del acuerdo. En un comunicado oficial la primera ministra Erna Solberg declaró que “este es un triunfo para todo el pueblo colombiano. Felicito a las partes”. Por su parte el ministro de Relaciones Exteriores noruego, Børge Brende, enfatizó que el acuerdo de paz suscrito por ambas partes, permitirá hacerle frente a los problemas que originaron el conflicto en un principio. “El acuerdo pretende solucionar muchos de los retos básicos que llevaron al conflicto facilitando una participación política amplia, acceso a la tierra y alternativas a la producción de coca”, apuntó.

Además de haber compartido con Cuba la condición de garante del acuerdo con las FARC-EP, Noruega esconde por debajo de un manto pacifista y ecuménico otros intereses, especialmente en la región amazónica. Noruega es el principal país que apoya jurisdicciones especiales para supuestamente defender los derechos indígenas o de pueblos originales, hecho que está potenciando conflicto étnicos en varios países del continente ibero-americano.

Y tales  jurisdicciones especiales que entran en conflicto con las instituciones nacionales, tienen en las FARC-EP un aliado fiel y entusiasta: “Movimientos sociales, ONG internacionales uníos contra el Estado soberano” podrá gritar Timochenko con su puño erguido, y agregar “defendamos el derechos internacional, vivan las soberanías relativas”. Palabras que no serán aplaudidas por las legítimas instituciones políticas y jurídicas de Colombia, pero si, ciertamente en los centros de poder oligárquicos de Europa y de los Estados Unidos.

Concesiones inexplicables

Además de la “justicia transicional” una de las principales causas del rechazo a los acuerdos, fueron las enormes concesiones políticas al movimiento guerrillero que sobrepasan los límites de una justa misericordia.

La realidad es que las FARC-EP, surgidas en el contexto de la Guerra Fría  y de las ilusiones del socialismo real, perdieron el norte ideológico desde la  caída del Muro de Berlín y la disolución del Imperio Soviético al inicio de la década de los 1990s. A partir de ahí, su supervivencia comenzó a depender cada vez más de la asociación popular-militar con el narcotráfico, semejante a la que practicó el sanguinario grupo Sendero Luminoso en Perú.

Tan lucrativo era el negocio de las FARC, que en junio de 1999, en las selvas de Caquetá, en el sur de Colombia, zona controlada por la guerrilla, se realizaron famosas negociaciones entre Richard Grasso, entonces presidente de la Bolsa de Nueva York en Wall Street y Raúl Reyes, en ese momento comandante de las FARC-EP y el hombre de confianza de su dirigente máximo, Manuel Marulanda, Tirofijo. Grasso invito a Reyes a visitar Nueva York para conocer las maravillas del centro especulativo de las finanzas mundiales. En esa ocasión  las FARC-EP negociaban una iniciativa de paz con el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), el cual  fracasaron exactamente en el punto de la no aceptación de zonas de soberanía limitada en control de la guerrilla.

Al año siguiente con el presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), se inició una campaña militar del gobierno colombiano contra las FARC. La muerte de Manuel Marulanda en 2008, simultáneamente a la baja en combate de Raúl Reyes y más tarde en 2012 de Alfonso Cano, marcó definitivamente la derrota militar de las FARC-EP. A partir de ese momento las FARC se convirtieron en grupos de delincuencia común, sobreviviendo de asaltos, secuestro y extorsiones,  crímenes todos rebautizados con nombres revolucionarios.

Restaba entonces, en un proceso de rendición, conceder sí una puerta de salida a los miles de guerrilleros que nacieron y crecieron dentro de las zonas controladas por las FARC, instándolos  a abandonar  las actividades delictivas, especialmente el narcotráfico. La propia ley colombiana tendría los recursos para hacer esa transición y fortalecer al Estado y a las instituciones nacionales.

Lo que se ignora es por qué el presidente Juan Manuel Santos, perteneciente a la “elite oligarca bogotana” propietaria del periódico más influyente del país,  El Tiempo, se dispuso a negociar un acuerdo de paz por encima de la jurisdicción colombiana, para otorgar legitimidad política y virtual  inmunidad penal al grupo armado. Y aún es más extraño que dentro de los acuerdos  se haya infiltrado disimuladamente la nefasta ideología de género, que las Naciones Unidas vienen promoviendo abiertamente, cual ley moral de las estructuras de gobernanza global.

Es evidente, por lo que hemos expuesto, que existen ambiciones de poderes supranacionales para imponer estructuras de gobierno mundial al país, asignando zonas de soberanía limitada o relativa en áreas que, no por coincidencia, son naciones ricas en recursos naturales –acciones cuyo resultado tiende a ser lo opuesto a la estabilidad que se pregona..

En este contexto es útil recordar el papel de la diplomacia de los Estados Unidos  en la promoción de los acuerdos de paz  en El Salvador al inicio de la década de los 1990s, entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMNL), más tarde convertida en la principal fuerza política del país. Ni la prosperidad, ni la estabilidad prometida, llegaron, y  la alegada entrega de armas de la guerrilla  (muchas de las cuales ni siquiera se encontraban ya en el territorio salvadoreño, sino en los denominados “buzones” que la guerrilla mantenía ocultos en otros países), aspecto fundamental del acuerdo, fue tan precaria, que en un tiempo una gran cantidad de ellas fueron  a surtir el arsenal de pandillas fuertemente armadas, como la sanguinaria franquicia Mara Salvatrucha, y otras que proliferan en la atmosfera oscura del tráfico internacional de drogas, de armas y de personas.

Por esos antecedentes causa mucha incertidumbre el prometido desarme de las FARC, que será supervisado por la ONU, con plazo de realización de 180 días, sobre todo porque se sabe que algunos frentes de las FARC, como el Primer Frente no está convencido de respetar los acuerdos y continúa operando en la región amazónica colombiana.

Repercusiones en la región

Esta realidad es tema de gran preocupación entre las fuerzas de seguridad y defensa de la región, sobre todo por el hecho de que  las FARC mantienen vínculos con el crimen organizado y grupos proto insurreccionales como el Movimiento de los Sin Tierra (MST) en Brasil, y diversos grupos indigenistas, especialmente entre los indios mapuches que mantienen actividades pro terroristas en la frontera Chileno-Argentina, ubicada en la rica región de la Patagonia y que pregonan la autonomía indígena. Significativamente el 5 de octubre, días después del plebiscito en Colombia, el Departamento de Extranjería en el aeropuerto internacional de Santiago de Chile, impidió la entrada al país de la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, considerada vocera extraoficial de las FARC que se disponía a participar de una  reunión con líderes mapuches. La ex senadora acaba de recuperar los derechos políticos que perdió en 2010.

En Brasil, tal preocupación fue explicitada por el periodista Roberto Godoy, especialista en asuntos de seguridad y defensa del periódico O Estado de São Paulo, en un Artículo publicado el pasado 25 de septiembre, titulado “Destino final de las armas preocupa a los vecinos”.

Godoy señala que “los probables cinco mil ‘operadores’ de las FARC, la tropa guerrillera aun mantenida en el campo en Colombia por el comando supremo de los insurgentes puede tener en manos hasta 7 mil fusiles y pistolas millares de granadas de mano, y una gran cantidad de municiones”

“En bodega se contabiliza un número desconocido de cohetes tipo RPG, abastecidos por China, y Law ingleses, comprados en el mercado paralelo. El inventario incluye explosivos diversos, entre los cuales el poderoso C-4H, una versión de alta concentración y alta velocidad -1,5 más potente que el TNT, generando una onda de choque que de desplaza a poco menos de 30 mil km/hora. El destino final de ese arsenal preocupa al gobierno del presidente Juan Manuel Santos y a los de los países vecinos, principalmente a Brasil.”

“En pocas semanas, habrá oferta de mano de obra combatiente joven, bien entrenada, disciplinada y es bien posible que bien armada. Carteles de la droga y facciones del crimen organizado de las grandes ciudades, además de las pandillas  de contrabandistas en las fronteras de Brasil, Colombia, Bolivia y Venezuela, harían su agosto reclutando los “soldados” dispensados, pagando bien por la mano de obra paramilitar”

“Entre los “oficiales” del contingente existe un interés particular por los “profesores”. Se trata de un equipo de elite casi todos oriundos de la clase media burguesa, voluntarios con buena formación académica y rara participación en las acciones de enfrentamiento. Su misión era la de organizar las aplicaciones de dinero de las FARC en el mercado financiero internacional y la de planear operaciones de expropiación –el nombre político del asalto a bancos y el asalto de empresas de transporte de valores.”

Ahora esperemos las repercusiones del NO en las modificaciones de los acuerdos de paz.

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