Brasil en una encrucijada

Sin haber cumplido los proverbiales primeros cien días de gobierno, la presidente de Brasil, Dilma Rousseff enfrenta en su segundo mandato una turbulencia política cuyas consecuencias son imprevisibles. Los comicios de 2014 dejaron como herencia un país atomizado, la presidente ganó la reelección pero su partido, el Partido de los Trabajadores (PT), perdió la posibilidad de ser su principal fuerza de apoyo en el Congreso Nacional al reducir su número de diputados, senadores y gobernadores electos.

Esta realidad contradictoria se interpuso en la elección de los presidentes del Senado y de la Cámara de los Deputados, ambas ganadas por el partido PMDB, que a pesar de estar formalmente en la coalición de gobierno, mantiene una distancia cada día más crítica a la presidente y al PT. Además el carisma y el liderazgo del ex presidente Lula da Silva también han caído en el océano del descrédito. Baste mencionar que el ex presidente se empeñó en elegir personalmente a los candidatos a los gobiernos de los estados de Sao Paulo y Rio de Janeiro, los cuales solo consiguieron alcanzar un tercer lugar y cuarto lugar respectivamente.

Por otra parte los escándalos de corrupción en el gigante Petrobras -cuya actividad económica le rinde al país el 10% del PIB, y que además representa un símbolo del arraigado patriotismo brasileño- sumados a la caída del precio del petróleo, el deterioro rápido de la economía interna y al impacto de la crisis mundial provocaron una devaluación drástica del real. Tal conjunto de eventos han catalizado del descontento progresivo de la población, razón por la cual las manifestaciones del 15 de marzo pasado fueron sorpresivamente multitudinarias.

La protesta de la ciudadanía en el fondo demanda ser partícipe del destino de la nación; una exigencia legitima para vislumbrar un rumbo claro por dónde Brasil debe caminar, fuera de la oscura corrupción y las manipulaciones político partidarias. Por lo que está en juego en el momento también es evidente que existen intereses internos y externos que tratan de manipular el descontento conduciéndolo hacia astucias que premien la desconstrucción del Estado brasileño y sus instituciones.

Hablando con la verdad, la crisis no se restringe solamente a la fatiga con los 12 años consecutivos de gobiernos del PT. Para entender cabalmente la dimensión de la corrupción en Petrobras, es necesario remontarse a la era de las privatizaciones de la década de los 1990s, cuando la política neoliberal del presidente Fernando Henrique Cardoso (1994-2002) enajenó grandes empresas públicas al capital extranjero y mantuvo la cruzada para desmantelar las Fuerzas Armadas y sus programas de tecnología avanzada iniciada por su antecesor Fernando Collor de Mello, quien sufrió un impedimento en 1992. En aras de la libre empresa y para atraer a los inversionistas se gestó la desreglamentaron de las licitaciones de la Petrobras. Luego el PT, ya en el gobierno, aprovechó oportunistamente esas brechas para beneficiarse con millonarios recursos ilícitos que en su ambición permitirían su perpetuación en el poder.

Aunque el gobierno de Lula da Silva (2003-2010) no prosiguió con las privatizaciones y fue responsable de revitalizar algunos programas de modernización militar, se encandiló frente a las potencialidades de los ricos yacimientos del pre-sal, revelada en 2007. Como resultado, un conjuro de intereses privados se incrustó en la Petrobras y edificó un verdadero “corrupducto”, valor de obras aumentado, sobornos de las grandes compañías constructoras a representantes de partidos políticos, etc.

Una imagen emblemática de este proceso fue el meteórico ascenso del empresario Eike Batista, que en pocos años de actividad fue indicado como el octavo hombre más rico del mundo, al comandar una serie de proyectos megalómanos, en buena parte financiados con recursos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), obtenidos gracias a su buena relación con el presidente Lula da Silva que lo admiraba por ser un símbolo del dinamismo del “nuevo Brasil”. Irónicamente, la sonora bancarrota de Batista, cuyo imperio empresarial se reveló una fraudulenta pirámide especulativa, fue el anuncio anticipado de la presente crisis.

Estas disparidades ejemplifican los 12 años de gobiernos del PT, 8 de Lula y 4 del primer gobierno de Dilma Rousseff. En este lapso de tiempo es un hecho que 30 millones de brasileños salieron de la pobreza extrema y se crearon más de 20 millones de empleos, pero en su mayoría de bajo salario. En contraste, en ese mismo lapso se perdían 4 millones de empleos bien calificados, que en pocas palabras mide un proceso de desindustrialización galopante y en consecuencia una pérdida significativa en las capacidades de ciencia y tecnología. Por otra parte, sectores radicales del propio PT unidos al aparato ambientalista-indigenista internacional combatieron los programas de infra-estructura del propio gobierno, sobre todo en energía y transportes.

Peor aún: durante ese periodo los bancos privados se embolsaron las mayores ganancias de la historia del país. Se avanzó en el consumo de la población al costo de un endeudamiento que esclaviza 45% del presupuesto nacional destinado a pagar el servicio de la deuda.

Y después de la fiesta claro que llega la cruda. En el paquete de austeridad fiscal que la presidente Dilma intenta imponer en su nuevo mandato, peligra el mantenimiento de los programas de beneficio social y algunas conquistas laborales, un presagio contra la clase media baja que puede arrastrarla a los niveles de pobreza anteriores. Esta circunstancia es una bomba de tiempo en las manos del gobierno y desde luego del PT, que ya presenta síntomas de desbandada; y desde luego el motor que movilizará toda la estructura sindical hasta ahora mayoritariamente favorable al gobierno.

Lo que ha salido a la luz con los escándalos de corrupción es claramente una imagen a todo color y en alta resolución de las entrañas de lo que se da en llamar sistema democrático, una forma sofisticada de lavar dinero sistemáticamente para ser blanqueado en los comicios electorales. La rebatinga por alcanzar posiciones políticas, salvo honrosas excepciones, se transformó en la manera de mantener las estructuras políticas partidarias, al margen de cualquier ideario. Por eso la gobernabilidad paso a ser sinónimo de corrupción.

De manera que lo que Brasil enfrenta no es simplemente la crisis política del gobierno en turno, sino una crisis política sistémica; la Presidencia podrá cambiar rutinariamente, pero el trance continuará avanzando, mientras el modelo político-institucional no cambie drásticamente y se creen nuevos mecanismos que aseguren el ejercicio del bien común y el bienestar general de la población.

Radicalización y peligrosa pérdida de realidad 

Como si lo anterior no bastase para alimentar la hecatombe política, el núcleo del gobierno, la propia presidente Dilma, el ex presidente Lula y el gabinete de más confianza del Palacio de Planalto, (sede del Ejecutivo) han manifestado una grave pérdida de la realidad, reacios para asimilar que la protesta ciudadana no se circunscribe a la reñida disputa electoral presidencial pasada. Sin ser los portadores de un proyecto de nación, lo que la elite petista no comprende es la profundidad de los sentimientos que mueven la falta de confianza en las instituciones. Por eso el gobierno ha llegado al extremo de describir como expresión de la “clase media reaccionaria” el descontento de las familias que salieron a las calles con las banderas de Brasil, especialmente en São Paulo, el pasado 15 de marzo.

Esta visión torcida fue manifestada primeramente por el ex-presidente Lula el 24 de febrero, cuando frente a las protestas y presiones políticas, amenazó en convocar a lo que llamó el “ejército de Stédile” — refiriéndose a João Pedro Stédile, un jacobino, líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) — para defender los logros sociales de los gobiernos del PT y la propia Petrobras contra nuevos intentos para privatizarla. Días después, el 5 de marzo, una “brigada femenina” de 500 militantes del MST, en la conmemoración al “día de la Mujer”, invadieron el laboratorio de la empresa Suzano Futura Gene, y destruyeron miles de cambios de eucalipto, lote que era parte de una investigación de mejoramiento genético que se estaba realizando desde hace 14 años.

En lugar de condenar esta barbarie contra importantes experimentos científicos, el gobierno no solo se omitió, sino que la propia presidente paso tácitamente a dar su aval al “pasar revista” a las “tropas del comandante Stédile” en un evento en el campamento de los Sin Tierra llamado sintomáticamente “Lanceros Negros”, en la región metropolitana de la ciudad de Porto Alegre. Ahí la presidente escuchó el discurso de Stédile, que fustigó las grandes manifestaciones, una “expresión de la “clase media reaccionaria”, afirmó, y prometió que en las calles “vamos a derrotar su plan diabólico”.

Una semana antes, el 8 de marzo en Caracas, Venezuela, Stédile, apareció arengando en un acto oficial ante la presencia del presidente Nicolás Maduro, que enfrenta una radicalización política mucho más grave que la de Brasil. Esta secuencia de eventos alimenta una idea tan falsa, como peligrosa, de la inminente “bolivarización” de Brasil, propaganda muy simplista, debido a que en su origen el movimiento bolivariano se originó dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, siendo el sustento del régimen del coronel Hugo Chávez, muy diferente de la situación brasileña, en donde las Fuerzas Armadas cumplen sus funciones constitucionales, muy lejos de simpatizar con los líderes del PT.

Más bien, esta inconsecuente radicalización, constituye una afrenta a las instituciones nacionales constituidas, a las propias Fuerzas Armadas y a la población brasileña que se oponen a los métodos violentos del MST y sus comandantes. Pensar que un ejército insurreccional de jacobinos puede dar sustento político a un gobierno con índices de popularidad cada vez peores es una vana ilusión, o una a disfuncionalidad mental de algunos líderes radicales del PT, dentro y fuera del Palacio de Planalto. Esta fragilidad redundará en mayor descontento y ya se verán los resultados en la próxima ola de manifestaciones anunciada para el 12 de abril.

“Proyecto democracia” o Proyecto Nacional 

En el contexto de inestabilidad que ronda en América del Sur y teniendo en cuenta el peso de Brasil, la desorientación política de la presidente Dilma se torna aún más peligrosa para los intereses históricos del país. De hecho, existen dos realidades que conviven y se entrelazan: por un lado, el descontento con el desgobierno y la pérdida de autoridad y, de otro, intereses que podrían aprovechar el fermento causado por las protestas a favor de una agenda exógena, que neutralizaría al país, tanto en el ámbito regional como en el contexto estratégico global.

Así es entendible que en el panorama político brasileño están en curso intentonas internas y externas que pretenden influir en el descontento reviviendo las gestiones de poder del llamado “Proyecto Democracia”, iniciativa creada en los Estados Unidos en la década de los 1980s, con el propósito de mantener un nuevo orden mundial neo liberal y global. Tal pieza fue muy activa en Brasil cooptando simpatizantes locales animados en desajustar el Estado brasileño, sus empresas públicas y las propias Fuerzas Armadas.

Hoy, como parte del esfuerzo de preservar la hegemonía global, el objetivo del poder anglo-americano seria promover la liquidación de lo que resta de los activos de las empresas públicas, especialmente la Petrobras y las áreas de explotación del pre-sal, además de desbaratar la participación de Brasil en el grupo de los BRICS, que en razón de la crisis sistémica mundial procura crear alternativas financieras y crediticias como tabla de salvación para no ser arrastrado ante el declinante sistema del dólar.

Con estos antecedentes es claro que, a pesar de los escándalos de corrupción, sería un desatino entregar Petrobras a intereses extranjeros porque continuará siendo el principal motor industrial y fuente de riqueza del país.

Claramente la llamada “Nueva Republica” surgida en la constitución de 1988 está en la unidad de terapia intensiva. Los límites de la democracia formal y el divorcio litigioso de la clase política con la población fue lo que salió a flote en las manifestaciones que comenzaron a partir de junio de 2013.

Por una ironía, con el fin del régimen militar en 1985, la restauración democrática acabó convirtiéndose en un fin en sí misma. El país fue empujado a la órbita de la globalización, sometido cada vez más a la influencia política de una constelación de ONG y fundaciones internacionales con una enorme influencia en la concepción de asuntos ambientales, indígenas y otras áreas, que han obstaculizado deliberadamente la construcción de grandes y necesarias obras de infraestructura física.

Es una encrucijada cuya resolución exige un arte renovado de gobernar, con la mira puesta en un nuevo proyecto nacional para reconstruir la autoestima y el destino de grandeza de Brasil, a ejemplo de lo que ya ocurrió en otros momentos de la historia brasileña, como la Revolución de 1930, heredera de los ideales modernizadores y anti coloniales del movimiento de los “Tenientes” de la década anterior.

Un comentario

  1. The United States wants anyway take possession of Brazil’s oil , already stole oil from Iraq and Afghanistan , using as a pretext that was fighting terrorists, now and can not invade Brazil they want to buy the entire Brazilian oil , aa only way is to take advantage of the power of the workers. Americans want to steal the Brazilian oil and the “democratic” form with false they are doing this is to overthrow the president and put the friends of the United States, which is the PSDB party .

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