Todavía no se conoce la verdadera orientación del presidente Donald Trump hacia los sectores de la economía real de los EUA. La anulación de las pocas reglas introducidas por el gobierno del presidente Barack Obama para contener las presiones especulativas y sus decisiones sobre el mundo bancario y financiero, han decepcionado a aquellos que esperaban los cambios prometidos durante la campaña electoral.
Igualmente, surgen dudas y confusiones en relación al financiamiento del vasto programa de infraestructura anunciado en la campaña que prevé inversiones por un billón de dólares. ¿Utilizará los títulos y fondos públicos destinados a proyectos específicos en beneficio de los usuarios o recurrirá en masa a asociaciones público-privadas (PPP), que conceden más privilegio a la parte privada? Esta puede parecer una cuestión secundaria, pero no es poco significativa.
Si el gobierno carga con toda la inversión, el Estado, evidentemente, esperará retorno, por medio de una mayor eficiencia de los sectores productivos, recolección fiscal, del aumento del ingreso y del consumo. Si prefiere asociaciones, los inversionistas privados se embolsarán las tarifas pagadas por los consumidores y, tal vez, hasta podrían recibir garantías públicas significativas.
En Italia, se conocen bien las diferencias, pues, desgraciadamente, en las últimas décadas, hemos tenido ejemplos como la privatización del agua, un bien público que se vuelve cada día más un servicio privado. Lo mismo acontece con la administración de las carreteras, las cuales han proporcionado un jugoso ingreso a los agentes privados, a cambio de escasas inversiones y del inadecuado mantenimiento de la red carretera.
No es nuestra intención condenar el modelo de asociaciones. Al contrario, puede ser una herramienta muy valiosa, si se utiliza correctamente y está bien controlada. Pero es necesario reconocer que no es la panacea alternativa para todas las inversiones privadas.
En los EUA, se estima que el componente privado de las inversiones en los servicios públicos produce, en base decenal, ganancias anuales promedio de entre 8 y 18%. Son sobretodos, los fondos de private equity, controlados por los bancos, los que operan en esas áreas. Muchas ciudades estadounidenses han “delegado” una serie de servicios públicos a la gestión privada.
En una situación de tasas de interés cero, los bancos y los fondos financieros se empujan para invertir en infraestructura y servicios públicos en determinados proyectos. Es por esto que el programa de Trump provoca elogios del sistema bancario.
Sin duda, la cuestión es altamente compleja y tiene repercusiones significativas.
Se sabe, por ejemplo, que las inversiones públicas en infraestructura generan aumentos en los valores de terrenos e inmuebles situados en su entorno, creando efectos inflacionarios perversos en los costos de los bienes raíces y los alquileres.
Hay que recordar que Trump es un inversionista inmobiliario que acumuló su fortuna en esa área.
Pero nadie desea que los EUA se conviertan, en el futuro, en un gigantesco fondo de inversiones inmobiliarias. Sin embargo, esperamos que el presidente nos sorprenda en forma positiva y, con sus acciones, disipe las muchas dudas que persisten sobre la naturaleza de su gobierno.

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