En Brasil los escándalos apuntan hacia el centro neurálgico de la corrupción

A pesar de la escasa publicidad otorgada a este aspecto particular, tres investigaciones judiciales en proceso comenzaron a revelar el centro neurálgico del poder real y de la alta corrupción nacional. Estamos hablando del sistema financiero que sin disciplinarlo  el país no tendría ninguna posibilidad de dar marcha atrás a la actual depresión económica y, mucho menos, retomar el rumbo perdido hacia un genuino y duradero proceso de desarrollo socioeconómico.

La primera investigación, hecha bajo riguroso sigilo por el Consejo  Administrativo de Defensa Económica (Cade), aclara la colusión de 15  bancos internacionales en la manipulación de las tasas de cambio del real, del dólar estadounidense y otras monedas, entre los años 2007 y 2013, una ramificación de un escándalo mayor, levantado por autoridades reguladoras de los EUA, Europa y Japón, a partir de 2012. Anunciado en julio, el proceso involucra pesos pesados de la banca internacional: Banco Standard de Inversiones, Banco Tokio-Mitsubishi UFJ, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan Chase, Merril Lynch, Morgan Stanley, Nomura, Royal Bank of Canadá, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered y UBS.

El acuerdo funcionaba con acuerdos entre los operadores involucrados, influenciando las cotizaciones de las monedas, con intercambios de información y maniobras en el sistema del chat de la agencia Bloomberg. Con el cinismo que caracteriza a los que se juzgan intocables del Olimpo financiero, los incriminados –pues de esto es de lo que se trata- se articulaban en dos grupos, autodenominados “La Mafia” y “El Cartel”.

Aunque la investigación todavía no haya sido terminada, el estimado sobre los valores desviados por el esquema se ubican entre 15 mil y 20 mil millones de dólares, lo que da una idea de los daños acarreados a los sectores involucrados en el comercio exterior brasileño.

La segunda, la llamada Operación Zelotes de la Policía Federal, investiga un esquema de corrupción del Consejo de Administración de Recursos Fiscales (CARF), órgano del Ministerio de Hacienda que juzga los recursos administrativos de empresas y personas físicas  multadas por retención fiscal y de seguridad social. El esquema, mediante el cual integrantes del órgano manipulaban la tramitación de procesos, para demorarlo, reducir y hasta anular las multas aplicadas, involucran valores del orden de 19 mil millones de reales, referentes a empresas de gran tamaño de varios sectores, incluyendo automotrices y bancos, como Santander, Bradesco y Safra.

A pesar de la dimensión de semejantes cifras, del mismo orden de magnitud que los desvíos y daños detectados por la más bien espectacular Operación Lava Jato (Lavado Rápido), es emblemático que las dos primeras investigaciones hayan recibido hasta ahora solamente una fracción de publicidad atribuida a esta última, con sus hipermediáticas acciones, que ya llevaron a prisión a ex-directores de Petrobras y dirigentes de algunas de las mayores empresas de ingeniería nacional. Posiblemente, tal selectividad puede atribuirse al hecho de que aquellas involucran a entidades del sacrosanto y hasta ahora intocable sistema financiero.

No obstante, la propia Lava Jato, también acabó tocando este núcleo de poder, con los recientes encarcelamientos del senador Delcidio Amaral (PT-MS), su jefe de personal, Diogo Fernandes, el abogado Edson Ribeiro y el banquero André Esteves, socio principal del Banco BTG Pactual, el octavo mayor del país.

El cuarteto fue acusado de articular la anulación de la negociación de los cargos del ex-director de Petrobras, Nestor Cerveró, y planear su fuga del país. Adicionalmente, una nota  encontrado en la casa de Fernandes apunta hacia una estrecha relación entre Esteves y el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), quien habría recibido un pago de 45 millones de reales a cambio de una enmienda a  una Medida Provisoria, para favorecer negocios involucrando bancos en liquidación extrajudicial.

Posteriormente, según el periódico O Globo del pasado 6 de diciembre, investigadores encontraron “material digital o intelectual”, de Cunha en nueve Medidas, que evidencian que la maniobra habría comenzado en 2010, abarcando negocios del orden de decenas de miles de millones de reales, con la utilización de créditos del Fondo de Compensaciones de Variaciones Salariales (FCVS) en el pago de deudas con la Unión de bancos en proceso de liquidación judicial. El BTG Pactual se habría beneficiado directamente de uno de estas Medidas, facilitando la adquisición del banco Bamerindus.

En este contexto, puede sospecharse que la decisión de Cunha de desatar un proceso de impedimento de la presidente Dilma Rousseff haya sido motivada por algo más que una mera venganza contra el PT, por haberle negado apoyo en el juicio promovido contra él en el Consejo de Ética de la Cámara. Como fiel escudero del sistema financiero, el presidente de la  Cámara puede haber recibido instrucciones de sus mentores para detonar a la presidente, después de la prisión de Esteves, hasta entonces integrante de la casta de los “intocables”.

Ya en agosto, cuando comenzaron los rumores sobre un eventual impedimento, los presidentes de los bancos, Bradesco, Luiz Carlos Travuco, y de Itaú, Roberto Setúbal, se manifestaron contrariamente a la iniciativa.

Indirectamente, el ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) puede haber reforzado tal impresión, al afirmar, en Lisboa, que el mercado financiero “prefiere que haya un impedimento, reportó el periódico O Estado de S. Paulo el pasado 3 de diciembre.

En su columna del 8 de diciembre, en Globo, el periodista José Casado da más de una evidencia en apoyo a la tesis, afirmando que el presidente del consejo de administración de la Fundación Bradesco, Lázaro Brandao de Melo, estaría “descontento” con la presidente de la República.

Además, la prisión de Delcidio puso de manifiesto el vínculo existente con los escándalos de la década de 1990, referentes a algunas privatizaciones efectuadas por el gobierno de FHC, y al bombástico  caso del banco Banestado (banco del estado de Paraná). En un discurso en la tribuna del senado, el senador Roberto Requião del PMDB, el pasado 30 de septiembre pasado, recordó que este último es el “escándalo –madre de todas las vergüenzas y fechorías recientes”, involucrando desvíos de dinero y evasión de divisas por una cantidad de 124 mil millones de dólares, con la participación de varios de los operadores identificados por la actual Lava Jato, entre ellos, el ubicuo cambista Alberto Youssef. En ese entonces, Delcidio era dirigente del partido de Fernando Henrrique Cardoso, el  PSDB y fue director de Petrobras, teniendo a Nestor  Cerveró como su subordinado directo.

Por otro lado, el poderío y la capacidad corruptora del sistema financiero se evidencian con el ultrajante contraste entre la profunda depresión que aflige a la economía y los lucros históricos del sistema bancario, reforzados por la aparente intención del Consejo de Política  Monetaria (Copom) del Banco Central, de aumentar aún más, las tasas básicas de interés, ya en niveles estratosféricos.

De hecho, no hay en el país fuente mayor de corrupción que el destino de casi 500 mil millones de reales –cerca del 48% del presupuesto federal- al servicio de la deuda pública, mientras que la economía apunta hacia una retracción, sin precedentes en la historia nacional y la sociedad se ve acosada por el desempleo, la reversión de las expectativas de progreso, epidemias de enfermedades medievales, el aumento de la violencia  y una peligrosa división política –condiciones que no tienen alguna perspectiva de reversión, si se mantiene la actual orientación de la política económica, orientada a “apaciguar” los mercados financieros. Se trata del “Sistema de Deuda”, como fue oportunamente bautizado por la ex-auditora fiscal Maria Lúcia Fattorelli, quien ha sido incansable en sus esfuerzos por divulgar la naturaleza y la dimensión de tal atraco financiero al que el país se ha sometido.

Haciendo una analogía clínica sobre el cuadro político brasileño, podemos decir que el enfermo está sin esperanzas en la UTI y sin acceso a los familiares, quienes confían en la opinión del médico y en la administración del hospital. El cuadro es de muerte cerebral, pero el escolapio, cuidando las astronómicas tarifas del hospital, sigue informando a la familia que su ser querido todavía tiene esperanzas de cura. Evidentemente, el doliente no es solamente la presidente Dilma Rousseff y su partido, sino todo el sistema político-institucional posterior a 1985. El jefe del equipo médico, Dr. Joaquim Levy, Ministro de Hacienda, pero sobre todo funcionario leal de la casa (el sistema financiero), insiste en que una terapia de ajuste fiscal radical, tarde que temprano, asegurará la salvación del enfermo, basta tener un poco de paciencia. Y la familia está representada por la gran mayoría de los brasileños  quienes deben pagar la cuenta de casi 500 mil millones de reales, a costa del sacrificio de todo orden.