Los profundos y peligrosos nexos entre el terrorismo y las finanzas internacionales se están “redescubriendo”. En la cumbre del G-20 en Antakya, Turquía, se presentó un informe especial sobre el asunto, elaborado por la Fuerza de Tarea de Acción Financiera (Financial Action Task Force –FATF). Esta, es una agencia intergubernamental de coordinación jurídica, creada en 1980, que involucra a más de 180 países, con la tarea de indicar las normas legales y operativas a aplicarse en la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.
El estudio discute el comportamiento de los gobiernos ante las relaciones entre las finanzas y el terrorismo. El revela una gran negligencia de la mayoría de los gobiernos en tomar en serio la lucha contra la promiscuidad entre determinados sectores de la finanza internacional –algunos bancos e intermediarios financieros y monetarios- y las redes terroristas, más recientemente, al-Qaeda y el Estado Islámico.
Según el informe, la mayoría de los aparatos jurídicos nacionales (cerca de dos tercios) nunca utilizó alguna sanción financiera específica contra el terrorismo, a pesar de que se solicitó en resoluciones de la Organización de las Naciones unidas (ONU). Pocos países han impuesto penalidades para el financiamiento del terrorismo. Cerca de 45% de los países integrantes de la FATF apenas considera un acto criminal el financiamiento de terroristas para finalidades no directamente relacionadas a atentados. Apenas 33 países, 17% del total de los miembros, han impuesto condenas por “financiamiento al terrorismo”.
A propósito, es un tanto sorprendente saber que, de todos los países, nada menos que Arabia Saudita detenta el record de acciones contra los crímenes de conexión entre terrorismo y finanzas. Desde 2010, 863 personas fueron condenadas en el país por semejantes crímenes. En segundo lugar, vienen los EUA, los líderes de la guerra contra el terrorismo, con cerca de 100 condenas. Los sauditas encabezan también el decomiso de bienes y cuentas bancaras vinculadas a redes terroristas, con aproximadamente 31 millones de euros.
No obstante, se trata de la misma Arabia Saudita que, junto con Qatar, ha sido cada vez más denunciada, tanto por especialistas como por la prensa internacional, como la gran financiadora y soporte del EI. Aparentemente, los sauditas usan las normas de la FATF para defenderse en casa, mientras que las violan plenamente con sus operaciones internacionales.
En este aspecto, es evidente que la intervención de la aviación rusa contra los centros terroristas en Siria y las denuncias del presidente Vladimir Putin sobre la complicidad internacional con las operaciones militares y financieras del EI abrieron la caja de Pandora hecha de complicidad y calculismo impotente. Naturalmente, semejantes denuncias han dejado muy irritados a ciertos jugadores de la geopolítica global.
En verdad, Putin no dijo nada que ya se supiera desde hace mucho tiempo en Occidente, particularmente en los EUA. Por ejemplo, en noviembre de 2014, la Comisión de Servicios Financieros del Congreso de los EUA promovió una audiencia sobre el “Financiamiento del Terrorismo y del Estado Islámico”, en la cual el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, David Cohen, y otros especialistas respondieron a numerosas preguntas de la mayoría parlamentaria y de la oposición. Se mostró, con riqueza de datos que, después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, al-Qaeda podía facturar cerca de medio millón de dólares diarios. Hoy, el EI logra ingresos por 1-2 millones diarios, con ventas de petróleo, secuestros y el apoyo de organizaciones “caricativas”, especialmente de los países del Golfo, empezando por Qatar y Arabia Saudita. De misma forma, se admitió el uso del sistema financiero global para financiar al terrorismo. Algunos congresistas se quejaron de que los bancos no están haciendo lo suficiente contra las transacciones financieras y que el Departamento de Justicia y las agencias específicas no parecían muy interesadas en imponer controles rigurosos contra semejantes prácticas. El diputado de California, Brad Sherman, llegó a apuntar el dedo hacia Qatar, “una de las principales fuentes de financiamiento (del terrorismo)”. En lo tocante al petróleo, la Comisión ya tenía informes de que 30 mil barriles diarios, transportados en por lo menos 250 camiones, pasaban por las “porosas fronteras” de Turquía y del norte de Irak, para venderse a compradores complacientes y perfectamente conscientes de que se trataba de productos de apoyo a operaciones terroristas.
¿Por qué no se hace como en la II Guerra Mundial, cuando se bombardeaban objetivos estratégicos? ¿Por qué se mantiene la electricidad en los territorios controlados por el EI, especialmente en Irak?. ¿Por qué la llamada Célula Financiera de Amenazas (Threat Financial Cell), la red de operadores e informantes de la inteligencia estadounidense que operaba en Afganistán y en Irak, fue desmontada? Esta y muchas otras preguntas similares hicieron los congresistas de los dos partidos.
El gobierno de Washington fue acusado de menospreciar la gravedad del problema, mientras continuaba hablando de “degradar” y debilitar al EI, en lugar de “derrotar” a la organización, lo que necesitaría si comenzara por sus operaciones financieras.
Igualmente, la audiencia analizó en detalle la así llamada hawala, la red informal de operadores privados involucrados en las transferencias de dinero, muy activa en los países islámicos, otra vez, empezando por los del Golfo. Lo que surge es que se sabía mucho de tales operaciones, pero nada se hizo para restringirlas.
Por eso, son obligatorias las preguntas. ¿Por qué se ha hecho tan poco? ¿Por qué se necesitó de la intervención rusa para sacudir la apatía occidental?

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