El "Affaire Snowden": la respuesta brasileña

Las revelaciones de que el espionaje internacional de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de los EUA también actuaba y, probablemente sigue actuando en Brasil, México y en otros países, exigen una respuesta a la altura de naciones soberanas que pretenden -correctamente como es el caso de Brasil- ser una de las protagonistas de los cambios mundiales en curso.

De entrada, el caso revela en toda su extensión la estructura de inteligencia de un pretendido “gobierno mundial” supranacional, que comenzó a establecerse después de la implosión de la Unión Soviética y, desde el inicio de la década pasada, pasó a usar como justificante la “guerra al terror”. Pero las revelaciones del ex-funcionarios subcontratado de la NSA, Edward Snowden, acerca de la promiscuidad de las agencias gubernamentales y empresas privadas que integran semejante aparato de inteligencia, denota un alcance mucho más amplio de lo que la supuesta represión al terrorismo -argumento que, por lo demás, es risible, en el caso de países como Brasil. De ahí, las histéricas reacciones de las autoridades estadounidenses, enfurecidas por el hecho de que el esquema ha sido expuesto de tal manera.

Con las revelaciones de Snowden acerca de la actuación de la NSA en Brasil y en América del Sur, expuestas en una serie de reportajes que el periódico brasileño O Globo viene publicando desde el pasado domingo, los brasileños tomaron conocimiento de que la agencia intercepto miles de millones de conversaciones telefónicas, e-mails y accesos a Internet, mediante entradas directas a empresas privadas de telecomunicaciones que operan en el país y las empresas norteamericanas que colaboran con la agencia -Facebook, Google, Microsoft y YouTube. Ahora, las respuestas al desafío determinarán hasta donde los tomadores de decisiones y formuladores de políticas nacionales tienen conciencia de las complejidades del escenario determinado por la estrategia hegemónica estadounidense y, principalmente, si demostrarán el coraje necesario para defender los intereses nacionales ante ella.

No solamente para el gobierno, sino para la clase política, una primera lección que se impone es la de la necesidad imperativa de que el país disponga de un servicio de inteligencia a la altura de las necesidades del turbulento escenario mundial actual. Desafortunadamente, desde el fin del régimen militar, las actividades de inteligencia pasaron a ser vistas con desprecio por la mayoría de la clase política, fomentada por los medios de comunicación de masas, siendo automáticamente vinculadas a la actuación del extinto Servicio Nacional de Informaciones (SIN) en la represión a la insurgencia armada contra el régimen. Po otra parte, el contagio de esta especie de “síndrome de la dictadura” se extendió hacia otros sectores de las actividades vitales para el Estado, incluyendo a las propias Fuerzas Armadas, sometidas a restricciones de todo tipo y, con frecuencia, el blanco de insidiosas campañas de hostigamiento exageradas y apoyadas desde el exterior, por redes insertadas en aquel aparato del “gobierno mundial”.

Ahora, atrapadas por sorpresa por el vasto alcance de la intrusión de la NSA, autoridades federales, parlamentarios, comentaristas y ciudadanos comunes se ven constreñidos a admitir la vulnerabilidad del país a la acción de los sofisticados servicios de inteligencia de las naciones hegemónicas.

A propósito, las autoridades brasileñas deben saber que estos esquemas de “gobierno mundial” son el mismo que coordina las acciones del aparato ambientalista-indigenista internacional, que, por medio de su red de ONG y de la aceptación acrítica de sus demandas, ha demostrado una enorme capacidad de injerencia en las políticas públicas internas. Siendo así, la indignación gubernamental no puede ser selectiva y restringirse solamente a los actos de espionaje, sino debe extenderse, igualmente, a las acciones de la virtual guerra irregular que viene siendo librada contra el desarrollo nacional.

La timidez del gobierno ante el caso se evidenció en la demora de la respuesta a la ultrajante prohibición impuesta por varios países europeos al sobrevuelo del avión presidencial de Evo Morales.

Mientras tanto, los reportajes del Globo, que contenían los informes de los archivos de Snowden, provistos por el periodista norteamericano Glenn Greenwald, forzaron una respuesta más exhaustiva, comenzando por la convocatoria al embajador Thomas Shannon, obligado a explicar lo inexplicable, entre otros, al ministro de Comunicaciones Paulo Bernardo y al canciller Antonio Patriota. De manera previsible, Shannon responsabilizó al periódico por el alboroto creado, por haber, según él, divulgado informaciones “incorrectas”.

Los datos revelados, que incluyen informes del sector petrolero brasileño, denotan que la clasificación estadounidense de “seguridad nacional” -justificativa para los chismorreos- es amplia y bastante para incluir informes de interés para sus empresas que actúan en el área energética y en otros sectores de actividades privadas. Aunque el periódico no haya informado detalles de los blancos de la intrusión, no es difícil establecer que, además de ciudadanos privados, empresas, organismos gubernamentales y las Fuerzas Armadas se encuentren en la lista de intereses de la NSA.

Obligado por los hechos, hasta ahora, el gobierno decidió, finalmente tomar algunas acciones elusivas:

1)Llevar el caso a dos instancias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Consejo de Derechos Humanos y la Unión Internacional de Telefonía.

2) Crear un grupo de trabajo para “realizar un estudio técnico y jurídico” del espionaje estadounidense.

En rigor, gran parte de la vulnerabilidad nacional en las telecomunicaciones se debe a la forma como se efectuó la privatización del sector, poniendo los intereses estratégicos del país en un plano inferior a los del grupo político encabezado por el entonces presidente Fernando Henrique Cardoso y de los intereses económicos que gravitaban a su alrededor. En ese entonces, no fueron pocos lo que, como el ex-presidente de la Embratel, Renato Archer, advirtieron sobre los riesgos de dejar hasta los sistemas de comunicaciones de las Fuerzas Armadas en manos privadas, pero la hegemonía prevaleciente del discurso ideológico de la “eficiencia” y de la “modernidad” no dio margen a respuestas.

Existen una serie de programas tendientes a mantener una soberanía tecnológica en el área de comunicaciones, cuya ejecución fue retrasándose, y que en las actuales circunstancias debería acelerarse. Los programas mencionados que caminan a paso muy lento son:

-El Satélite Geoestacionario de Defensa y Comunicación Estratégicas (SGDC), que deberá ser lanzado hasta mediados del 2015, por un consorcio formado por las empresas Telebras y Embraer, socias en Visiona Tecnología Espacial, creada para operar el satélite. Este, con un costo estimado en 720 millones de reales, es el primero de una serie prevista de tres y ya hay tres empresas pre-seleccionadas para el abastecimiento de sus sistemas: Mitsubishi Electric Corporation-Melco, Space Systems/loral y Thales Alenia Space (O Globo, 10 de Julio de 2013).

-El SGDC, que estará en una órbita geoestacionaria a 36 mil kilómetros de altura, será empleado para comunicaciones militares y transmisión de datos para el Programa Nacional de Banda Amplia.

Otras iniciativas, ya decididas también, involucran la construcción de dos cables submarinos de fibra óptica y la instalación de un Punto de Cambio de Tráfico (PCT) internacional, también con la asociación de Telebras con empresas privadas (esperando que, aprendiendo las lecciones del escándalo, se prefiera a las nacionales). Uno de los cables hará la conexión Fortaleza-Caribe-Europa y el otro, Uruguay-África-Europa.

Los PCT son los centros de datos que repasan los datos de Internet y, actualmente, Brasil depende de los PCTs instalados en los EUA, Europa y Japón, para acceder a los sitios cuyos proveedores estén en otros países, como el Google, Facebook y otros.

En la misma línea, el Ministerio de Comunicaciones está implementando un proyecto de gran alcance regional, una integración de redes de fibra óptica sudamericanas, formando un anillo con cerca de 10 mil kilómetros de extensión, interconectando todos los países de la región. A finales de 2011, el director del Departamento de Banda Amplia del ministerio, Artur Coimbra, habló con entusiasmo del proyecto. Según él, solamente se necesitan construir 2000 kilómetros de líneas para interconectar las redes ya existentes en cada país, a un costo inferior de 100 millones de reales. Además de abaratar el acceso a Internet en toda la región, observó, con clarividencia, que la red permitiría una gran reducción en el tráfico de datos que pasan por los EUA y hace vulnerable la internet sudamericana a un eventual atentado terrorista en aquel país (lo que él no podía adivinar es que la amenaza real era otra) (Valor Econômico, 26 de noviembre de 2011).

En junio, en la localidad de Santana do Livramento (RS), se inauguró la primera conexión del anillo, con Uruguay, en una asociación de Telebras con la Antel, la estatal de telecomunicaciones del país vecino. Según la asesoría de prensa del Ministerio de Comunicaciones, los gobiernos han avanzado en la planeación de la implantación de los demás puntos de la conexión del anillo.

La aceleración de la implantación del anillo sudamericano, cuyo costo es ínfimo ante sus potenciales enormes beneficios, sería una respuesta concreta y de las más adecuadas que la región podría dar a la intrusión de la NSA en sus comunicaciones.

Aunque ninguna de estas iniciativas pueda neutralizar totalmente las acciones de espionaje de las agencias de inteligencia sofisticadas como la NSA, pueden dificultarlas considerablemente, inclusive, aumentando los riesgos políticos de tales operaciones. Para poder ejercer plenamente la soberanía política, es necesario tener una considerable soberanía tecnológica.

Al mismo tiempo, las actitudes de los EUA y sus socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en todo el episodio, deberían servir como demostración de que, para tales potencias, su agenda hegemónica está por encima de cualquier formalidad referente al derecho Internacional o filigranas del género, como quedó hecho explícito con la agresión a Evo Morales. Por lo tanto, el gobierno brasileño haría muy bien en considerar otras iniciativas de gran alcance estratégico e impacto político, para también dejar claro que el país no acepta un papel de subalterno o de sumisión en el escenario internacional. Una de ellas sería la cancelación inmediata de la licitación internacional de los aviones cazas de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), el llamado Programa FX-2, cuyos concursantes son de origen norteamericanos (Boeing F/A-18), francés (Dassault Rafale) y sueco (Saab Gripen), siendo que este último usa motores y equipos electrónicos fabricados en los EUA. A pesar de que, ciertamente, esto acarrearía cierta contrariedad a la FAB, es más que la hora de que los brasileños, civiles y militares, entiendan que no es posible dejar de lado la dimensión política de los programas de equipamiento de las Fuerzas Armadas, en especial, de las aeronaves de alto desempeño.

De la misma manera, cualquier programa de cooperación de defensa con tales países, que no se encuentre en proceso, podría ser “congelado”, a la espera de un momento internacional más favorable.

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