Cuenca del Amazonas: déficit de soberanía y de proyecto nacional

MSIa Informa, 23 de agosto de 2019.-La suspensión de las transferencias financieros destinadas a la protección ambiental de la cuenca del Amazonas, anunciada por los gobiernos de Alemania y de Noruega en represalia por la actual política ambiental brasileña es un buen ejemplo del concepto de déficit de soberanía utilizado por el general Eduardo Villas Boas, ex comandante del Ejército, para calificar la limitación de la autoridad de Brasil respecto a cuestiones estratégicas para el desarrollo de la región.

Lo cierto es que desde el inicio de la ofensiva del aparato ambientalista-indigenista del “gobierno mundial” que convirtió al país en “el villano ambiental número uno” del planeta a mediados de los años ochentas del siglo pasado, los sucesivos gobiernos no sólo se sometieron pasivamente a tal plan intervencionistas y contra el progreso, sino que comenzaron a dirigir su política ambiental e indigenista de acuerdo con directrices dictadas desde el exterior, promovidas por un ejército irregular de organizaciones no gubernamentales, a las que se les destinaron varias funciones que corresponderían al Estado brasileño.

Para empeorar el cuadro, los órganos gubernamentales encargados de hacer cumplir la política ambiental se hicieron dependientes de los recursos extranjeros, a causa de las crecientes restricciones presupuestales impuestas por la prioridad que se le da al pago de la deuda pública por los gobiernos de los últimos años. El Instituto brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) fue el mayor destinatario de los recursos del Fondo Amazonia, ahora interrumpido por Noruega, lo que pone en jaque las operaciones de fiscalización del órgano. El instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) recibía también una parte considerable para llevar a cabo la vigilancia de la deforestación, cuyos índices se han vuelto motivo de justificados cuestionamientos, por la forma incompleta y alarmista como se han divulgado.

Mientras tanto, un programa de vigilancia más sofisticado como el TerraClass, que indica las categorías de zonas deforestadas y de zonas de regeneración de vegetación -excluidas de los índices de deforestación- se encuentra paralizado por el INPE desde 2014, por una supuesta falta de recursos. De 2008 a 2012, curiosamente, el sistema indicó que la zona total de vegetación regenerada en la cuenca del Amazonas legal superó dos veces y media la superficie deforestada (información de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria, Embrapa, 23/12/2014). No es coincidencia que el “tercer sector” (eufemismo para referirse a las organizaciones no gubernamentales) es la categoría que recibió más recursos del fondo, desde el inicio de su funcionamiento, en2008. Las distorsiones generadas por la actividad de ciertas organizaciones no gubernamentales en ese programa salieron a la luz con la auditoría realizada por el Ministerio del Medio Ambiente, por determinación del ministro Ricardo Salles. De un lado, la mayor parte de los recursos del fondo en los proyectos y programas puestos en marcha por ellas se destinaba al pago de salarios, con casos de hasta 45 mil reales mensuales, en contraste con los 990 anuales destinados a las familias participantes del programa Bolsa Floresta (“para mantener el bosque en pie”) creado por el estado de Amazonas y administrado por la organización no gubernamental Fundación Amazonia Sustentable.

Un ejemplo de esa orientación externa fue la declaración del entonces ex ministro del Gabinete de la Presidencia de la República en el gobierno del presidente Lula da Silva, José Dirceu, en una conferencia en la Federación de Industrias del Estado de Pará (FIEPA), en 2011, en respuesta a una queja sobre el hecho de que las sucesivas restricciones ambientales e indígenas hacían inviable la economía del estado de Roraima:

“Brasil tiene que cumplir compromisos internacionales asumidos para la protección de la naturaleza y de las minorías indígenas. Entonces. Ustedes de Roraima, pueden olvidarse de la idea de progresar con el uso de los recursos minerales, hidráulicos y de producción agrícola. Roraima tiene sólo 450 000 habitantes, si sobra tan sólo 6 por ciento de la zona, se tiene que pensar en otra forma de desarrollar el estado” (Noticias Agrícolas, 11/06/2011). Además de ver excluidas las actividades productivas como el cultivo de arroz irrigado, erradicado para la demarcación de la tierra indígenas Raposa Serra do Sol, Roraima es todavía el único estado aislado del Sistema Interconectado Nacional (SIN) de abastecimiento de electricidad, debido a la prohibición del proyecto de la línea de trasmisión Manaus-Boa Vista, por atravesar el territorio de los indígenas waimiri-atroaris, aunque a lo largo de la autopista BR-174 (que los indios cierran impunemente entre las 18 y las 6 horas).

Con la promulgación de la Constitución de 1988, ese aparato intervencionista llegó a recibir el precioso apoyo de sectores del Ministerio Público, que, atraídos a la militancia “verde-indígena” por inclinaciones ideológicas y cursos, seminarios y otros bienes generosamente financiados por organizaciones del aparato ambientalista-indigenista, acabaron por convertirse en una virtual fuerza policial del “gobierno mundial.”

Por otro lado, es innegable que el país tendrá graves dificultades para lidiar con la imagen de un virtual paria ambiental o “amenaza planetaria,” que, independientemente de corresponder a una realidad, se está cultivando en el exterior, lo que puede condicionar las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales. En este escenario, que exigirá una gran dosis de cohesión interna para enfrentarlo, es preocupante constatar que sectores económicos como el agropecuario y algunos gobernadores de estados de la cuenca del Amazonas estén pensando en establecer vínculos directos con los países involucrados en la campaña de presiones, por temor a ver perjudicados los negocios y los recursos de los programas estatales.

Mientras tanto, es necesaria una estrategia a corto plazo para enfrentar el grave problema de la campaña de “villano”, que englobe a autoridades gubernamentales, líderes políticos y empresariales, a las Fuerzas Armadas y a representantes idóneos de la academia y de la sociedad civil, en un esfuerzo de convergencia de los intereses nacionales.

Por encima de todo, será necesario poner en marcha dos requisitos fundamentales para el progreso amazónico y su compatibilidad con criterios racionales de protección ambiental, la regularización de las tierras y de las zonas ecológico-económicas, ambos debidamente identificados desde hace tiempo, pero nunca puestos en práctica con la amplitud necesaria. Otro requisito es la necesidad de una gran agregación de valor a los recursos naturales de la región, con la promoción de una activa sinergia entre instituciones de investigación (Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonía, Museo Emilio Goeldi, Embrapa, universidades y demás) y empresas privadas, para las cuales las poblaciones locales y su conocimiento tradicional pueden aportar una importante colaboración. Para ello no faltan recursos calificados, pero la movilización de estos no puede prescindir de los necesarios recursos públicos, que señalen a los sectores privados la determinación gubernamental de dar un nuevo rumbo al desarrollo de la región.

Sería la idea de una Amazonia Industrial 4.0, que podría, inclusive, funcionar como uno de los vectores de la superación del presente estancamiento económico y reiniciar el desarrollo que califique al país para alcanzar el tren de desempeño de una economía desarrollada.