¿De Ayotzinapa al Comando Norte?

Por Lorenzo Carrasco, Ángel Palacios Zea y Silvia Palacios

La ola de repudio vibrante levantada en todo el país por la violencia que martiriza a la población, violencia misma que comenzó desde la declaración de guerra desigual contra el narcotráfico, tuvo en septiembre del año pasado su cresta, eso tras la masacre de un grupo de 43 estudiantes de la localidad de Ayotzinapa, Guerrero.

El movimiento de indignación natural tiende a crecer por la inseguridad y el desgobierno que procede de vivir bajo la sombra de un Estado fallido en medio de dos países: uno, el México opulento de los inversionistas y especuladores, y el otro, el de la pobreza, desempleo y marginación. Sin embargo, para hablar con la verdad, lo que ahora despunta es la manipulación que desvía el ojo público, descargando la furia en una andanada de ataques contra las Fuerzas Armadas, en especial contra el Ejército.

Esta operación de utilización de la opinión pública a través de las redes sociales, aprovechando la espontaneidad, se incentiva por poderes políticos externos que buscan ocasionar un resultado único y predeterminado, movido por el viejo refrán: «A río revuelto, ganancia de pescadores». Tan sofisticada ingeniería social se ha ensayado en otros escenarios radicalizados como la famosa «Primavera Árabe» de diciembre de 2010, con fatales resultados, así como otras protestas globales, que tampoco han logrado detener las crueldades de la globalización financiera.

Sin ideologías de por medio, la mira aguda de aquellos poderes es meter a las Fuerzas Armadas en el mismo bulto del Estado fallido. Primero, cargando la atmósfera para desprestigiarlas y aislarlas, ya que tal y como se demuestra en encuestas de opinión de servicios especializados, las Fuerzas Armadas del país todavía permanecen como una de las instituciones más confiables para la población. Luego, se les acusa de incapaces de garantizar la seguridad interna; esa misión, hasta ahora constitucional, consecuentemente sólo se garantizaría mediante el refuerzo de pactos con agencias de seguridad externas. El paso geopolítico conclusivo es evidente: de lo que se trata es de romper la resistencia de las Fuerzas Armadas, a quedar sometidas a las ordenes del Comando Norte de los Estados Unidos, que ya está preparado para controlar todos y cada uno de los aspectos de la seguridad interna de México.

Esta jugada geopolítica es una pieza de los acuerdos del TLCAN que ha madurando tras el aniquilamiento de la capacidad económica soberana del país. La Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) firmada en el año 2005, pactada por los presidentes en turno del TLCAN, fue el primer paso en la integración del país al paraguas de seguridad de los EUA.

De hecho ya se han dado algunos pasos y hoy la seguridad del país se mueve en un sistema promiscuo que mezcla los rezagos de soberanía que representan las Fuerzas Armadas y un aparato de seguridad fuertemente vinculado a los Estados Unidos, permeado por el tráfico de armas y drogas. Este es la herencia dramática que dejó el haber asociado el país y sus intereses históricos a un sistema hegemónico en proceso de muerte.

Rápidos y furiosos contra el Ejército 

El panorama que hoy presenciamos es la consumación de lo que se conoció como «el plan Bush» para aniquilar a las Fuerzas Armadas del continente. Por el papel histórico que éstas han jugado en la construcción de las naciones del América Latina, su existencia fue considerada un obstáculo para la ejecución del denominado Nuevo Orden Mundial, decretado por el presidente George Bush (padre); ya que el novedoso arreglo implicaba imponer estructuras de gobierno mundial en el mundo post Guerra Fría, bajo la premisa de que la caída del imperio soviético significaba la subyugación de los estados soberanos al poder anglo-americano. Ese plan oficioso de Washington fue motivo de denuncias bien documentadas por parte de las Fuerzas Armadas de México y de varios otros países de América Latina en la década de los 1990s.

Muchos protestaran alegando que existe una distancia grande entre lo que fue el ideal imperialista de George Bush, quien mandó al infierno la soberanía del Estado, y las entidades de menor calibre que han pregonado tal ideal. La primera entidad visible que lo propagó fue el Diálogo Interamericano. Más tarde la estafeta la agarraron otras, la mayoría de ellas militantes aguerridas que han manufacturado una agenda de demandas supranacionales, con un contenido muy capcioso, como los derechos humanos, la ecología, las causas étnicas, etc. Pero no podemos perder de vista que en el caso del respeto a los derechos humanos -causa por cierto muy loable- su bandera se convirtió en una coartada diplomática de la geopolítica anglo-americana desde el gobierno del desequilibrado Jimmy Carter en los 1970’s

En la actualidad, una parte de los movimientos sociales, en simbiosis con una vasta red de organizaciones no gubernamentales (ONGs), enarbolan el croquis del gobierno mundial, bautizado de «soberanía limitada»; razón por la cual son patrocinadas financiera y políticamente principalmente por agencias oficiales de gobiernos de países miembros de la OCDE. Entre dichas ONGs, se encuentran las famosas Amnistía Internacional, creada por la nobleza británica; Human Rigths Watchs (HRW), a la que en 2010, el especulador, George Soros, le dio la mayor donación particular que la entidad ha recibido en su historia; así como centros de irradiación de propaganda como el Instituto Cato. En la presente ebullición de México, las mencionadas llevan la voz cantante.

Los principales medios de comunicación difunden cotidianamente con altavoces los alegatos que corren contra el ejército, algunas de estas diatribas son tan arbitrarias que rayan en la chifladura; por ejemplo, aquella versión del supuesto uso de bases militares para realizar la cremación de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, todo porque existen instalaciones castrenses que poseen hornos crematorios entre los servicios funerarios que ofrecen a sus miembros.

Pero se toma en serio. En una carta dirigida al Lic. José Murillo Karam, Procurador General de la República (PGR), posteriormente a la conferencia de prensa donde se anunció el resultado de las investigaciones gubernamentales sobre la masacre de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; la Sra. Erika Guevara Rosas, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional, planteó la inconformidad de dicho Programa. Altanera, Guevara exigió que la investigación transite otros caminos para llegar a resultados satisfactorios: (que) «se investiguen las denuncias sobre el conocimiento de la colusión entre el crimen organizado y autoridades de la Zona, en especial del Batallón 27 en Iguala. El testimonio de los estudiantes sobrevivientes de los hechos de septiembre de 2014 indica una interacción hostil y amenazante con efectivos militares durante la noche que desaparecieron sus compañeros, no es suficiente alegar la falta de pruebas sobre la participación militar, sino que, precisamente, se debe investigar dicha posibilidad para encontrar las pruebas que apoyen o descarten esta tesis».

Y aunque el gobierno no se ha pronunciado oficialmente sobre la queja de investigar a elementos del Ejército, tanto la Secretaría de Gobernación (SG) como la propia PGR, han declarado que la investigación sigue abierta.

Pero prosiguen las acciones inculpatorias que mandan las ONGs. Así, la SG aceptó que se abrirán los cuarteles del ejército para que delegaciones encabezadas por representantes, de ONGs, de organizaciones estudiantiles guerrerenses pro-terroristas, escudándose en los padres dolidos, busquen a las víctimas. Hasta ahora, ninguna visita se ha realizado.

El Ejército se ve humillado con la mera posibilidad de realizar tal incursión, pues es una realidad de larga historia que el estado de Guerrero es uno de los centros neurálgicos del narcotráfico y también de la radicalización marxistoide de estudiantes. Según reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional, en Guerrero se produce el 60% de la amapola a nivel nacional. Cifras del propio Departamento de Estado de EU, dicen que en tan sólo un año, de 2008 a 2009, la producción de la flor aumentó en 31%, al pasar de 15 000 hectáreas a 19,500, con lo cual se producirían 50 toneladas métricas de heroína. Tan sólo en la zona montañosa de Iguala, este negocio genera 36 millones de dólares anuales. De manera que el estado reúne todos los elementos para convertirlo en un verdadero polvorín, ya que a la pobreza endémica, agudizada por dos décadas de neoliberalismo, se agrega al potencial del narcoterrorismo.

Exigencias internacionales

A raíz de la masacre de los 43 estudiantes, tal parece que le ha tocado a las ONGs de los derechos humanos, presentarle al presidente Enrique Peña Nieto, -anulado en su capacidad de gobernar- parte de las exigencias internacionales cuyo fin es disparar el tiro de gracia a la soberanía agonizante. Esto para no mencionar que también se respiran en el entorno, fuertes exigencias de carácter ambientalista, cuyo significado es controlar ciertos recursos naturales, aparte del petróleo que ya fue entregado al poder mundial.

Esto fue claro en el patético papel de Peña Nieto durante la reunión que sostuvo con el presidente norteamericano Obama en enero pasado. Sin resultados concretos visibles. Lo único que revoloteó fueron las banderas de Human Rights Watch (HRW) que, mediante su oficina en Washington, pidió que en esta reunión Obama condicionara la ayuda financiera militar y financiera que a través del Plan Mérida se le otorga al gobierno mexicano, a cambio de que se castiguen a los responsables de violar los Derechos Humanos. Evidentemente de acuerdo a su modus operandi, los culpables serán nombrados por la propia entidad.

Fuera de los parámetros políticos convencionales, el presidente acéfalo Enrique Peña Nieto, que construyó su ascenso a la Presidencia comprometido en continuar y profundizar el recetario de la globalización financiera iniciado hace dos décadas, comenzó a ser muy mal tratado por la prensa financiera internacional, que hasta agosto de 2014 lo ponía como ejemplo exitoso de las famosas «reformas estructurales». The Economist, Financial Times y The Wall Street Journal, alegan al unísono la incapacidad del gobierno para lidiar con la seguridad interna.

El Financial Times empezó el bombardeo en una artículo del 23 de octubre pasado con el titular: México atrapado en el fuego cruzado: «Es el mismo México de siempre, el México viejo donde las autoridades locales son ineptas, corruptas o están en connivencia con el crimen organizado».

Siguió el periódico The Economist en editorial del 27 de noviembre: Peña Nieto «hizo lo que debería haber hecho hace tiempo: anunció una serie de medidas para hacer la impartición de la ley una prioridad…Pero al fallar en reconocer cualquier responsabilidad por la crisis, y al fallar en desafiar el sistema político entero para limpiarlo, pudo haber perdido la oportunidad de volcar la ola de la opinión pública». «Pero algo es la manera como las bases populares del país han cambiado desde la desaparición de los estudiantes. Es como si el país hubiera dibujado una siniestra conexión entre los barones de la droga que secuestraron a los estudiantes y la clase política entera, y la ven como los dos lados de la misma moneda, marcada con tres palabras: corrupción, anarquía e impunidad..»

Anteriormente, el periódico Chicago Tribune, del 19 noviembre en una editorial firmada por Rubén Martínez, profesor de la escuela Loyola Marymount University in Los Angeles, plantea que «la violenta desaparición de 43 estudiantes de una normal rural en el estado de Guerrero ha causado un terremoto político que México no ha visto en generaciones -quizá desde la revolución de 1910».

Continúa. «…Para entender su significado histórico -y su gravedad política de lo que está ocurriendo, piense en el 9/11, de Sandy Hook, o el día que JFK fue asesinado»

Por otro lado, en un artículo titulado Qué país de América latina podría convertirse en un estado fallido, publicado en el sitio RT, Galen Carpenter, vicepresidente de estudios de defensa y política del Instituto Cato, declara en la revista The National Interest, refiriéndose a México «la tendencia alentadora se ha convertido de manera alarmante en los últimos 12 meses….La policía, el ejército e incluso el sistema judicial están plagados de corrupción.»

Si bien las Fuerzas Armadas resisten legítimamente a ser una pieza auxiliar para los planes de dominio del «establishment» angloamericano, esta resistencia tampoco puede convertirlas en guardia pretoriana de un sistema político en bancarrota. Las campanas de la historia replican llamando a forjar una nueva geometría política que pudiera tomar la forma de una alianza cívico-militar capaz de responder a los Sentimiento de la Nación, que en el fondo reclama superar el estado fallido y recuperar el rumbo soberano de la república. Cualquier otro camino convertirá esta crisis en una tragedia sin paralelo histórico.

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